En su primera autoevaluación sobre derechos humanos, el gobierno de Barack Obama reafirmó su determinación a clausurar la cárcel de Guantánamo y reparar el «defectuoso sistema migratorio».
El informe también reconoció la necesidad de mejorar otras áreas clave, como la justicia racial, la igualdad de género y los derechos de homosexuales, así como acabar con la discriminación contra musulmanes e inmigrantes asiáticos y árabes.
Sin embargo, defensores de las libertades civiles sostuvieron que la autoevaluación omitía otros aspectos importantes donde Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones, como respetar los derechos de los detenidos, asegurar condiciones carcelarias dignas, combatir los abusos en los arrestos a inmigrantes y reducir las disparidades raciales en la aplicación de la pena capital.
Esos grupos también lamentaron que el informe defendiera el uso de las comisiones militares para juzgar a sospechosos de terrorismo, y alertaron que éstas suponían una importante amenaza a los derechos humanos y civiles.
El informe, redactado por el Departamento de Estado (cancillería) para ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, destaca las "grandes zancadas" que ha dado Washington para asegurar que todos los estadounidenses sean iguales ante la ley. No obstante, reconoce que queda mucho por hacer.
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El documento fue elaborado tras una serie consultas entre enero y abril a agencias federales y organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se destacan la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, el Comité Estadounidense Árabe Contra la Discriminación y Human Rights First.
Esta compilación es parte de una "revisión periódica universal" que el Consejo de Derechos Humanos exige cada cuatro años a sus miembros.
La revisión a Estados Unidos está prevista para el 5 de noviembre, cuando representantes del gobierno de Obama participarán de un "diálogo interactivo" de tres horas con los demás miembros del Consejo en Ginebra, tomando como base este informe y otros presentados por expertos de la ONU y grupos de la sociedad civil.
Posteriormente, una "troika" de países, elegidos al azar, redactará un documento con recomendaciones que serán formalmente adoptadas por el Consejo el 9 de noviembre.
La troika designada para el caso de Estados Unidos está conformada por Camerún, Francia y Japón.
Camerún es uno de los 13 países de los 47 miembros del Consejo considerados "no libres" por la organización Freedom House, que clasifica a las naciones de acuerdo con su respeto a las libertades políticas y civiles.
Los otros miembros "no libres" son Angola, Arabia Saudita, Bahrein, China, Cuba, Gabón, Jordania, Kirguistán, Libia, Mauritania, Qatar y Rusia.
Camerún también es uno de los 18 países del Consejo que integran la Organización para la Conferencia Islámica, bloque que impulsa una agenda fuertemente anti-israelí y promueve normas para prohibir la "difamación religiosa".
La presencia de países con cuestionado historial en materia de derechos humanos era una de las razones argüidas por la administración de George W. Bush (2001-2009) para rehuir del Consejo en Ginebra. Sin embargo, el presidente Obama consideró que integrar ese órgano era una prioridad.
Estados Unidos fue elegido para el Consejo en mayo de 2009.
"Algunos podrían decir que al participar (del proceso de revisión) estamos reconociendo tener cosas en común con estados que sistemáticamente abusan de los derechos humanos", indicó la administración en un comunicado divulgado el lunes. "No lo hacemos. No hay comparación entre la democracia estadounidense y los regímenes represivos".
"Para nosotros, el valor principal de este informe no es que se trate de un diagnóstico, sino más bien de una hoja de ruta para nuestro trabajo en marcha dentro de nuestro sistema democrático", añadió.
La ACLU y Human Rights First celebraron la presentación del informe el lunes, pero manifestaron sus reservas.
"Si bien celebramos el informe de la administración de Obama, así como su participación en este proceso y la disposición a mejorar en ciertas áreas, es decepcionante que ignore otros significativos problemas que emergieron en las consultas con la sociedad civil", dijo a IPS el jefe del programa de derechos humanos de ACLU, Jamil Dakwar.
"Es tiempo de que Estados Unidos vincule su discurso sobre derechos humanos con acciones y políticas internas concretas, creando una cultura de derechos humanos para promover valores de igualdad y justicia para todos", añadió.
Por su parte, Tad Stahnke, de Human Rights First, calificó la participación de Washington en el proceso de "importante paso para reconstruir el liderazgo de Estados Unidos en materia de derechos humanos".
Pero añadió que la organización estaba decepcionada porque el informe no reflejaba consideraciones más serias de las preocupaciones y recomendaciones hechas por los grupos de la sociedad civil durante las consultas.
Philip Crowley, portavoz del Departamento de Estado, respondió: "La revisión mostró un nivel de participación de la sociedad civil sin precedentes en todo el país, proveyendo una oportunidad para reflejar nuestro desempeño en derechos humanos. Esperamos que sirva de ejemplo para otros países".
