El derechista presidente Sebastián Piñera busca asegurar la aprobación en el parlamento de Chile de su plan de financiamiento posterremoto, que incluye un alza transitoria de impuestos a las empresas, mientras la oposición ve en la tragedia la oportunidad para una reforma tributaria permanente.
"Ese va a ser el juego en las próximas semanas: una medida de corto plazo en función de la reconstrucción o una reforma más profunda. Pero quien está en mejor posición en ese argumento es el gobierno", dijo a IPS el politólogo Robert Funk, subdirector académico del Instituto de Asuntos Públicos de la estatal Universidad de Chile.
Más allá de la coyuntura, Funk considera necesario aumentar la carga tributaria del país para instaurar un "Estado moderno y desarrollado", como exige la sociedad y el reciente ingreso de Chile entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las 30 economías más desarrolladas.
Piñera, de la derechista Coalición por el Cambio, presentó el día 16 el esperado plan de financiamiento para la reconstrucción de las zonas golpeadas por un terremoto y un tsunami el 27 de febrero, que dejaron casi 500 personas muertas y miles de damnificados en las regiones de O'Higgins, El Maule y Bío-Bío, entre otras.
El proyecto de ley será enviado al bicameral Congreso legislativo la primera semana de mayo, anunció el lunes 19 la portavoz de gobierno, Ena Von Baer.
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El mandatario sorprendió al plantear un aumento de tres puntos en el llamado impuesto de primera categoría, que grava las utilidades de las empresas de casi todos los sectores, una posibilidad continuamente rechazada dentro del bloque que lo respalda.
En 2011 pasaría del actual 17 por ciento a 20 por ciento, en 2012 bajaría a 18,5 por ciento y en 2013 retornaría a su nivel original. Parte de las pequeñas y medianas empresas estarán eximidas del alza.
Asimismo, el gobierno plantea subir el impuesto específico a la minería, bajo una fórmula flexible a la que pueden acogerse voluntariamente las empresas. También pretende un incremento, esta vez permanente, en el impuesto al tabaco, de 60 al 67 por ciento.
Además, el plan incorpora una sobretasa por dos años a los bienes raíces con un valor superior a los 190.000 dólares.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, insistió en que los aumentos tributarios, que permitirán recaudar un tercio del dinero necesario para la reconstrucción, son "excepcionales", es decir, se explican únicamente por las consecuencias del sismo, y la mayoría son "transitorios".
El gobierno cifró en unos 30.000 millones de dólares los costos públicos y privados del terremoto, de los cuales 21.000 millones corresponden a pérdidas en infraestructura.
El sector público debe aportar unos 8.431 millones de dólares y el plan del gobierno es lograrlo en cuatro años.
Para recaudar ese monto, Piñera también propuso reasignaciones presupuestarias, donaciones privadas, pequeñas ventas de activos públicos "prescindibles", emisión de deuda interna y externa, y uso de parte de los ahorros del país depositados en el Fondo de Estabilización Económica y Social y otros instrumentos.
El plan también incluye algunos beneficios a las empresas, como la llamada depreciación acelerada que se aplicará en 2011 y 2012. Ella permitirá a las empresas descontar como gasto la mitad de la inversión que hagan el primer año, con lo que bajará la base para calcular el impuesto de primera categoría.
Los partidos de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, que en marzo se estrenaron en la oposición tras 20 años ininterrumpidos en el gobierno, han manifestado su voluntad de aprobar en el parlamento el paquete de medidas de Piñera.
Sin embargo, algunos de sus dirigentes plantearon que la coyuntura abre la oportunidad de discutir una reforma tributaria con alcance permanente.
Tampoco ha faltado la autocrítica porque esta iniciativa nazca de un gobierno de derecha y no de la Concertación, lo que es contradictorio con el comportamiento habitual en el mundo.
"No fuimos capaces y es lamentable que la derecha esté planteando hoy una reforma tributaria que nuestros ministros ni siquiera fueron capaces de hacer", dijo el lunes 19 Guido Girardi, senador del Partido Por la Democracia, integrante de la Concertación.
Al politólogo Funk le sorprendió la apuesta tributaria de Piñera porque con ella el mandatario desafió a su propio sector político. "En la propia derecha señalan que la actual administración parece el 'quinto gobierno de la Concertación", apuntó.
Pero por otro lado, Piñera, un empresario con una fortuna cuantificada en 2.200 millones de dólares, ha sido continuamente acusado de formar un gobierno de empresarios y gerentes, con múltiples conflictos de interés, denunciados por la oposición y algunos medios de comunicación.
Para Funk, estos extremos responden al "pragmatismo" de Piñera. "Lo que ha caracterizado a este gobierno es la poca importancia que le da a la ideología, a los partidos políticos", explicó.
El gobierno envió al parlamento una semana antes otra iniciativa legal destinada a recaudar recursos para la paliar los efectos del terremoto.
Se trata del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo a las donaciones en caso de catástrofe, criticada por parlamentarios y activistas.
El presidente de la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales, Álvaro Ramis, criticó en una columna la ausencia, por ejemplo, de la sociedad civil en el Comité Ejecutivo para la Reconstrucción, que administraría el fondo de donaciones.
