Un programa gubernamental diseñado para detener peligrosos criminales es usado para deportar a personas que reciben multas de tránsito o cometen delitos menores, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
Las organizaciones señalaron que 79 por ciento de las personas deportadas a través del programa Comunidades Seguras (S-Comm) no son criminales o fueron detenidas por delitos leves, como violaciones de tráfico o travesuras juveniles.
De las aproximadamente 47.000 personas deportadas a través del programa, desde su entrada en vigor en octubre de 2008 hasta junio de 2010, sólo 20 por ciento fueron formalmente acusadas o condenadas por delitos graves de "nivel uno", como agresión sexual o tráfico de drogas.
Los activistas también señalaron que el programa "sirve como una pantalla de humo para el prejuicio racial, permitiéndole a los oficiales de policía detener a personas basándose en su apariencia y a no ciudadanos sabiendo que serán deportados, aun si son erróneamente arrestados o nunca son condenados".
Las críticas contra el programa proceden fundamentalmente de la Red Organizadora del Día Nacional del Trabajador (NDLON, por sus siglas en inglés), el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia para la Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo.
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Las organizaciones dijeron que documentos oficiales obtenidos gracias a la ley de Libertad de Información "revelan un patrón de deshonestidad" en la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que implementa el S-Comm.
El programa promueve la cooperación entre las autoridades migratorias nacionales y la policía del estado respectivo. Los agentes locales pueden aplicar leyes federales deteniendo a inmigrantes indocumentados que comentan delitos para luego derivarlos a la ICE.
Funcionarios de la ICE declararon su intención de expandir el S-Comm a todas las jurisdicciones del país para 2013. Actualmente funciona en 544 jurisdicciones de 27 estados. El programa administra información de huellas digitales a través de la base de datos de las autoridades migratorias.
Los activistas señalaron que la ICE "ha sido deshonesta con el público y con las agencias del orden público locales sobre la verdadera misión y el impacto del S-Comm".
"Aunque la ICE considera al S-Comm una herramienta eficiente y bien confeccionada contra inmigrantes que constituyen una importante amenaza, en los hechos funciona como un sistema de redadas", añadieron.
Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo a IPS: "El mal llamado programa Comunidades Seguras es el nuevo esquema del Departamento de Seguridad Nacional para incluir a los policías locales en la aplicación de las leyes migratorias".
Por su parte, Francis Boyle, profesor de leyes en la Universidad de Illinois, dijo a IPS: "Esto es simplemente un ejercicio de prejuicio racial contra los latinoamericanos".
Los registros obtenidos por las organizaciones no gubernamentales "revelan una peligrosa tendencia", dijo el director ejecutivo de la NDLON, Pablo Alvarado.
"Este programa crea una explosión de medidas como las (implementadas en el sudoccidental estado) de Arizona, y cuyos resultados han demostrado ser desastrosos. Gracias al S-Comm, afrontamos la potencial proliferación del prejuicio racial, de la desconfianza hacia la policía local, del temor y de la xenofobia", alertó.
Según las organizaciones, información preliminar confirma que algunas jurisdicciones, como el condado de Maricopa, en Arizona, tienen tasas anormales de deportaciones de personas sin antecedentes penales a través del S-Comm.
El promedio nacional de deportados sin antecedentes es de 26 por ciento, pero esa cifra también varía ampliamente a lo largo del país. Llega a 54 por ciento en Maricopa, cuyo sheriff, Joe Arpaio, recibe cientos de demandas por abusos a los derechos civiles y es investigado por el propio Departamento de Justicia por realizar redadas indiscriminadas contra inmigrantes.
En una medida que expertos legales califican de inusual, ese Departamento amenazó esta semana con demandar Arpaio si no cooperaba en una investigación sobre su supuesto abuso de poder y acoso a personas de origen latinoamericano.
Todo esto amenaza con exacerbar el enfrentamiento entre la administración del presidente Barack Obama y el gobernador de Arizona, Jan Brewer. Las leyes migratorias de ese estado se han convertido en un tema de contención de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre.
El Departamento de Justicia inició una nueva acción legal contra la ley B-1040 de Arizona, que permite a los agentes de inmigración detener a una persona si consideran tener razones suficientes para creer que reside en el país sin documentos.
Un juez federal concluyó que muchas secciones de la norma no podían aplicarse hasta que una corte de apelaciones se expidiera sobre su legalidad. El gobierno de Obama sostiene que las leyes federales deben ser las únicas sobre el tema.
