El gobierno de Canadá realiza una investigación penal internacional sobre las acciones de autoridades sirias y estadounidenses en el caso de Maher Arar, un ciudadano canadiense víctima de una «entrega extraordinaria».
Arar fue arrestado en 2002 por las fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron a una cárcel en Siria en donde permaneció incomunicado y fue torturado por 10 meses antes de ser liberado sin acusación, se informó el lunes.
Se conoce como "entrega extraordinaria" al mecanismo empleado por Washington para capturar a "sospechosos de terrorismo" y transferirlos, sin pasar por tribunales, a terceros países en los que por lo general son torturados, según activistas.
El periódico The Toronto Star informó que "una investigación sin precedentes de la Policía Montada Real Canadiense sobre la tortura a Arar pasó a ser internacional, con la posibilidad de que se presenten cargos contra Estados Unidos y contra las autoridades sirias involucradas en el caso".
La investigación, denominada "Proyecto Prisma", fue por primera vez revelada por el diario en diciembre pasado, pero entonces se concentraba principalmente en las acciones de las autoridades canadienses en el caso Arar.
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Pero The Toronto Star confirmó que la Policía Montada ahora investigaba a Siria y a Estados Unidos por las piezas que faltan. Los investigadores exoneraron por completo a Arar de cualquier cargo, Ottawa hizo una disculpa pública y le entregó 10 millones de dólares en compensaciones.
"El equipo de la Policía Montada entrevistó a varios canadienses, pero la atención principal ha estado en las autoridades sirias, y en segundo lugar las estadounidenses", dijo al periódico el abogado de Arar, Paul Champ.
Arar confirmó su participación en la investigación de la Policía Montada el lunes, inmediatamente después de que sufriera un revés en la justicia de Estados Unidos: la Suprema Corte de ese país decidió poner fin a la revisión de los acontecimientos que lo llevaron a una cárcel siria hace ocho años.
En una declaración preparada, Arar dijo que ese fallo judicial eliminó su "última esperanza en el sistema judicial de Estados Unidos".
"Cuando se trata de asuntos de seguridad nacional, el sistema judicial ha voluntariamente abandonado su papel sagrado de garantizar que nadie esté por encima de la ley".
Ante la decisión de la Suprema Corte, el estadounidense Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) llamó al presidente Barack Obama y al Congreso legislativo a seguir el ejemplo de Ottawa pidiendo una disculpa y pagando una compensación a Arar.
Sus abogados confirmaron que el canadiense había estado cooperando estrechamente con la Policía Montada.
El periódico informó que los investigadores "lograron reunir información de los otros gobiernos en cuestión".
"Las cortes lamentablemente se han negado a reparar el terrible error cometido con Maher Arar. Los tribunales ni siquiera se cuestionaron si se hizo algo mal. Simplemente dijeron que dependía de las ramas políticas remediarlo", dijo David Cole, abogado del CCR.
"Pero su decisión sólo demuestra la responsabilidad moral de aquellos a los que fue derivado el caso el presidente Obama y el Congreso—- en hacer lo correcto y reparar los daños a Arar", añadió.
Champ informó al periódico que la cooperación de Arar con la Policía Montada había comenzado hacía casi cuatro años, e incluyó a "un par de entrevistas grabadas cada año", incluso una en 2010.
"Arar no cooperaría a este grado si no tuviera esperanzas de que podría derivar en acusaciones penales al fin del proceso", señaló Champ.
Oficiales de la Policía Montada en Ottawa se negaron el lunes a confirmar o a negar la existencia de la investigación arguyendo leyes de privacidad.
"La decisión de extender la pesquisa al extranjero lleva a la Policía Montada a un camino no habitual. Activistas por los derechos humanos indican que sólo los gobiernos de España e Italia han conducidos investigaciones penales relacionadas con terrorismo más allá de sus fronteras e involucrando a autoridades estadounidenses", escribió The Toronto Star.
"Se necesita coraje para pararse ante el gobierno de Estados Unidos, y reconozco a la Policía Montada por eso", dijo la abogada Maria LaHood, del CCR.
Por su parte, Champ dijo que, aunque es poco probable que la investigación termine con una acusación penal a funcionarios extranjeros, cualquier decisión de la Policía Montada tendrá consecuencias legales precisas.
"Las acusaciones serían seguidas de órdenes de captura, que irían a Interpol. Y si los individuos nombrados entran a cualquier país que respete esas órdenes, y son la mayoría, serán arrestados", indicó.
