Tres organizaciones por los derechos civiles litigan al gobierno de Estados Unidos para que divulgue los alcances del programa Comunidades Seguras, bajo el cual policías locales y estaduales participan en operativos federales vinculados al control de inmigrantes.
Las demandas fueron presentadas por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia Inmigratoria de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo.
Esto fue consecuencia de una campaña nacional titulada "Develando la verdad", en la que, durante una semana, una serie de acciones coordinadas en más de 10 ciudades buscaron poner fin a la colaboración policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
"La aprobación de (la ley) SB 1070 en Arizona debería ser prueba suficiente de la naturaleza peligrosa y desastrosa de los programas de colaboración entre el ICE y la policía, como el llamado Comunidades Seguras", dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras.
La gobernadora republicana Jan Brewer promulgó el día 23 la ley SB 1070, que convierte al sudoccidental estado de Arizona en el primero de Estados Unidos que considera delincuente a un inmigrante indocumentado.
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"El presidente debería seguir su propio consejo y actuar responsablemente, reclamando la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre las leyes nacionales de inmigración", señaló Alvarado.
"En un momento en que la policía y las asociaciones del ICE claramente han fracasado, el ICE pasa rápidamente a implementar el programa de Comunidades Seguras en cada cárcel estadounidense para 2013", dijo la abogada Sunita Patel, del Centro por los Derechos Constitucionales.
"Contrariamente a lo que su nombre indica, este último programa del ICE le brinda menos seguridad al público. No hay dudas de que continuará profundizando el temor y la desconfianza hacia la policía en nuestras comunidades", agregó.
Sobre el programa Comunidades Seguras se sabe relativamente poco. Los críticos sostienen que requiere que la policía local y estadual incluya las huellas digitales de los individuos en múltiples bases de datos al momento del arresto, aunque no se hayan presentado cargos e independientemente de la envergadura de los mismos.
Activistas y abogados señalan que, además de que esas bases de datos pueden contener información imprecisa y errónea, el programa funciona como poco más que un operativo de perfiles raciales para derivar más gente al ya sobrecargado y mal administrado sistema de detenciones del ICE.
Actualmente, Comunidades Seguras opera en 168 jurisdicciones de 20 estados. Se anticipan más acuerdos para los próximos días. Bridget Kessler, de la Clínica de Justicia Inmigratoria de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo, señaló que este programa es "peligroso" y que el ICE lo mantuvo en reserva desde el inicio.
También destacó que se requiere más información sobre políticas, procedimientos y objetivos, impacto fiscal, datos estadísticos, antecedentes individuales y otros registros.
En febrero se presentó una petición en el marco de la Ley de Libertad de Información para obtener esos datos. Pese a la rápida expansión del programa del ICE, las agencias del gobierno aún no los difundieron.
La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, dijo el martes al Comité Judicial del Senado que el Departamento de Justicia evaluará la ley contra los inmigrantes aprobada en Arizona para determinar si es o no constitucional.
El presidente Barack Obama señaló que la nueva ley amenaza con "debilitar la noción básicas de justicia".
Criticada por los defensores de las libertades civiles, Napolitano defendió el programa 287(g) de su departamento, que autoriza a la policía local a aplicar las leyes federales de inmigración.
"El programa 287(g) puede ser útil" a la hora de "centrarse en delitos serios", afirmó. Sus declaraciones suscitaron el entusiasta apoyo del senador republicano Jeff Sessions, integrante del comité.
Sessions dijo que ese programa "representa una gran oportunidad de enviar un mensaje a futuros inmigrantes en cuanto a que la puerta ya no está abierta: si usted ingresa a este país ilegalmente, no conseguirá trabajo, y en cambio será deportado".
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han criticado fuertemente el 287(g). El propio inspector general del Departamento de Seguridad Interna lo hizo.
Quienes se oponen al programa sostienen que los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas no están adecuadamente capacitados para interpretar las complejas leyes de inmigración.
El senador republicano John McCain, de Arizona, defendió la ley aprobada en su estado.
Mientras, en Washington, muchos congresistas dicen que esa norma crea el "imperativo moral y político de que el gobierno federal actúe rápidamente en una reforma inmigratoria exhaustiva".
Rinku Sen, directora ejecutiva del Applied Research Centre (Centro de Investigaciones Aplicadas), una organización sin fines de lucro, dijo que la nueva ley "le compra una falsa comodidad a un estado que está al borde del colapso económico", a cambio de la seguridad de las comunidades de inmigrantes.
