Activistas por los derechos de la salud insisten en que, a pesar de las mejoras, la polémica Ley Anti-Falsificación de Uganda afectará la disponibilidad de medicinas genéricas si es aprobada en su forma actual.
El proyecto mejoró en lo que tiene que ver con las funciones que otorgaba a las diferentes agencias del gobierno. En el primer borrador había confusión sobre el papel de cada una de ellas.
La primera versión del texto le daba al Buró Nacional de Estándares de Uganda el mandato de incautar y detener bienes que sospechara fuesen falsificados, una función que antes cumplía la Autoridad Nacional de Drogas (NDA).
La NDA fue creada bajo la Ley de Políticas Nacionales de Drogas, de 1993, con la misión de garantizar un apropiado uso de los fármacos y regular su calidad.
"Es importante reglamentar la venta de medicinas sabiendo el peligro que suponen las falsas para la vida de las personas. Pero mi pregunta es: ¿De quién debe ser ese mandato?", dijo la directora ejecutiva del no gubernamental Grupo de Acción para la Salud, los Derechos Humanos y el VIH/Sida, Sandra Kiapi.
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El último borrador aclaró el tema, estipulando en su cláusula 20 que cualquier tema relacionado con fármacos adulterados estaría a cargo de la NDA.
Pero la polémica continúa especialmente sobre la definición de falsificación incluida en el proyecto de ley.
"Los temores (sobre la definición) se originaron en el primer borrador, que se parecía más o menos al modelo de Kenia", dijo a IPS el comisionado para Comercio Interior del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria de Uganda, Raymond Agaba.
"El modelo keniano tenía esos problemas", añadió el funcionario, en referencia a la Ley Anti-falsificación de 2008 en ese país, cuya aplicación se encuentra suspendida por la Corte Constitucional.
La keniana es la primera de una serie de leyes sobre derechos de propiedad intelectual que están siendo debatidas en varios países de la región, e incluso a nivel de la Comunidad Africana Oriental.
Esos proyectos están diseñados para abordar el problema de la circulación de productos pirateados, pero activistas temen que bloqueen la importación de medicinas genéricas, de la que dependen muchos países africanos y en algunos casos cubren hasta 90 por ciento de la demanda.
Agaba insistió en que el segundo borrador del proyecto ugandés "tomó en consideración el tema de los genéricos, y estos ahora están permitidos, lo cual es de gran importancia". "Realizamos consultas y el nuevo borrador ha tenido en cuenta eso", aseguró.
"Hemos permitido esa flexibilidad", indicó, en referencia al acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relativos al Comercio, conocido por sus siglas en inglés Trips, según el cual los miembros de la Organización Mundial del Comercio deben conceder a los países menos avanzados derechos exclusivos sobre las patentes de las medicinas.
La oficina de la Organización Mundial de la Salud en Uganda también expresó su satisfacción con el segundo borrador del proyecto de ley.
Sin embargo, la cláusula añadida a la definición de falsificaciones en el segundo borrador fue copiada de la problemática ley keniana.
Señala que "en el caso de las medicinas, (la falsificación) incluye el deliberado etiquetado fraudulento de medicamentos con referencias a su identidad y fuente, independientemente de si esos productos tienen o no los ingredientes correctos, tengan suficientes ingredientes activos o tengan envasado adulterado".
La Red del Tercer Mundo había alertado sobre los peligros de esta definición, señalando que los términos "identidad" y "fuente" no eran explicados en el texto.
"Por tanto 'identidad' podría referirse a la marca registrada o al nombre comercial de la droga, lo que significa que un medicamento de buena calidad pero que tenga similitud con alguna marca o un nombre comercial podría ser considerado una falsificación", según Sangeeta Shashikant, asesora legal de la Red del Tercer Mundo en Ginebra
Además, "el término 'fuente' podría ser interpretado como el dueño de la patente de ese producto o la entidad química. En ambos casos, la definición se referiría a asuntos de propiedad intelectual y no a temas de salud", alertó.
Aunque Agaba insiste en que todos los involucrados han sido consultados sobre el nuevo borrador, activistas se quejan de que el proceso sigue sin ser transparente.
El Ministro de Turismo, Comercio e Industria ni siquiera compartió las versiones enmendadas del proyecto, dijo Moses Mulumba, activista por los derechos de la salud y experto en derechos de propiedad intelectual.
"No sé si se tiene en cuenta el hecho de que el proyecto de ley también tiene consecuencias para otros sectores, como la agricultura y la educación", indicó.
