El partido gobernante de Egipto está tomando medidas para restringir el ámbito de acción de las organizaciones no gubernamentales (ONG), en vísperas de cruciales elecciones parlamentarias.
"El futuro es muy oscuro para nosotros", dijo el director del Centro Árabe para la Independencia del Poder Judicial y de la Profesión Legal. "El gobierno hará todo lo posible en las próximas elecciones y tomará una acción agresiva contra cualquiera que participe, o los seguirá de cerca".
Las elecciones para la cámara alta del parlamento de Egipto están previstas para mayo, y para la cámara baja en el otoño boreal. Los comicios ayudarán a determinar quién será elegible para la presidencia en 2011.
El presidente Hosni Mubarak, quien ha gobernado Egipto durante 28 años, no ha aclarado aún si se volverá a postular. Se cree que su hijo, Gamal, será su sucesor.
Una fuerte mayoría en el parlamento ayudaría al gobernante Partido Nacional Democrático (NDP) a asegurarse un candidato en la carrera presidencial, señaló Amin.
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"El gobierno quiere asegurarse un bloque legislativo para poder realizar cambios constitucionales antes de las elecciones presidenciales", añadió.
La supervisión electoral se ha convertido en un tema de polémica. El gobierno ha prohibido al Poder Judicial y a observadores internacionales monitorear los centros de votación.
Un proyecto de ley que será presentado en el parlamento, dominado por el NDP, haría más severo el control, alertaron activistas por los derechos humanos. El proyecto exige a las 25.000 ONG egipcias integrarse a una federación que podría vetar sus licencias y que supervisaría sus actividades y financiamiento.
"La Federación General de Asociaciones Civiles, que es, de hecho, un organismo semi-gubernamental, es creado como una cobertura a través de la cual ( ) el aparato de seguridad puede imponer decisiones punitivas y arbitrarias para congelar o suspender a cualquier ONG", alertaron 41 organizaciones de la sociedad civil en un petitorio conjunto.
Hafez Abu Seada, presidente de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, señaló que el proyecto de ley expandiría la draconiana legislación aprobada en 2002, que otorga a las autoridades amplia discreción para suspender o disolver cualquier ONG o grupo que participe de actividades políticas.
"Antes, en primer lugar, tenían que llevarte ante un tribunal", explicó. "Pero ahora pueden suspender todas tus actividades, clausurarte e impedir que trabajes hasta después de las elecciones, y luego vas a un tribunal".
Expertos señalan que la terminología del texto fue deliberadamente elegida para cerrar las lagunas legales que habían dado espacio de acción a los activistas.
Por ejemplo, el término "entidad" puede aplicarse a cualquier ONG, sin importar la forma legal que adopte, mientras que la frase "misión de asociación" puede ser usada para referirse a todo tipo de actividad.
"La ley señala que pueden cerrar cualquier entidad que decida trabajar en una misión de asociación, pero nunca aclaran lo que eso significa", explicó el abogado y defensor de los derechos humanos Negad El-Borai. "Pueden usarlo como un martillo contra las ONG".
El-Borai prevé que el gobierno presionará por la aprobación del texto en el parlamento antes de que comience la registración de votantes.
"¿Tenemos un gobierno tonto? No, tenemos un gobierno inteligente. Eligen el tiempo correcto para poner las cosas bajo control", indicó.
El gobierno de Mubarak podría tener algunos trucos más bajo la manga. En 2004 creó el Consejo Nacional por los Derechos Humanos. Críticos señalan que el organismo, integrado por 27 miembros elegidos a dedo por el presidente, en realidad está diseñado para disimular los abusos que se cometen en el país contra grupos independientes.
El partido gobernante parece estar preparando varios más de estos organismos para crear la ilusión de que habrá una supervisión independiente de los comicios.
