Las comisiones de la ONU y de Israel que investigarán el ataque del estado judío contra la flotilla humanitaria con destino al territorio palestino de Gaza tratarán de determinar si el abordaje realizado en aguas internacionales es legal, o no.
La comisión israelí y la que designará el Consejo de Derechos Humano de la ONU (Organización de las Naciones Unidas),con sede en Ginebra, analizarán las circunstancias confusas de la agresión del 31 de mayo que causó la muerte de nueve turcos y generó gran malestar y una condena mundial.
Abordar un barco en alta mar es un hecho inadmisible si no se tiene el consentimiento del país bajo cuyo pabellón navega la embarcación, dijo a IPS el profesor de derecho internacional de la Universidad de Ohio, John Quigley.
En este caso, la bandera era de Comoras y, al parecer, el país no fue consultado ni dio luz verde a la operación.
Las Fuerzas de Defensa Israelíes parecen reconocer que el abordaje fue ilegal bajo las normas civiles, pero sostienen que se basaron en leyes de guerra, indicó Quigley.
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Pero tampoco es legal en ese caso por el bloqueo naval que sufre Gaza desde 2007, explicó, cuando Hamás (acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica) se arrogó el control sobre el territorio palestino.
El objetivo de mantener un sitio marítimo en aguas internacionales es impedir que las embarcaciones lleguen a la costa del enemigo. Pero Israel controla gran parte de Gaza. "No hay razón para detener barcos en alta mar", sostuvo.
Además, tampoco puede implementarse un bloqueo marítimo si la población civil del territorio enemigo sufre condiciones de vida excesivas.
Los civiles palestinos sufren penurias por el sitio que impide el ingreso de bienes por tierra y por mar, añadió.
Israel designó el lunes a los tres miembros israelíes de la Comisión pública independiente, quienes trabajarán con dos observadores internacionales, el premio Nobel irlandés Lord David Trimble y el general del ejército canadiense Ken Watkin, ex asesor legal de la fuerza.
Es una virtual farsa, sostuvo el martes la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
La comisión no podrá entrevistar a los soldados que participaron en la planificación ni en la implementación de la operación, con la única excepción del jefe del Estado Mayor.
"No hay nada que indique que los resultados o las recomendaciones sean vinculantes", indicó Malcolm Smart, director de Amnistía para Medio Orienta y África septentrional.
"No parece ser independiente ni lo suficientemente transparente. Los dos observadores internacionales no tendrán acceso a información importante y, al paarecer, las conclusiones no se usaran en futuros juicios", añadió.
Además, el trabajo de la comisión no debe distraer la atención sobre el bloqueo, que debe levantarse de inmediato, subrayó.
"El cierre de las fronteras de Gaza es un castigo colectivo y una clara violación a las obligaciones legales de Israel en tanto que potencia ocupante", remarcó.
El gobierno turco, que encabezó las críticas contra Israel por el ataque a la flotilla humanitaria del 31 de mayo y criticó el mandato de la comisión israelí.
El estado judío "no tiene autoridad para ordenar una investigación sobre delitos que cometió en aguas internacionales a una comisión nacional", reza una declaración difundida el martes por la cancillería turca. "No puede ser imparcial ni transparente ni justa ni creíble", añade.
En cambio, Ankara respaldó la propuesta del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de crear una comisión internacional, integrada por un turco, un israelí y tres expertos internacionales. Pero el estado judío la rechazó.
El Consejo de Derechos Humanos adoptó a principios de este mes una resolución que pide crear "una misión internacional independiente para investigar las violaciones al derecho internacional del ataque israelí contra la flotilla humanitaria".
Pero todavía no se nombraron sus integrantes.
"El principal problema es que ni Israel ni Turquía forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", dijo a IPS el consultor y ex secretario general adjunto Kumar Chitty, y ninguno de los dos puede usarla en contra del otro, añadió.
Un estado no parte de la Convención puede recurrir a ella en tanto que estándar legal usado en el ámbito internacional.
Todos los países gozan de libertades en alta mar, explicó Chitty, como navegar y se reconoce que éstas existen más allá de la Zona Económica Exclusiva, las 200 millas náuticas desde la línea costera.
"El derecho para imponer un bloqueo marítimo no procede de la Convención, sino del derecho sobre conflictos armados", añadió.
Pero hay condiciones para su aplicación, indicó Chitty, quien también fuera asesor de la División de la ONU para Asuntos del Océano y el Derecho del Mar.
"Figura en la Carta de la ONU", en el artículo 42, añadió. Además se aplican prácticas navales aceptadas.
Un estado en guerra puede imponer un bloqueo marítimo contra un territorio enemigo por razones de seguridad en el marco del derecho de conflictos armados, entiendo por ello prohibir el pasaje de embarcaciones de, y hacia, la costa del enemigo, cualquiera sea su carga.
La Convención sobre el Derecho del Mar no prevé un bloqueo naval ni el uso de la fuerza, remarcó Chitty.
