Noam Chomsky, el lingüista, filósofo y analista de renombre mundial, se incorporó a la lista de intelectuales judíos que el gobierno de Israel, en represalia por las críticas que recibe de ellos, impide ingresar a los territorios palestinos ocupados.
Chomsky, un enérgico defensor de los derechos palestinos, pretendió cruzar a la ocupada Cisjordania desde Jordania, el domingo, para dar un discurso en la Universidad Birzeit, próxima a Ramallah.
El intelectual estadounidense de 81 años fue detenido durante varias horas y expulsado tras ser interrogado sobre el motivo por el cuál daría el discurso solamente en los territorios palestinos y no en Israel.
"Me cuesta pensar en un caso similar, en el que se le haya negado el ingreso a una persona porque no daría un discurso en Tel Aviv. Quizá sólo en los regímenes estalinistas", dijo Chomsky al diario israelí Haaretz.
Hace varios años, Norman Finkelstein, un respetado académico y analista político estadounidense, fue interrogado varias horas en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, hasta que el servicio de seguridad israelí, Shin Bet, le vetó el ingreso.
Finkelstein cree que sus fuertes críticas a la guerra de Israel en Gaza motivaron su expulsión.
Richard Falk, profesor emérito de derecho internacional de la estadounidense Universidad de Princeton y Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos en los territorios palestinos, fue expulsado cuando trató de entrar a Israel en 2008.
"Encabezaba una misión que tenía la intención de visitar Cisjordania y Gaza para preparar un informe sobre el cumplimiento por parte de Israel de las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario", explicó Falk.
Pero al parecer el gobierno israelí y los grupos de presión pro-israelíes reservaron sus ataques más fuertes para el juez sudafricano Richard Goldstone, designado por la ONU para investigar crímenes de guerra durante el ataque de Israel a Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
El gobierno se negó a cooperar con su investigación y le impidió ingresar a Gaza desde Israel. Goldstone finalmente entró al territorio ocupado por vía de Egipto.
Goldstone fue el fiscal principal de los tribunales penales internacionales de la ONU para la ex Yugoslavia y Ruanda.
Su crítica a los crímenes de guerra israelíes en Gaza hizo que los apologistas de Israel lo acusaran de ser un "juez colgador", en referencia a varios sudafricanos negros que fueron condenados a muerte por él durante el régimen racista del apartheid que gobernó Sudáfrica hasta fines del siglo XX.
En respuesta a esas acusaciones Goldstone recibió el apoyo del ex juez de la Corte Suprema de Sudáfrica, Arthur Chaskalson, quien en su momento defendiera a las víctimas del régimen racista.
"Es una tontería absoluta decir que el juez Goldstone apoyó las políticas racistas del régimen del apartheid. Él era uno de los pocos jueces que hizo lo mejor que pudo para mitigar el rigor del apartheid", sostuvo Chaskalson.
El ex presidente sudafricano Nelson Mandela, un héroe de la lucha contra el apartheid, convocó a Goldstone para integrar el tribunal constitucional del gobierno democrático posterior al régimen racista.
Una de las principales críticas que hiciera Goldstone a la ofensiva militar israelí en Gaza se refería a la destrucción intencional y arbitraria de la infraestructura civil existente, sin objetivos militares específicos.
En su informe sobre el ataque israelí a Gaza, Goldstone concluyó que "Israel no dijo una palabra sobre la destrucción de propiedades, el arrasamiento de campos agrícolas, el bombardeo de los pozos de agua y de obras de saneamiento que causaron un derrame enorme sobre una extensa zona. No hubo intentos de justificar esos actos".
Un informe de Human Rights Watch (HRW), organización no gubernamental con sede en Nueva York, respaldó la semana pasada la investigación de Goldstone, a pesar de que Israel asegurara que sus fuerzas sólo destruyeron propiedades civiles cuando grupos armados palestinos utilizaban las edificaciones con fines violentos.
El informe de 116 páginas de HRW, "Lo perdí todo: La destrucción ilegal por Israel de propiedades en el conflicto de Gaza", documenta 12 casos en los cuales las fuerzas israelíes destruyeron edificaciones civiles, entre ellas viviendas, fábricas, granjas e invernaderos, en zonas bajo su control y sin un objetivo militar legítimo.
"Casi 16 meses después de la guerra, Israel no ha responsabilizado a las tropas que destruyeron ilegítimamente sectores de propiedades civiles en zonas bajo su control", aseguró Sarah Leah Whitson, directora de HRW en Medio Oriente.
La organización de derechos humanos documentó la destrucción total de 189 edificaciones, incluso de 11 fábricas, 8 almacenes y 170 viviendas aproximadamente cinco por ciento del total de propiedades destruidas en Gaza lo cual dejó al menos a 971 personas sin hogar.
Imágenes satelitales corroboraron las versiones de testigos que señalaban que las fuerzas israelíes destruyeron muchas estructuras luego de consolidar el control en la zona y poco antes de que Israel anunciara el cese del fuego y retirara sus fuerzas de Gaza el 18 de enero de 2009.
