Los movimientos contra la pena de muerte ganan fuerza en África del Norte, pero los regímenes autoritarios se muestran renuentes a abolir el máximo castigo.
"Gobernantes que podrían (abolir la pena de muerte) no lo harán fácilmente", dijo Nasser Amin, director del Centro Árabe para la Independencia del Sistema Judicial y de la Profesión Legal, con sede en Egipto. La pena capital está vigente en todos los países de África del Norte. Libia y Egipto la aplican como castigo para decenas de delitos, desde asesinato hasta traición. Las ejecuciones son realizadas habitualmente en la horca o por fusilamiento.
Argelia, Marruecos y Túnez adoptaron moratorias sobre las ejecuciones, aunque los tribunales continúan dictando penas capitales por varios delitos y cientos de prisioneros esperan en el pasillo de la muerte.
Las campañas abolicionistas han concentrado sus esfuerzos en convencer a los regímenes autoritarios y a los líderes religiosos de la ineficacia y las contradicciones de la pena capital.
Los activistas presionan a los gobiernos para que adopten la resolución 62/149 de la Organización de las Naciones Unidas, que llama a una moratoria de las ejecuciones como paso previo a borrar para siempre a ese castigo de los códigos penales. Argelia fue el único país de África del Norte que votó a favor de esa resolución.
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La ausencia de democracia en la región puede ser vista como un obstáculo o como una oportunidad, sostuvo Amin.
"No estamos hablando sobre democracias aquí. Para lograr cualquier cambio en esta región tenemos que convencer al jefe de Estado. Si está de acuerdo, el parlamento lo estará", afirmó.
Pero los dictadores tienen sus razones para mantener el máximo castigo. Uno de los argumentos más citados es que es necesario para frenar los crecientes índices de criminalidad.
Pero Hafez Abou Seada, presidente de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, no está de acuerdo con ese pensamiento. Para él, la pena de muerte es un ineficaz disuasivo del delito, mientras que su aplicación arriesga el derramamiento de sangre inocente.
"Por mucho tiempo usamos la pena de muerte contra los traficantes de drogas, y sin embargo las drogas siguen estando disponibles hoy, y a un precio muy bajo", dijo a IPS.
"Los legisladores intentaron enviar un fuerte mensaje con la pena de muerte, pero después de eso, ¿qué ocurrió? Nada", añadió.
Según Abu Seada, los regímenes árabes promueven la idea equivocada de que la pena de muerte está inspirada en el Islam. En Egipto, por ejemplo, el gran mufti, autoridad religiosa designada por el Estado, es consultado antes de que se lleve a cabo cada ejecución, y rara vez contradice los fallos judiciales.
Los regímenes "interpretan la shariá (ley islámica) según su conveniencia", sostuvo.
La shariá establece la pena capital para cuatro delitos: asesinato premeditado, adulterio, apostasía (negación de la fe) y bandidaje. Pero impone una serie de requisitos para su aplicación y ofrece castigos alternativos, como el exilio y la compensación.
Incluso en el caso del asesinato premeditado, el Corán provee la opción de que la familia de la víctima acepte un resarcimiento económico en vez de ejecutar al homicida.
"Los gobiernos no pueden decir realmente que la pena de muerte es tomada de la shariá", dijo el director regional de la organización Reforma Carcelaria Internacional, Taghreed Jaber.
"Hay delitos como el adulterio y la apostasía que son castigados con la muerte en la ley islámica, pero no son parte de las legislaciones nacionales, mientras que otros (como el incendio provocado) no están en la shariá, y sin embargo sí en las legislaciones nacionales", añadió.
"En Marruecos, por ejemplo, hay 365 delitos que se castigan con la muerte, mucho más de lo que establece la shariá", indicó.
Si la pena capital no es una efectiva solución y no está inspirada en el Islam, ¿por qué los líderes de África del Norte son tan renuentes a eliminarla del código penal?
"Es un efectivo instrumento para infundir temor y reprimir", explicó Amin. "Puede ser usada para intimidar o eliminar oponentes políticos".
Las legislaciones no hacen una clara distinción entre terrorismo y activismo político, lo que le da a las autoridades amplia discreción para detener y ejecutar disidentes. Los delitos capitales son habitualmente juzgados en tribunales especiales, por lo general sin derecho a apelación.
