Un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que sigue de cerca la actividad de mercenarios en todo el mundo busca frenar los propagadas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de seguridad privada en zonas de conflicto.
Un borrador de la Convención Internacional sobre Regulación, Vigilancia y Supervisión de las Compañías Privadas y Militares de Seguridad, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, ya fue discutido por más de 150 académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.
El texto, que detalla medidas judiciales y legislativas para castigar a las empresas que cometan ese tipo de delitos, también fue entregado a los estados miembros del foro mundial para recabar comentarios.
Si el tratado es finalmente aprobado por la Asamblea General de la ONU, quizás el año próximo, los 192 estados miembro deberán acatarlo.
Amada Benavides, integrante del Grupo de Trabajo sobre el Uso de Mercenarios, dijo a IPS que la nueva Convención es necesaria también porque la actual definición de "mercenario" no se puede aplicar legalmente a empresas de seguridad privadas.
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En el lenguaje oficial, se considera "mercenario" a un asesino individual a sueldo, mientras que las compañías de seguridad privadas son entidades colectivas legales.
Después de tres años de negociaciones y discusiones, el Grupo de Trabajo terminó un borrador relacionado exclusivamente con las empresas de seguridad.
Benavides dijo desconocer el número exacto de agencias de la ONU que trabajan con contratistas, pero aseguró que son varias. "Hay un lobby promoviendo sus servicios", afirmó.
En los años 90 había más de 100 nuevas compañías militares privadas ofreciendo sus prestaciones a gobiernos, empresas multinacionales, agencias humanitarias y organizaciones no gubernamentales, así como a la ONU y a sus multimillonarias operaciones de paz.
Según las últimas estadísticas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, presentadas en abril, hoy hay más agentes privados controlando la seguridad en Afganistán que soldados: 107.292 contratistas civiles contra 78.000 uniformados.
Algunas de las tareas que hacen estas compañías son proteger a funcionarios y a bases militares, proveer personal para los puestos de vigilancia, entrenar a fuerzas policiales locales, asesorar sobre seguridad y estrategia militar, suministrar y mantener armas y municiones, interrogar a sospechosos y prisioneros, brindar servicios de inteligencia e incluso participar en combates, señaló Benavides.
En la base común de datos de proveedores de la ONU se encuentran varias empresas de seguridad privadas, como Sandline International, IDG Security, y Greystone, del grupo Blackwater.
"Encuentro profundamente perturbador que la ONU deba contratar a firmas de seguridad privadas. Parece ser una paulatina privatización de las funciones de seguridad de los estados y de las organizaciones internacionales", dijo a IPS Jayantha Dhanapala, ex subsecretario general de la ONU para Asuntos de Desarme.
Además, señaló que los casos de Blackwater y Sandline International "expusieron el carácter neo-mercenario y la falta de responsabilidad de estos acuerdos, especialmente en el contexto de las Convenciones de Ginebra" referidas a las reglas de la guerra, particularmente en el trato dado a los prisioneros y civiles.
"Los vínculos de las firmas de seguridad contratadas deben ser transparentes ante los estados miembro de la ONU en todo tiempo", añadió.
Mientras, se presentó una demanda contra estas empresas por parte de 250 víctimas de violaciones y amenazas de violaciones, ataques sexuales, choques eléctricos, detención aislada e intolerancia religiosa. A estas personas también se las habría encapuchado, privado de su ropa y colgado de los miembros por tiempos prolongados.
Esos abusos han prevalecido mayormente en Afganistán e Iraq, donde están desplegadas las fuerzas de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Luego de una conferencia celebrada en marzo en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami por una asociación que representa a varias empresas privadas de seguridad interesadas en la reconstrucción de Haití, 18 organizaciones no gubernamentales escribieron una carta a la secretaria de Estado (canciller), Hillary Clinton.
Los activistas señalaron que los fondos prometidos por Washington y otros miembros de la comunidad internacional a ese país caribeño deberían ser destinados efectivamente a la reconstrucción en Haití, y "no para contratistas de seguridad privados".
Entre esas organizaciones se encontraban el Centro para los Derechos Constitucionales, el American Friends Service Committee, el Foro TransAfrica, el grupo Enfoque en Política Exterior, Grassroots International y el American Jewish World Service.
Se estima que el valor de la industria de seguridad privada creció de 33.000 millones de dólares en 1990 a unos 100.000 millones en 2006.
Se espera que la cifra se incremente a más de 200.000 millones de dólares en 2001, según Benavides.
Entre las empresas que actualmente operan en zonas de guerra se destacan ArmorGroup International, Blackwater Security Consulting, Dyncorp International, EOD Technology Inc., KBR, Kulak Construction Co., Prime Projects International, PWC Logistics, Global Risks Solutions, Mitchell Jessen and Associates, el Shaw Group y Sallyport Global Services.
Algunas de estas firmas han sido acusadas de asesorar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en técnicas de tortura, y también de entrenar a las fuerzas policiales de por lo menos un país latinoamericano en esas prácticas ilegales.
La matanza de unos 17 civiles en la Plaza Nisoor de Bagdad en septiembre de 2007 fue atribuida a contratistas de seguridad que trabajaban para Estados Unidos.
