La Unión Europea (UE) brinda subsidios por unos 1.000 millones de euros anuales a compañías pesqueras de sus países miembro, incluso a algunas que han realizado capturas ilegales en aguas africanas.
"El hecho de que la UE otorgue subsidios a firmas pesqueras (aun cuando operen de forma legal) en aguas de África ya es un problema porque, al hacerlo, los contribuyentes europeos están agravando las dificultades de los pobres africanos para mantener su sustento", dijo a IPS Isabella Loevin, del Comité de Pesca del Parlamento Europeo.
"Pero que los subsidios vayan a parar a barcos que violan el derecho internacional es vergonzoso e inmoral", añadió.
La organización no gubernamental Fishsubsidy.org comparó registros de 42 fallos judiciales con información de los subsidios del bloque a la pesca. El estudio se concentró en dos grandes naciones pesqueras europeas: España y Francia.
Los barcos fueron atrapados violando leyes nacionales o internacionales de pesca en el este y centro del océano Atlántico donde, según diversas organizaciones ambientales, la pesca ilegal es rampante.
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Una importante beneficiara de los subsidios europeos es la compañía española Vidal Armadores, que recibió por lo menos 2,8 millones de euros en apoyo financiero en 2004 y 2005.
En 2004, barcos de Vidal Armadores fueron interceptados con unas 24 toneladas de merluza negra o bacalao austral.
Dos años después, un tribunal estadounidense falló contra el propietario de la empresa, Antonio Vidal, a quien le suspendió su licencia por cuatro años y le impuso una multa de 400.000 dólares.
La UE también otorgó sustanciales subsidios al puerto de Sète, base de operaciones de una importante flota francesa dedicada a la captura del atún azul en el mar Mediterráneo y especialmente en aguas de Libia.
Ambientalistas alertan que esa especie se encuentra al borde de la extinción debido al exceso de pesca.
El estudio de Fishsubsidy.org reveló que 36 barcos pesqueros que rompieron la ley recibieron más de 13,5 millones de euros en subsidios de la UE entre 1994 y 2006. Cinco de los navíos en la lista recibieron más de un millón de euros cada uno.
Los propietarios de los barcos han sido sentenciados por graves violaciones, como incluir información falsa en el diario de a bordo, usar aparejos ilegales o exceder cuotas de pesca.
Loevin dijo que los europarlamentarios han cuestionado a la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, por sus políticas de pesca. "La posición de la Comisión es que los gobiernos nacionales son responsables de supervisar que las compañías que reciben subsidios no violen el derecho internacional", indicó.
Jack Thurston, co-fundador de Fishsubsidy.org, dijo a IPS que previos estudios han demostrado que gran parte de las subvenciones de la UE han contribuido directamente a la pesca excesiva. "Pero nuestro estudio es el primero que traza un vínculo entre los subsidios y la pesca ilegal", señaló.
No obstante, el trabajo ofrece sólo "un pantallazo del problema", dijo Thurston a IPS.
El activista indicó que los investigadores reunieron información de "sitios (web) de gobierno, informes de prensa y registros judiciales". "La información sobre los casos no está centralizada y nunca ha sido hecha pública", explicó.
"Los gobiernos europeos deberían publicar completas listas de sentencias por pesca ilegal para que podamos saber quién está rompiendo la ley", señaló. "Es la única forma de garantizar que el dinero público no vaya a empresas pesqueras que violan las normas que protegen nuestros preciosos recursos".
Para Loevin, no hay dudas de que el comportamiento ilegal de algunas compañías es razón suficiente para que sean excluidas de las subvenciones.
El Departamento Legal del Parlamento Europeo concluyó además que los barcos pesqueros que operan con banderas del bloque en las costas de Sahara Occidental violan leyes internacionales.
Según un acuerdo entre la UE y Marruecos, los navíos europeos están autorizados a pescar en aguas de Sahara Occidental. Pero el servicio legal del Parlamento Europeo concluyó en un reciente estudio que "la población saharaui nunca ha sido consultada ni recibió ningún beneficio de la explotación de sus propios recursos".
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera a la región de Sahara Occidental un territorio no autónomo bajo su supervisión. Es disputado por Marruecos y por el Frente Polisario, que declaró su independencia en 1976 con el nombre de República Árabe Saharauí Democrática, reconocida hasta el momento por 81 estados.
Según un estudio de la ONU de 2002, cualquier actividad económica que no vaya de acuerdo con los intereses de la población saharauí viola el derecho internacional.
En su propio análisis, los europarlamentarios instaron a la Comisión a que suspendiera o enmendara el acuerdo con Marruecos para garantizar que "los barcos con bandera europea no puedan explotar las aguas de Sahara Occidental".
"La UE tiene como centro de su política exterior el respeto al derecho internacional, pero hace la vista gorda a la situación de Sahara Occidental", dijo a IPS el europarlamentario portugués Miguel Portas.
