Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó al gobierno que presente las supuestas pruebas que llevaron al Departamento del Tesoro en 2006 a congelar las cuentas bancarias de una organización benéfica por sospechar que estaba vinculada al terrorismo.
Además, instó al Congreso legislativo a enmendar las leyes que permiten este tipo de medidas excepcionales, heredadas de la administración de George W. Bush (2001-2009) en su "guerra contra el terrorismo", por considerarlas inconstitucionales.
Hace cuatro años, la Oficina del Departamento del Tesoro para Control de Activos Internacionales (OFAC, por sus siglas en inglés) congeló las cuentas de la organización KindHearts for Charitable Humanitarian Development Inc., con sede en el oriental estado de Ohio, sin orden judicial, notificación o audiencia previa.
La OFAC decidió tomar esta medida simplemente porque investigaba si KindHearts podía integrar su "Lista de Terroristas Globales Especialmente Señalados", que pueden ser objeto de bloqueos o confiscaciones.
El juez federal de distrito James G. Carr dictaminó el lunes que el gobierno deberá ahora revelar los motivos de sus sospechas contra KindHearts, y en el futuro necesitará una orden judicial basada en una causa probable para retener los bienes de una organización.
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El magistrado también confirmó el lunes, como había señalado en un fallo de agosto pasado, que la OFAC violó la Quinta Enmienda de la Constitución, garante del debido proceso, al no haber notificado a KindHearts los cargos en su contra ni darle oportunidad de responder.
La OFAC deberá por tanto ahora desclasificar o resumir la evidencia clasificada contra KindHearts.
La decisión del magistrado constituye un golpe mortal contra la política de congelar cuentas bancarias "sospechosas", adoptada por el gobierno de Bush luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El fallo del lunes fue el último episodio de una demanda que presentó en noviembre de 2008 la filial en Ohio de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas inglés) junto a varios otros abogados y activistas independientes.
Nunca se constató que KindHearts haya estado involucrada en acciones terroristas. Sin embargo, como resultado de la investigación de la OFAC, constituía un delito realizar negocios con la organización.
Uno de los asesores del caso, el prominente abogado constitucionalista David Cole, dijo a IPS que "el proceso de congelar las cuentas de organizaciones benéficas ha sido defectuoso desde un comienzo". "A ningún grupo humanitario le han notificado las acusaciones en su contra, y todo el proceso ha estado rodeado de secretismo".
"Con esta decisión tendremos al menos más justicia para los que están en la mira de la OFAC", añadió. "Si el debido proceso significa algo, es que el gobierno debe comunicarte las acusaciones y la evidencia antes de clausurarte y congelarte todas tus cuentas".
KindHearts fue creada en 2002 —luego de que el gobierno clausurara varias otras organizaciones benéficas— con el expreso propósito de proveer ayuda humanitaria tanto en Estados Unidos como en el exterior, en plena conformidad con las leyes.
La OFAC congeló sus cuentas a pesar de que la organización procuró implementar sus políticas y solicitó orientación.
El simple argumento de la oficina fue que el grupo humanitario estaba "bajo investigación" sobre la base de evidencia clasificada.
En octubre de 2008, un juez federal aceptó un pedido de ACLU para impedir que la OFAC incluyera a KindHearts en su lista negra sin una previa investigación judicial.
En agosto de 2009, el tribunal determinó por primera vez que el gobierno no podía congelar las cuentas bancarias de una organización sin obtener una orden judicial basada en una causa probable. También señaló que el gobierno había violado el derecho de KindHearts al debido proceso, como establece la carta magna, al no notificarle las causas del congelamiento ni darle oportunidad de defenderse.
El presidente Barack Obama reconoció en su discurso de El Cairo, poco después de asumir en enero de 2009, que las leyes estadounidenses sobre las organizaciones humanitarias "han hecho más difícil para los musulmanes cumplir con sus obligaciones religiosas".
Desde entonces, defensores de los derechos civiles han presionado al mandatario para que traduzca sus palabras en acción. Por ejemplo, el Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes se unió con otras organizaciones sin fines de lucro para enviar una carta a Obama.
En la misiva, señalaron que el gobierno estadounidense debía atender los "sistemáticos problemas" que causan las reglas impuestas a los grupos caritativos.
Además, señalaron que se las organizaciones acusadas de apoyar el terrorismo deben tener oportunidad de defenderse, y se expresaron en contra de los congelamientos indefinidos de activos bancarios.
Para los musulmanes, la beneficencia es una obligación religiosa conocida como "zakat".
