Tres personas que viven con VIH y sida interpusieron un recurso contra la Ley de Falsificaciones ante el Tribunal Constitucional de Kenia.
La demanda argumenta que la ley, en vigor desde mediados de 2009, puede generar confusión entre medicinas falsificadas y genéricas, que constituyen 90 por ciento de los fármacos que se dispensan en este país de África oriental.
Asesores del gobierno señalaron el día 18, en una audiencia en el Tribunal Constitucional, que la ley no amenaza la importación o la manufactura de medicinas genéricas baratas, y por lo tanto no les niega a los keniatas su derecho constitucional a la vida.
Los tres solicitantes cuestionan las secciones dos, 32 y 34 de la ley, que no reconocen ni exoneran específicamente a los genéricos de la definición de "falsificaciones", como prevé el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Trips, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio.
Por lo tanto, se considera que la ley brinda una definición demasiado amplia del concepto "bienes falsificados", más que el Trips, dado que puede llegar a prohibir la importación y manufactura de fármacos genéricos en Kenia.
[related_articles]
La falsificación se define como manufacturar, producir, embalar, re-embalar, etiquetar o fabricar bienes protegidos "sin la autoridad del dueño de ningún derecho de propiedad intelectual subsistente en Kenia u otra parte" en este sentido, permitiendo que "esas mercaderías protegidas sean imitadas de tal manera y a tal grado" que las nuevas versiones "sean copias idénticas o sustancialmente similares a las protegidas".
La sección 34 de la ley confiere a la Autoridad de Rentas de Kenia "poderes excesivos que pueden ser abusivos" y también pueden violar el Trips, según quienes presentaron el recurso de inconstitucionalidad.
El asesor estatal Peter Bosire dijo que esas tres personas están malinterpretando la ley, e insistió en que la definición está clara y no amenaza la importación de medicinas genéricas.
"La ley no prohíbe la importación de fármacos y el uso de medicinas antirretrovirales, sólo su mal etiquetado", señaló, agregando que la norma busca penalizar esto último.
Bosire también dijo que ninguna de las partes interesadas ha demostrado que el gobierno o sus agencias estén infringiendo los derechos constitucionales.
En su réplica, el asesor de los tres ciudadanos, David Majanja, sostuvo que la ley interfiere con el derecho a la vida, garantizado en la carta magna. "Las personas que viven con VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) serán muy perjudicadas si la ley se aprueba, dado que ésta inhibirá el acceso a medicinas esenciales", dijo.
La aprobación y aplicación de la ley, particularmente las secciones dos, 32 y 34, pondrán en peligro el derecho a la vida de quienes presentaron el recurso, al negarles arbitrariamente el acceso a medicación esencial y barata.
La norma también contradice secciones de la Ley de Propiedad Industrial de 2001, que permite al gobierno utilizar las importaciones paralelas, en el marco de acuerdos multilaterales, en beneficio de la salud pública.
Según Christa Cepuch, directora de programa africano de Health Action International, "no se debería confundir falsificaciones con genéricos. Estamos totalmente en contra de la manufactura de falsificaciones que constituyen una amenaza al sector de la salud".
Cepuch dijo a IPS que la ley otorga potestades excesivas a policías y funcionarios de fronteras que carecen del conocimiento necesario para distinguir falsificaciones de genéricos.
El abogado Omwanza Ombati, del Aids Law Project, sostuvo que las autoridades pueden usar vacíos de la ley para interpretarla de modo que se confundan ambos conceptos, debido a las ambigüedades contenidas en el texto.
La suya es una organización no gubernamental que promueve el acceso a una adecuada atención y tratamiento para las personas con VIH y sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
"La redacción de la ley significa que los fármacos importados según procedimientos paralelos pueden ser confiscados en puntos fronterizos o puertos", dijo Ombati a IPS.
Investigaciones del gobierno revelaron que el consumo de productos falsificados o contrabandeados hace que los fabricantes nacionales pierdan unos 650 millones de dólares anuales en ventas.
Bosire sostuvo que el recurso judicial puede comprometer la aprobación de la ley, que abarca un espectro de productos que van más allá de las medicinas.
El fallo se emitirá el 23 de abril.
Una legislación similar ha sido o bien presentada o bien adoptada en Zambia, Tanzania y Uganda, y también se considera en el ámbito de la Comunidad de África Oriental.
