Nueve hombres, la mayoría afiliados al partido Fatah, que controla a la Autoridad Nacional Palestina, esperan su inminente ejecución en la horca o por fusilamiento en Gaza.
Las autoridades de Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica), que controla Gaza, acusaron a casi todos ellos de "traición" y de "colaborar con Israel". Otros siete palestinos fueron sentenciados a muerte en ausencia.
Los tribunales militares de Gaza, administrados por Hamás, han condenado a muerte a 16 personas desde el año pasado, ocho de éstas por traición. Una corte civil también sentenció a la pena máxima a una persona en ese periodo.
El ministro del Interior de Gaza, Fathi Hammad, anunció que en el futuro cercano se ejecutará a "agentes de Israel que hayan sido sentenciados a muerte, sin importar la posición de los grupos de derechos humanos que rechazan este tipo de condenas".
"La pena de muerte es de por sí cruel e inhumana, y las sentencias dictadas por tribunales militares de Hamás violan los parámetros de un juicio justo", sostuvo por su parte la organización Human Rights Watch (HRW), que presentó el lunes un informe sobre las inminentes ejecuciones.
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Mientras, Ghassan Khatib, portavoz de la ANP, dijo a IPS: "Todo el gobierno y el sistema judicial en Gaza es ilegal. Lamentablemente, no hay nada que podamos hacer sobre esta situación, pues no controlamos Gaza".
"No se puede confiar en el sistema legal de Hamás. Su gobierno ha demostrado ser vengativo con los miembros de Fatah", opinó por su parte Samir Awad, de la Universidad de Birzeit, cerca de la central ciudad cisjordana de Ramalah.
En Gaza y en Cisjordania, los palestinos pueden ser sentenciados a muerte por 42 delitos diferentes, a pesar de los estándares internacionales de que el castigo máximo se aplique sólo a violaciones graves.
Incluso, las autoridades de Hamás han pedido que la pena capital se administre también a ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Los tribunales en Gaza aplican el máximo castigo bajo la Ley Penal número 74, de 1936, heredada de la administración británica. En Cisjordania, los tribunales civiles de la ANP lo imponen de acuerdo con la Ley Penal número 16, de 1960, que data de la ocupación jordana de ese territorio.
Las sentencias a muerte en los tribunales militares se aplican siguiendo el Código Penal Revolucionario de la Organización para la Liberación de Palestina, de 1979.
Sin embargo, el Código sigue siendo vago en cuanto a algunas de las situaciones en las que puede ser aplicado. El artículo 165 establece el castigo máximo contra cualquier crimen que "incite al pueblo" y "dañe la reputación o el prestigio de la revolución palestina".
Por otra parte, el Consejo Legislativo Palestino no ha ratificado aún el Código, y por tanto es inconstitucional.
El Consejo permanece inactivo y políticamente dividido desde la guerra entre las dos principales fuerzas palestinas en Gaza en junio de 2007, cuando Hamás desalojó a Fatah de ese territorio costero.
Según la ley palestina, Mahmoud Abbas, el presidente de la ANP, debe ratificar todas las sentencias a muerte.
Abbas concluyó oficialmente su periodo de gobierno en enero de 2009, pero, citando como argumento la agitación política, decidió postergar las elecciones y permanecer en el cargo hasta junio próximo.
Por su parte, Hamás sostiene que la administración de Abbas ya no es constitucional y, por tanto, él no debe ser consultado para ratificar las condenas a muerte.
El movimiento islámico anunció estar en proceso de crear un comité de asesores legales y funcionarios que confirmen las sentencias en Gaza.
Sin embargo, el fiscal general de Hamás, Muhammed Abed, llamó la semana pasada a los tribunales militares a que implementen de inmediato la ejecución de aquellos que esperan en el pabellón de la muerte.
Preocupa a organizaciones de derechos humanos las circunstancias políticas que motivan las condenas en los territorios palestinos.
"Estamos preocupados por la falta de transparencia, de debido proceso y de imparcialidad. Vemos a miembros de Fatah sentenciados en tribunales de Hamás", dijo a IPS Bill van Esveld, de HRW.
"Sin embargo, no hemos visto a miembros de Hamás, de los que hemos documentado su participación en similares crímenes, ser sentenciados a muerte en Gaza", agregó.
HRW documentó 32 casos de hombres enmascarados afiliados a Hamás que ejecutaron a supuestos colaboradores de Israel durante el ataque de ese país a Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
De mayor preocupación es el hecho de que las condenas se basan en confesiones obtenidas bajo torturas físicas y psicológicas.
"El abogado de uno de los acusados nos dijo que su cliente había sido obligado a confesar", indicó Van Esveld.
"Esto fue apoyado por el tribunal, que usó su confesión como parte de la evidencia contra el individuo a pesar de las circunstancias en las que fue obtenida", añadió.
El activista señaló que "lo que también es problemático es el número de civiles condenados, que en primer lugar no deberían ser juzgados en un tribunal militar".
El Centro Palestino para los Derechos Humanos en Gaza también indicó que a los que se encuentran en el pabellón de la muerte no se les ha dado el tiempo suficiente para una defensa efectiva, y a muchos se les ha negado acceso a abogados.
