«Mi hija fue torturada salvajemente, la golpearon en sus partes íntimas, le colocaron bolsas con gas en la cabeza y le aplicaron electricidad en todo el cuerpo», denunció ante la Fiscalía General venezolana Vidalina Vera, madre de una profesora universitaria.
Wilmary Brizuela, académica de la Universidad Bolivariana de la sudoriental Ciudad Bolívar, se encuentra detenida desde el 18 de junio en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como cárcel de La Pica, a unos 600 kilómetros al este de Caracas.
Según relató Vera a la prensa, agentes de la policía judicial allanaron su residencia y la arrestaron junto a otros familiares, entre amenazas, mientras otro grupo sacaba a su hija del centro de estudios donde trabaja.
La policía investiga a los familiares de Wilmer Brizuela, preso de una cárcel del sudeste y sobre el cual la justicia tiene sospechas de que es el autor intelectual del asesinato de la profesora María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado.
Esta magistrada participó en el juicio de apelación que confirmó la sentencia a 10 años de prisión por el delito de secuestro de Wilmer Brizuela, quien es señalado como uno de los líderes de presos y relacionado con bandas delictivas.
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Casos como el de narrado por Vera "siguen un patrón de tortura y violación de derechos humanos que persiste desde hace décadas en Venezuela y del cual hay responsables en muchos cuerpos policiales y varias fuerzas militares", dijo a IPS Alfredo Ruiz, de la no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
"Pudo también ocurrir en otro país de América Latina, porque lamentablemente es una práctica extendida en el hemisferio", añadió Ruiz, también representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos.
Otro caso conocido es la acción de efectivos de la brigada motorizada de la policía del occidental estado de Lara, quienes, indignados por las heridas recibidas por un compañero el 27 de abril, irrumpieron con disparos al aire en la Universidad Pedagógica de la capital regional, Barquisimeto, y arremetieron contra un grupo de estudiantes.
Nueve mujeres y hombres recibieron puñetazos y patadas y fueron golpeados con las culatas de las armas y con los cascos de los motoristas. El grupo fue detenido y llevado a la comisaría, donde fueron nuevamente agredidos y obligados a hacer ejercicios físicos durante 40 minutos, según las acusaciones.
"Es una de las denuncias que tenemos documentadas y por las que solicitamos a la Fiscalía protección para las víctimas, ya que después del daño físico encaran daños sociales y psicológicos, sobre todo el miedo y vivir bajo la presión de amenazas a sus vidas y a su familia" dijo a IPS la psicóloga Fiorella Perrone, también de la Red.
Esta institución ha registrado y atendido 473 casos de tortura y tratos crueles e inhumanos en todo el país, pero principalmente en Caracas, desde que comenzó su programa contra ese flagelo en 1995.
De ese total, 212 casos han sido reportados entre enero de 2003 y junio de este año, atribuidos a tres cuerpos militares, tres de la policía nacional, nueve de las policías regionales y 12 de las policías municipales, más algunos casos de operaciones conjuntas de uniformados.
"Las víctimas, en 97 por ciento de los casos, pertenecen a los sectores populares, y 79 por ciento son de sexo masculino entre 18 y 38 años de edad. La mayor parte son hombres, jóvenes, pobres y de tez oscura", destacó Perrone.
En 85 por ciento de los casos hubo golpes, en 43 por ciento agresiones verbales, en 40 por ciento amenazas de muerte, en 15 por ciento se cubrió la cabeza de la víctima con bolsas para producir asfixia, en 10 por ciento se aplicó electricidad sobre el cuerpo y en cuatro por ciento se trasladó a los detenidos clandestinamente a sitios desconocidos.
Pareciera un patrón extendido en América Latina, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, y de entidades no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
La no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha denunciado abusos contra detenidos, incluso contra agentes de la policía capturados por el ejército en operaciones antinarcóticos.
Estos incluyen prácticas de asfixia con bolsas plásticas en la cabeza, descargas eléctricas en los genitales, golpes, patadas, mordeduras, amenazas o simulacros de muerte.
México, acotó Ruiz, es también muestra de buenas prácticas, al obligar a médicos de hospitales y procuradores (fiscales del Ministerio Público) conocer el Manual de investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, adoptado en 1999 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional ha registrado en Colombia más de 80 casos por años de tortura en el marco de la guerra civil que involucra a las fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares de ultraderecha y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En tanto, la Coalición Colombiana contra la Tortura documentó 899 casos entre 2003 y 2008, de los cuales 502 resultaron en asesinatos seguidos de las torturas.
Según las organizaciones humanitarias, la tortura y los malos tratos a los detenidos "son práctica común" por parte de policías y otros entes gubernamentales. Amnistía ha expresado su preocupación por las prácticas en Colombia de parapoliciales "escuadrones de la muerte" que capturan, torturan y ejecutan personas, incluidos menores de edad.
"Pero en el hemisferio el mayor centro de aplicación de estos métodos, de interrogatorios con aplicación de tortura, es la base estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba", apuntó Ruiz.
La Red regional de Instituciones contra la Tortura ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el cierre de ese centro de detención y la creación de una relatoría para prevenir y sancionar la tortura en el hemisferio.
Las organizaciones no gubernamentales creen necesarias estas medidas al constatar que continúan estas prácticas a 26 años de la aprobación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Asamblea General de la ONU declaró en 1997 al 26 de junio como Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura.
En Venezuela, la efeméride es aprovechada por la Red de Apoyo y otras organizaciones no gubernamentales para solicitar a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) la aprobación de una ley para prevenir y sancionar la tortura.
"Desde 1995 estamos en esto. Hemos documentado casi medio millar de casos, decenas de ellos han llegado a la fiscalía, algunos a tribunales, pero lamentablemente al cabo de 15 años predomina la impunidad, porque no ha existido ninguna sentencia definitivamente firme contra culpable alguno" deploró Ruiz.
