Policías y soldados fuertemente armados desalojaron a 20 familias palestinas para demoler sus viviendas en la localidad de Rafa, en la franja de Gaza, dejando en la calle a más de 150 personas. Pero esta vez el operativo no fue de Israel, como es habitual.
La población palestina está acostumbrada a los desalojos y las demoliciones. La diferencia esta vez fue que las fuerzas de seguridad eran de Hamás (acrónimo árabe del Movimiento de Resistencia Islámica), que gobierna Gaza. El operativo realizado el domingo incluyó a mujeres policías con los rostros velados.
La prensa que pretendió cubrir los hechos no pudo acceder al lugar, debido a que le fue vedado por la policía de Hamás.
Muchos de los expulsados el domingo ya habían perdido sus hogares y se vieron obligados a vivir en la calle cuando Israel llevó a cabo un ataque militar contra el territorio costero con el objetivo de destruir la infraestructura de Gaza, durante la operación Plomo Fundido de fines de 2008 y comienzos de 2009.
Algunas de las viviendas destruidas el domingo eran chozas provisionales construidas de manera improvisada tras el ataque israelí. Otras eran estructuras de material levantadas antes del bloqueo que Israel impuso a Gaza luego de que Hamás tomó el control del territorio en junio de 2007. El bloqueo impide el ingreso de elementos de construcción a la zona.
Las autoridades de Hamás argumentan que las viviendas fueron construidas en terrenos fiscales y sin permiso. Los residentes sostienen que un propietario local se los había vendido.
Esta es una explicación que los pobladores de Cisjordania reciben regularmente de las autoridades israelíes antes de proceder a la destrucción de las viviendas y edificaciones palestinas en esa zona.
Pero en Cisjordania es ocupada ilegalmente por Israel, mientras Hamás es el gobierno elegido democráticamente de la franja de Gaza, que es territorio palestino.
No obstante, la dureza de las acciones en las circunstancias actuales provocó la ira de los gazatíes y la condena de organizaciones de derechos humanos.
El Centro Palestino por los Derechos Humanos en Gaza expresó su "grave inquietud por estas demoliciones, que constituyen una violación del derecho de la población civil a una vivienda adecuada. Estas violaciones pueden afectar a 180 casas adicionales en Rafah en el futuro".
Entre tanto, las gestiones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) para brindar diversión y entretenimiento veraniego a los niños y niñas traumatizadas de Gaza sufrieron un revés cuando una de sus instalaciones recreativas fue incendiada por 30 hombres armados y enmascarados el lunes.
Se trata "de una de las 35 instalaciones playeras en construcción, que serán parte de los Juegos de Verano que la UNRWA realizará cada año para más de 250.000 niños refugiados en Gaza, cuyo inicio está previsto para el 12 de junio", declaró la organización.
Los hombres armados dejaron una carta con amenazas contra funcionarios de la UNRWA y su director de operaciones en Gaza, John Ging, y tres balas en el bolsillo del guardia de seguridad del lugar, a quien esposaron y golpearon con las culatas de sus rifles.
Ging condenó el incidente y dijo que la "UNRWA no será intimidada por este tipo de actos y reconstruirá rápidamente la instalación a tiempo para realizar los Juegos de Verano".
Los extremistas en Gaza manifestaron su desaprobación ante la influencia occidental de la UNRWA y sus actividades, que incluye la enseñanza a niñas de natación, gimnasia y danza.
Las autoridades de Hamás combaten el número creciente de incidentes correspondientes al extremismo islámico que atentaron contra salones de belleza, cafeterías, cibercafés, la Asociación Cristiana de Jóvenes y un transporte de la Cruz Roja.
Organizaciones vinculadas a la red extremista Al Qaeda también han atacado a las fuerzas de seguridad oficiales. Más de 20 personas murieron en un tiroteo entre el grupo Jund Ansar Allah y la policía de Hamás el año pasado en Rafah.
El diario israelí Haaretz reportó el lunes que tiene en su poder documentos, enviados por un grupo de separatistas yemenís chiitas contrarios a Al Qaeda, que "apuntan a contactos regulares y directos entre la organización de Al Qaeda en ese país y seguidores en la franja de Gaza".
"Los rebeldes chiitas exigen que el gobierno de Yemen reconozca sus derechos civiles. Tienen interés en distinguirse de Al Qaeda", señaló el diario.
Las Fuerzas Armadas israelíes han advertido acerca de los vínculos crecientes entre Al Qaeda y extremistas en Gaza, como sucede con el contrabando de armas desde la península del Sinaí, en Egipto, descubierto por las fuerzas de seguridad egipcias.
Las autoridades de Hamás han reprimido a los extremistas islámicos, pero también a los gazatíes que pretendieron realizar una marcha de protesta contra el atentado incendiario en la instalación de la UNRWA.
Esta acción contra las libertades civiles tuvo lugar mientras las autoridades de Hamás impidieron que se realizara un taller sobre derechos humanos y libertad en los territorios palestinos, con sede en un hotel de Gaza el lunes.
La Comisión Independiente Palestina de Derechos Humanos criticó la decisión.
El jurista Mustafá Ibrahim, integrante de la Comisión, dijo que la administración del hotel había recibido una llamada telefónica que prohibió la realización del taller.
"La decisión de impedir el evento es una interferencia sin precedentes en la labor de las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales no están obligadas a obtener el permiso o buscar la autorización del gobierno para realizar talleres", declaró Ibrahim.
