Defensores de las libertades civiles en Estados Unidos criticaron duramente la posibilidad de que el gobierno de Barack Obama transfiera los juicios de sospechosos de terrorismo a tribunales militares.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) publicó un aviso de una página entera en la edición dominical de The New York Times, urgiendo a Obama a seguir el plan original del Departamento de Justicia, de juzgar a los sospechosos de terrorismo "de alto valor" en el sistema de la justicia penal civil.
Según la ACLU, los tribunales militares constituyen "un sistema judicial de segunda categoría que debería clausurarse para bien. La Constitución no es opcional, y debe restablecerse el imperio de la ley".
El anuncio muestra una imagen de Obama transformándose en el ex presidente George W. Bush (2001-2009).
"¿Qué será, señor presidente? ¿Un cambio o más de lo mismo?", pregunta.
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"El candidato Barack Obama dijo que cambiaría las políticas de Bush-Cheney y restablecería los valores estadounidenses de la justicia y el debido proceso. Muchos de nosotros estamos conmocionados y preocupados de que justo ahora el presidente Obama considere revertir la decisión de su fiscal general de juzgar a los acusados del 11 de septiembre de 2001 en un tribunal penal", agrega.
El aviso señala que el sistema de la justicia penal en Estados Unidos "ha manejado exitosamente unas 300 demandas por terrorismo, en comparación con apenas tres en las comisiones militares".
El anuncio urge a los lectores a "decirle al presidente Obama que no se retracte de su compromiso para con nuestro sistema judicial, y que juzgue a los acusados (por los atentados) del 11 de septiembre (de 2001) en un tribunal penal".
"Recuérdenle al mundo que Estados Unidos significa el debido proceso, la justicia y el imperio de la ley", añade.
Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, dijo que la organización publicó el aviso porque "es crucial que los estadounidenses sepan qué está en juego aquí: nada menos que el compromiso de Estados Unidos para con la Constitución y el imperio de la ley".
Otras autoridades legales han sido rotundas en sus críticas al gobierno de Obama.
"Muchos de los delitos que se alega fueron cometidos por detenidos en (la cubana bahía de) Guantánamo no son delitos bajo el derecho de guerra y no pertenecen a las comisiones militares. Si las comisiones militares son la única opción, esto puede impedir que algunos detenidos sean juzgados del todo", dijo a IPS David J. R. Frakt, director del Centro de Práctica de Derecho Penal en la Facultad de Leyes de la Western State University. Frakt, teniente coronel de la Reserva de la Fuerza Aérea, fue designado para defender al detenido en Guantánamo Mohammad Jawad, un presunto combatiente que enfrenta cargos por hechos que tuvieron lugar cuando él era menor de edad.
En 2008, Jawad desafió el rol del asesor legal ante la autoridad competente —el número dos de la Oficina de Comisiones Militares—, brigadier general Thomas Hartmann, al elegir a su cliente para el juicio.
Frakt sostuvo que Hartmann había "ejercido una influencia de comando ilegal".
A Hartmann se lo citó mucho diciendo que el juicio debería elegir acusar a cautivos en base a si sus juicios "capturarían la imaginación del pueblo estadounidense".
El ex secretario de Estado (canciller) Colin Powell se sumó a decenas de oficiales militares retirados en su aliento al gobierno para usar el sistema de la justicia penal civil.
"No sé de dónde sale el reclamo (republicano) de que estamos menos seguros En ocho años, los tribunales militares han juzgado a tres personas. Dos de ellas cumplieron sentencias relativamente cortas y están libres. Un muchacho está en la cárcel", dijo en una entrevista televisiva.
Mientras, "los tribunales federales, nuestro Artículo III, nuestro sistema judicial legal regular, han puesto en la cárcel a decenas de terroristas, y son totalmente capaces de hacerlo. Así que la sugerencia de que de algún modo una comisión militar es el camino a seguir no es confirmada por la historia de las comisiones militares", agregó.
Hace apenas dos semanas, el Departamento de Justicia se mostró inquebrantable en su compromiso con los tribunales civiles.
"En la historia de nuestra nación no hay precedentes de que el Congreso (legislativo) haya intervenido de modo tal de prohibir juzgar a personas o delitos particulares", señaló el Departamento en un comunicado.
El gobierno pareció hacerse cargo. El presidente ha hecho pública su preferencia por los tribunales civiles.
"Los pedidos de juzgar a terroristas solamente en tribunales federales carecen de fundamento. En el sistema de los tribunales militares hubo tres condenas de terroristas desde el 11 de septiembre, y cientos en el sistema de la justicia penal, incluyendo a terroristas de alto perfil como (el británico acusado de tener explosivos en sus zapatos, Richard) Reid y el conspirador del 11 de septiembre Zacarious Moussaoui", dijo la semana pasada John Brennan, asistente de Obama y subasesor nacional para la Seguridad Interna y el Antiterrorismo.
Pero la ofensiva política ya estaba creciendo. La mayoría de los congresistas republicanos creen que los tribunales militares son el vehículo correcto para juzgar a sospechosos de terrorismo.
También creen que quienes no pueden ser juzgados en un tribunal civil o en comisiones militares deberían estar detenidos indefinidamente, sin mediar cargos ni un juicio.
Algunos de estos legisladores reconocen de mala gana el fallo de la Corte Suprema que establece que todos los detenidos deben tener el derecho a apelar su detención ante tribunales estadounidenses, es decir, el habeas corpus. Pero otros lo niegan.
Al mismo tiempo, algunos miembros del gobernante Partido Demócrata, con miras a las elecciones parlamentarias del próximo noviembre, temen que se los catalogue como "blandos con el terrorismo" y por lo tanto permanecen callados o adoptan la línea republicana.
El Congreso fastidió los planes del Ejecutivo de llevar a los detenidos en Guantánamo a Estados Unidos para someterlos a juicio y albergar a los condenados en una prisión del central estado de Illinois que el gobierno iba a comprar.
Pero el órgano legislativo prohibió al presidente trasladar prisioneros a Estados Unidos sin su consentimiento.
La ira de políticos, activistas y analistas de derecha dio un nuevo giro la semana pasada, cuando Liz Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, lanzó un ataque contra siete abogados del Departamento de Justicia.
Los llamó "simpatizantes de Al Qaeda", en alusión a la red extremista liderada por el saudita Osama bin Laden, porque los bufetes para los que trabajaban antes de hacerlo para el gobierno defendieron a prisioneros de Guantánamo, a menudo sin cobrar.
Cheney, codirectora de la organización Keep America Safe, los llamó "los siete de Al Qaeda". Decenas de abogados y profesores de derecho la criticaron.
Carolyn Lamm, presidenta de la Asociación de Abogados Estadounidenses, dijo que se trata de "una táctica" para dividir y desviar la atención e "impugnar el carácter de abogados de quienes han buscado proteger los derechos fundamentales de clientes impopulares".
