La ley contra los inmigrantes aprobada por el estado de Arizona se ha convertido en un regalo invaluable para los sectores que abogan por una reforma migratoria general en Estados Unidos.
La norma, que muchos consideran inconstitucional, movilizó a toda la comunidad favorable a la inmigración y disparó una enorme, visible y elocuente reacción que, según algunas encuestas, empieza a transformar en activistas a muchos que hasta ahora eran meros espectadores.
Aprovechando esa revulsión, los reformistas libran una carrera contra el tiempo para que el Congreso legislativo apruebe este año una nueva política migratoria nacional.
Pero hay variadas fuerzas políticas e ideológicas movilizadas para impedir que eso ocurra.
En este clima de descontento, un grupo de poderosos senadores del gobernante Partido Demócrata aceleró trabajos para concebir las líneas maestras de una política destinada a proteger las fronteras nacionales y resolver el desafío que constituyen unos 10 u 11 millones de inmigrantes que viven en este país sin permiso.
[related_articles]
Un borrador que resume los fundamentos de una reforma migratoria fue publicado la semana pasada, promovido por el senador demócrata Harry Reid, líder del bloque mayoritario en la cámara alta, y su adjunto, el senador Dick Durbin, a los que se sumaron sus pares Chuck Schumer, Patrick Leahy, Dianne Feinstein y Bob Menéndez.
Pero tan pronto como divulgaron la propuesta empezaron las críticas, y algunas de ellas no provienen de los sospechosos de siempre. La izquierda y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sostienen que algunos aspectos de la iniciativa "despiertan serias dudas" en materia de derechos humanos.
La ACLU se opone específicamente a la propuesta de crear un documento de identidad biométrico.
"Si esto se convierte en ley, habrá que tomar las huellas dactilares de cada trabajador de Estados Unidos, y habrá que crear una nueva burocracia federal, que costará cientos de millones de dólares, para que emita esos documentos", advirtió la organización.
Además, el proyecto retoma el muy polémico programa de Aplicación de Normas Migratorias y Aduaneras, conocido como 287(g), que emplea a las policías locales y a las oficinas de los sheriffs para hacer cumplir las normas federales de inmigración, en colaboración con el gobierno nacional.
Este mes, la Oficina del Inspector General del Departamento (ministerio) de Seguridad Interior publicó un informe sobre el programa 287(g), aseverando que carece de dirección y está mal administrado. Muchas autoridades locales también lo resisten y alegan que absorbe escasos recursos humanos en la ejecución de tareas para las cuales no están entrenados.
El borrador de reforma migratoria también especifica algunos cambios en la detención de inmigrantes, incluyendo la posibilidad de ampliar la facultad gubernamental de efectuar arrestos en ciertas circunstancias.
"El proyecto migratorio del Senado enciende muchas luces rojas por limitaciones al debido proceso y a la privacidad", dijo Laura W. Murphy, directora de la Oficina Legislativa de la ACLU en Washington.
En un año de elecciones primarias para definir candidaturas legislativas, hay cuestiones partidarias que también arrojan dudas sobre el éxito de una reforma que, hasta ahora, ha despertado una casi nula respuesta del opositor Partido Republicano.
Si bien hay varios prominentes legisladores republicanos a favor de un amplio paquete de reformas, muchos afrontan desafíos desde la derecha, lo que los mantiene en silencio.
Por ejemplo, el ex candidato presidencial y senador por Arizona, John McCain, fue por mucho tiempo uno de los principales propulsores de una reforma migratoria. Pero ya que se propone conseguir una nueva postulación senatorial, decidió apoyar la ley aprobada en su estado. El otro senador republicano de Arizona, John Kyl, también respaldó la cuestionada norma.
Ambos alegan que el estado, en el sudoccidente de este país, se vio forzado a adoptar esa ley ante el fracaso del gobierno federal en sus obligaciones de proveer seguridad a sus ciudadanos. Ya surgieron rumores de que Texas, otro estado fronterizo con México, adoptaría una legislación similar.
El senador republicano Lindsey Graham está colaborando intensamente con la Casa Blanca para lograr apoyo de su partido a una ley migratoria. Pero objeta que ésta sea tratada antes del también conflictivo asunto de las normas para combatir el cambio climático.
En la otra vereda, el jefe del bloque demócrata en el Senado, Harry Reid, prometió a la numerosa población latinoamericana de Nevada, su estado en el oeste del país, que promovería la reforma migratoria este año. Reid está enzarzado en una fiera lucha interna por su postulación contra un fuerte adversario de derecha, y las encuestas no lo están favoreciendo.
Sin embargo, la semana pasada, Reid dijo a la prensa que el proyecto sobre cambio climático será tratado probablemente antes, pues el texto ya está redactado.
Inclusive el presidente Barack Obama es cauteloso, a pesar de que considera vital que el Congreso se ocupe del tema antes de que más estados sigan el camino de Arizona.
Obama ha dicho que el Congreso quizás no tenga estómago para ingresar a otra dura batalla como la que concluyó con la reforma sanitaria y ante la perspectiva de nuevos asuntos controvertidos, como la cuestión climática y las reformas regulatorias de la industria financiera.
El mandatario admite que necesitará apoyo republicano, escaso en un año electoral.
Le legislación de Arizona permite a la policía detener a quien considere sospechoso de ser residente indocumentado. La Casa Blanca la criticó abiertamente por considerar que viola derechos humanos.
La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, dijo la semana pasada ante el Congreso que el Departamento de Justicia revisará si la norma es constitucional.
"Entiendo la frustración de los estados fronterizos", dijo Obama, y por eso el país necesita una política migratoria general, agregó.
El 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, grupos que representan una amplia comunidad de promotores de cambios migratorios realizaron decenas de manifestaciones, marchas, actos y vigilias en grandes y pequeñas ciudades de todo el país.
En Arizona, más de 25.000 personas se reunieron en un acto público convertido en vigilia con cánticos, danzas y plegarias contra la ley que calificaron de "antiestadounidense".
El mismo día, 35 activistas, incluyendo al representante Luis Gutiérrez, fueron arrestados en Washington en un acto de desobediencia civil. Se sentaron en la calle frente a la Casa Blanca luciendo camisetas con las leyendas "Arréstame a mí, no a mi familia" y "Todos somos Arizona".
Carolyn B. Lamm, presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados, dijo en un comunicado que la ley "contradice los fundamentos de nuestra Constitución relativos a la protección igualitaria y al debido proceso. Esta norma draconiana y posiblemente inconstitucional amenaza con destruir 50 años de avances de los derechos civiles. Se basa, para decirlo simplemente, en el prejuicio y el temor y su propósito es divisivo".
A medida que se aproxima el largo y caliente verano de Washington, los ejércitos de activistas, defensores, cabilderos y publicistas, a favor y en contra de la reforma, se van a mirar las caras en el National Mall, el paseo central de la capital. Ni siquiera los observadores legislativos más experimentados arriesgan un resultado.
