La próxima conferencia para revisar el mandato de la Corte Penal Internacional instaló el debate en Estados Unidos acerca de cómo debe ser su relación con este tribunal que juzga genocidios y crímenes de guerra y de lesa humanidad. A Washington le preocupa su jurisdicción universal.
Estados Unidos debe ser un "socio no-miembro", colaborar con las investigaciones, detener sospechosos y realizar procesamientos, sostiene la organización Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores) en un informe divulgado a principios de esta semana.
El concepto de "delito de agresión", acciones militares no provocadas de un estado a otro, en los Estatus de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), es demasiado vago y puede comprometer los intereses de Estados Unidos, señaló Vijay Padmanabhan, profesor de derecho de la Universidad de Yeshiva y uno de los autores del documento.
Estados Unidos debe contribuir de forma constructiva a la conferencia de revisión y, de ser productiva, aumentar su cooperación con el tribunal, sostuvo Padmanabhan.
La conferencia de revisión de la CPI se realizará en Kampala del 31 de este mes al 11 de junio.
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Los participantes del encuentro tratarán de mejorar las posibilidades del tribunal para procesar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, señala un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), divulgado el lunes.
"Es una oportunidad para que los miembros de la CPI dejen en claro a los delincuentes, y posibles delincuentes, que la justicia los alcanzará", señaló Richard Dicker, de la organización con sede en Nueva York.
"Un debate serio puede realmente representar un avance para las víctimas de asesinatos masivos y frenar el uso de la violación como arma de guerra", añadió Dicker, director de justicia internacional de HRW.
La conferencia se concentrará en las cuatro áreas temática sobre las cuales trabaja la CPI: paz y justicia, fortalecer los tribunales nacionales, impacto de la acción del tribunal en las comunidades afectadas y cooperación de los países.
También está previsto que se trate el tema de la ampliación de su jurisdicción para abarcar delitos vinculados al tráfico de drogas y al terrorismo.
Además se analizarán dos asuntos muy delicados: el alcance del "delito de agresión" y un controvertido artículo que permite a los miembros apartarse de los estatus en asuntos vinculados con crímenes de guerra.
El gobierno estadounidense de Bill Clinton (1993-2001) suscribió el tratado que creó la CPI el 31 de diciembre de 2000, pero su sucesor, George W. Bush (2001-2009) retiró la firma.
El actual presidente, Barack Obama, expresó su deseo de mejorar la cooperación y de respaldar a la CPI, pero por ahora no ha dado señales de que firmará el tratado.
El gobierno de Obama debe tomar ocho medidas en materia de justicia internacional, propuso HRW en un documento divulgado en marzo.
Entre ellas "desarrollar una relación constructiva con la CPI", "colaborar en investigaciones y procesamientos" y "marcar su oposición con las disposiciones que quedan de la Ley de Protección a Militares Estadounidenses".
La aprobación de la norma fue una de las respuestas más hostiles del gobierno de Bush hacia la CPI. La ley autorizó al presidente a recurrir a todos los medios necesarios para liberar a funcionarios estadounidenses detenidos por el tribunal y prohibir la participación de este país en misiones de paz, a menos que su personal tuviera inmunidad.
A diferencia de su antecesor, Obama se ha esforzado por demostrar su apoyo al mandato de la CPI.
La Casa Blanca terminó con ocho años de boicot a las reuniones de los estados parte de la CPI cuando envió un observador al encuentro de noviembre. También enviará uno a la conferencia de Kampala. Pero no llegó a anunciar que regresará a la CPI.
Ni el Consejo de Relaciones Exteriores ni HRW reclamaron en sus informes el retorno inmediato de Estados Unidos al tribunal internacional.
"Creo que es obvio que no es una opción inmediata", dijo a IPS Elis Keppler, asesora de justicia internacional de HRW.
La CPI sólo interviene cuando los tribunales nacionales no pueden llevar adelante procesos creíbles. Una mayor colaboración de éstos facilitará los juicios contra delincuentes internacionales sin ampliar la jurisdicción de la Corte, con sede en La Haya.
"La CPI es un tribunal de último recurso", señaló Dicker. "Mejorar la lucha contra la impunidad no es sólo fortalecer el tribunal, sino lograr que la justicia local funcione de acuerdo con estándares acordados" por la comunidad internacional.
Hay numerosos obstáculos que impiden que Estados Unidos se integre a la CPI, según detalló Padmanabhan en el informe del Consejo de Relaciones Exteriores, pero reconoció la importancia de que este país colabore con el tribunal y apoye su mandato.
"Por cuestiones morales y de seguridad, a Estados Unidos le interesa que sean juzgados los responsables de delitos atroces. La CPI puede ser un instrumento importante para lograr ese objetivo", escribió.
"Con la cantidad de miembros que tiene el tribunal, la realidad es que es posible que la CPI se convierta en un foro para futuros juicios del alcance internacional", añadió.
