El intento de Tailandia de repatriar a unos 3.000 miembros de la etnia karen que el año pasado huyeron de Birmania disparó fuertes objeciones locales e internacionales, entre ellas de 27 parlamentarios estadounidenses.
"Requerimos urgentemente que frenen la repatriación de refugiados a la zona de conflicto de Birmania y continúen ofreciéndoles protección en Tailandia", declaró el jueves en una carta el grupo bipartidario de legisladores de Estados Unidos al primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva.
"Si se los obliga a retornar, estos refugiados sufrirán horrendos abusos a los derechos humanos", agregó la carta, entre cuyos signatarios figura el representante Howard Berman, presidente del Comité de Relaciones Exteriores.
"Sin dudas serán sometidos a trabajos forzados, ejecuciones, torturas y mutilaciones, reclutamiento forzado como soldados, y robos y extorsiones, lo que volverá muy difícil su supervivencia", planteó la misiva.
En la tarde de este viernes, Bangkok pareció haber cedido en parte a esta presión. El Consejo de Abogados de Tailandia, con sede en la capital, y la Organización de Mujeres Karen, manifestaron su preocupación.
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"Como las preocupaciones aumentaron, decidimos interrumpir temporalmente el proceso. Hemos pedido a quienes quieren volver que lo hagan voluntariamente, y hoy volvieron 12 karen de tres familias", dijo a IPS Thani Thongphakdi, viceportavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia.
Sin embargo, Bangkok ve la realidad de las áreas karen de Birmania de modo diferente a como la ven los legisladores estadounidenses y la Organización de Mujeres Karen.
"Como los combates al otro lado de la frontera se han detenido, sentimos que para ellos es seguro regresar", explicó Thani.
La suspensión temporaria de la repatriación de los karen ha hecho poco por aliviar su ansiedad, dijo Blooming Night Zan, secretaria adjunta de la Organización de Mujeres, que tiene su sede en el nororiental pueblo tailandés de Mae Hong Son.
"La gente realmente tiene miedo. Teme que la envíen de regreso pronto", señaló.
Parte de ese temor al regreso se origina en la ruta traicionera que los refugiados tienen que recorrer una vez que ingresan a Birmania. "La lucha puede haber terminado, pero hay muchas minas terrestres", dijo Zan en entrevista con IPS.
"Cinco personas del área han resultado heridas por explosiones de las minas en los últimos meses. Una de ellas era una mujer embarazada, herida en enero", destacó.
El vuelo que en junio pasado trasladó a Tailandia a los refugiados karen desde el oriente de Birmania se realizó tras una serie de enfrentamientos entre soldados birmanos y la Unión Nacional Karen, organización rebelde que libra una lucha separatista desde hace seis décadas.
Los alrededor de 3.000 refugiados se sumaron a los aproximadamente 120.000, principalmente karen, que durante dos décadas vivieron en los campamentos del lado tailandés de la frontera.
Los conflictos en curso en Birmania también dieron origen a unos 540.000 desplazados, que buscaron refugio en bosques y montañas luego de huir de los ataques del ejército birmano, que incluyeron la quema de aldeas.
Sin embargo, poco de esto parece preocupar al poderoso Comando Internacional de Operaciones de Seguridad (ISOC, por sus siglas en inglés), un vestigio de la Guerra Fría que revivió con renovadas facultades gracias a la última junta militar de Bangkok, que llegó al poder tras un golpe de Estado en septiembre de 2006 y gobernó hasta enero de 2008.
Entre los poderes del ISOC está determinar las políticas de fronteras del país con sus cuatro vecinos: Birmania, Camboya, Laos y Malasia. Una de sus potestades es extender permisos para que los refugiados de los países limítrofes permanezcan en Tailandia, cuyas riendas están en a cargo del poderoso jefe del ejército.
"La política de fronteras de Tailandia fue puesta en manos del ejército a través del ISOC", dijo Sunai Phasuk, investigador tailandés de Human Rights Watch (HRW), organización de derechos humanos con sede en Nueva York.
"La interpretación que los militares hacen de la política de refugiados es muy estrecha y no cumple con el derecho internacional y los estándares humanitarios", agregó.
"Los militares abrirán las fronteras del país si la gente huye del conflicto. Pero no les importa si huyen de violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas o religiosas y opresión", planteó Sunai en una entrevista con IPS.
Esa creciente militarización de la política de fronteras de Tailandia quedó de relieve a fines de diciembre, cuando unos 4.300 miembros de la etnia hmong que habían escapado del conflicto de Laos fueron deportados en una operación de estilo militar.
Esa deportación, que también provocó fuertes protestas de la comunidad internacional, no hizo que el gobierno de Abhisit, que ya llevaba un año en el poder, repensara sus políticas.
Abhisit había llegado al gobierno mediante acuerdos políticos diseñados por los militares tailandeses, no por elección popular.
Bangkok desestimó las críticas de insensibilidad hacia los refugiados, recordándole al mundo sus impactantes antecedentes de hospitalidad desde los años 70, cuando decenas de miles de refugiados de la guerra de Estados Unidos en Indochina huyeron a Tailandia en busca de seguridad. En efecto, durante casi cuatro décadas el país del sudeste asiático fue hogar de 1,5 millones de refugiados.
Pero hasta la resurrección del poderoso ISOC, la política de refugiados fue elaborada por la oficina del primer ministro, la cancillería, los militares y el Consejo de Seguridad Nacional.
"Fue un delicado equilibrio entre estos cuatro lo que garantizó un sentido de controles mutuos en materia de políticas de refugiados", dijo una alta fuente tailandesa a condición de no revelar su identidad.
Las primeras señales de un giro más militar a la política de refugiados en el marco del ISOC surgió con el tratamiento que hizo Tailandia de los rohingyas, una minoría étnica musulmana que huía de la persecución en el occidente de Birmania.
"Esto comenzó luego del golpe de Estado, cuando los militares empezaron a definir a los rohingyas como una amenaza a la seguridad nacional. Se los vinculó a la insurgencia en el sur de Tailandia porque los insurgentes son musulmanes", agregó la fuente tailandesa.
La actitud del ISOC hacia los refugiados rohingya fue el primer golpe que recibió el gobierno de Abhisit luego de llegar al poder. Los militares quedaron expuestos en los medios internacionales por obligar a volver al mar a varios botes de refugiados de ese origen.
"El ISOC tiene dos políticas claras en relación a los refugiados rohingya. Deberían ser interceptados antes de ingresar a aguas territoriales tailandesas, pero si lo hacen deberían ser arrestados y detenidos", dijo Sunai, de HRW.
