Un proyecto de ley que mejora el sistema de protección de testigos en Kenia podría alentar la investigación sobre la violencia que estalló tras las elecciones presidenciales de 2007.
El proyecto es consecuencia de la insistencia de organizaciones de derechos humanos keniatas y de la Unión Europea (UE), entre otros, que urgieron al gobierno a reformar la legislación vigente.
Los comicios presidenciales de 2007 enfrentaron al presidente Mwai Kibaki, del grupo étnico kikuyu, contra el opositor Raila Odinga, de la tribu luo. Los kikuyus constituyen 22 por ciento de la población total del país, y los luos 13 por ciento.
Aunque los resultados preliminares apuntaban a una victoria de Odinga, Kibaki se declaró ganador por 200.000 votos, cerca de dos por ciento de los casi 10 millones de sufragios emitidos.
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Cuando Odinga y observadores independientes de la UE denunciaron un fraude, estalló la violencia entre varias de las etnias del país, particularmente entre las kikuyus y luos.
Más de 1.200 personas murieron y 350.000 fueron desplazadas, según las Naciones Unidas.
La reforma se hizo necesaria a la luz de los asesinatos y amenazas a varios testigos de esos hechos.
De promulgarse el proyecto, se requerirán cambios en el sistema judicial y en la policía para garantizar la protección de los declarantes, como lo prevé el Acuerdo de Reconciliación Nacional, suscrito por el presidente Kibaki y el primer ministro Odinga a principios de 2008.
"Muchos testigos fueron asesinados o desaparecieron sin dejar rastro y otros debieron huir a países vecinos tras ser amenazados por quienes ellos señalaron como responsables", indicó Patrick Githinji, secretario nacional de la no gubernamental Red de Personas Desplazadas, con sede en la central ciudad de Nakuru, en el valle del Rift.
Githinji es una de las víctimas de la violencia postelectoral que se vio obligado a abandonar su casa en Kuresoi, en el valle del Rift. Aún le teme a sus atacantes, pese a que se reubicó con su familia en el distrito de Nyandarua, en la provincia Central.
El proyecto de ley proporciona "los medios para que la policía sea más responsable, y confío en que actuará de forma expeditiva ante cualquier información que reciba. Estoy seguro de que habrá más garantías para quienes declaren. Sólo espero que el parlamento no complique su aprobación", dijo Githinji a IPS.
Para asegurar la independencia de la agencia de protección de testigos, el proyecto de ley prevé una integración variada que incluya al jefe de policía, al director general del Servicio Nacional de Inteligencia y de Seguridad, al ministro de Justicia y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
"Con tantas personalidades clave mejorarán las posibilidades para proteger a los testigos", confirmó el portavoz de la policía, Eric Kiraithe.
Pero no todas las personas que lo soliciten podrán acogerse al programa.
La agencia garantizará la seguridad de quienes "tengan información crucial para un caso y cuya vida esté en peligro", explicó el abogado Minayo Lugalia. "La protección de testigos es una actividad que demanda mucho dinero. Sólo puede ponerse en práctica tras evaluarse que hay riesgos y verificarse la autenticidad del declarante", añadió.
Hasta ahora, las medidas para suministrar seguridad a los testigos no han dado resultado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró la confesión del policía Bernard Kirinya en junio de 2008, quien declaró haber presenciado cómo sus colegas ejecutaban a 58 personas por orden de sus superiores, según información de la organización Mars Group Kenya.
Kirinya fue asesinado tres meses después, antes de poder declarar ante la justicia.
El problema de la intimidación y de la amenaza de testigos de la violencia poselectoral saltó a la luz cuando Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), pidió más información sobre los hechos, a solicitud de los magistrados de ese tribunal con sede en La Haya.
El juez argentino entregó a los letrados una lista de 20 personas sospechosas de ser los autores materiales de los violentos ataques de 2007. Algunos son empresarios que pagaron a sicarios, en tanto otros son parlamentarios y altos funcionarios del gobierno.
Los magistrados de la CPI están discutiendo si habilitan al fiscal jefe proseguir con la investigación. Si el proceso se abre, se podrán conocer los nombres de los sospechosos, y los testigos serán citados a declarar.
La aprobación del proyecto de ley de Protección de Testigos es fundamental para el proceso en la CPI, pues también otorga garantías para los juicios ejecutados fuera de Kenia.
