Un programa social para evitar la muerte de dos madres por día en Bolivia por complicaciones en el parto, avanza en medio de dificultades administrativas, pero con enormes posibilidades de reducir esa tasa hasta en 80 por ciento en los primeros cinco años.
«En Bolivia, el riesgo de morir por una causa vinculada con el embarazo, parto o post parto es muy alto. Cada año aproximadamente 623 mujeres mueren por consecuencias de complicaciones durante el embarazo», expresa el diagnóstico del Plan Nacional para Mejorar la Salud Materna del Ministerio de Salud.
A ocho meses de la aplicación del Bono Juana Azurduy, su creador, el ex ministro de Salud Ramiro Tapia, está convencido de que en cinco años más, la mortalidad materna caerá en 80 por ciento. Según los registros más recientes, de 2008, la tasa es de 222 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, la segunda más alta de América Latina.
Alejado desde enero del gabinete del presidente Evo Morales, en el cual brilló por los resultados de su gestión a favor de la salud pública, Tapia mostró su optimismo a TerraViva porque las madres ahora acuden a un centro de salud, alentadas por el pago fraccionado de este subsidio equivalente a unos 258 dólares, antes, durante y después del parto.
El bono, pagado en 17 cuotas, está condicionado a la asistencia de la madre a un centro estatal de salud para cuatro controles previos al parto, a obtener atención médica del alumbramiento y a realizar 12 controles posteriores a la madre y al recién nacido.
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El bono se completa con un Seguro Universal Materno Infantil, que garantiza a las madres atención gratuita en el momento del parto en cualquier centro hospitalario del país, en una iniciativa también innovadora.
«El bono sirve para comprar leche, pañales para el bebé y comida para la familia», relató Angélica Choque, una madre que esperaba ser atendida en el Centro Municipal de Salud de Alto Miraflores donde TerraViva pasó una jornada.
Madres con niños en brazos, algunas embarazadas y un escaso personal se veían en el centro de consulta médica construido en las faldas de una montaña desde donde se domina la zona este de La Paz, y a la que se llega por una avenida de impresionante pendiente.
«Antes venían entre siete y 10 madres, ahora vienen 20 ó más», explicó el encargado de mantenimiento, Isaac Valencia, quien tiene oficios múltiples que incluyen la reparación desde techos a vertederos, ante la falta de personal.
Una primera evaluación indica que la cobertura del bono alcanzó a 98 por ciento de los municipios de Bolivia y 400.000 personas se beneficiaron del programa, que se amplía a la educación de las madres para evitar los partos continuados, comentó Tapia.
En un país donde la pobreza afecta a 67 por ciento de los 10 millones de habitantes y se hace más aguda en seis de cada 10 mujeres, la ayuda estatal es más que necesaria.
Este bono materno-infantil es uno de los logros que Bolivia presenta en la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, que evalúa desde el lunes y hasta el 12 de este mes los compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en septiembre de 1995.
La mejora de la salud de las mujeres mediante planes específicos fue una de las 12 áreas críticas que se establecieron en la Plataforma de Acción de esa conferencia mundial.
Antes de dejar su despacho ministerial, Tapia recibía informes de un incremento de 20 hasta 120 mujeres en muchos centros de consulta.
Pero el encuentro de las pacientes con el médico está precedido por otras historias de sacrificio. Cada madre y sus hijos llegan hasta el alejado consultorio público de Alto Miraflores a las cuatro y media de la madrugada, cuando la temperatura es de cero grados o menos. Aún así, y tras obtener uno de los 20 turnos que se reparten por día, deben aguardar hasta siete horas para ser atendidas.
Las mujeres casi a coro expresaron el reclamo de asignar médicos con especialidades en ginecología, pediatría y medicina general, y declararon su descontento porque la espera las hace perder ingresos familiares y horas de trabajo, en muchos casos por cuenta propia.
El único médico del lugar, Walter Soria, tiene jornadas muy agitadas. Comienza su labor a la 08:00 hora local, se olvida muchas veces del almuerzo y, para atender a más pacientes, amplía su jornada dos horas, sin remuneración extraordinaria.
Mientras examina a una niña de un año, hace recomendaciones a la madre y emite recetas, pero antes debe llenar muchos formularios a mano y admite que la tarea administrativa es compleja, pero indispensable para el pago del bono a las beneficiarias.
«Estoy enflaqueciendo porque debía irme a casa a las 14:00, pero me quedo hasta atender a todas las pacientes», dijo con una sonrisa, satisfecho de ser desde hace dos décadas el médico de Chapuma, como los lugareños llaman también a Alto Miraflores, habitado mayoritariamente por familias pobres.
Precisamente la vocación para ejercer la medicina entre gente que vive en zonas rurales es escasa cuando se hacen convocatorias para cubrir las 800 vacantes anuales.
El coordinador nacional del Programa de Protección Social Madre-Niño, Bono Juana Azurduy, Nelson Hurtado, confirmó a TerraViva que en el primer año de gestión sólo 749 profesionales estuvieron dispuestos a incorporarse al plan.
«Quieren trabajar sólo en las ciudades y no quieren irse al campo, pero el bono es más requerido en las comunidades y municipios alejados», expresó.
Con el programa del gobierno, un médico puede obtener un salario mensual de unos 648 dólares, bueno en relación al promedio del mercado de profesionales de la salud, según Hurtado.
La idea de un subsidio asociado a la obligatoriedad de prestar salud a las madres, llegó con la administración de Morales, un líder izquierdista e indígena de 50 años que gobierna este país sudamericano desde 2006 y comenzó un segundo mandato quinquenal el 22 de enero, tras ser reelegido por amplia mayoría.
Morales tenía especial preocupación por las dificultades de las madres solteras, mayoritariamente pobres, enfrentadas a la maternidad sin apoyo, recordó Tapia.
Su condición las somete, además a problemas dentro de sus familias y sus comunidades, en un país patriarcal, lo que aumenta su vulnerabilidad, relató.
Por el momento, entre los buenos deseos y el buen funcionamiento del programa hay una distancia que, según Tapia, se acortará con voluntad.
Mientras, Geovana Martínez, una mujer con cinco meses de embarazo, manifiesta su agotamiento por la espera en el consultorio de Alto Miraflores. «Hasta siento deseos de no volver porque es mucho el papeleo para lograr el bono, pero sigo por mi hijo, y también por mí», reflexionó.
