Frente una deuda externa de casi 6.000 millones de dólares, el gobierno de unidad de Zimbabwe considera solicitar su ingreso a la iniciativa de los organismos internacionales de crédito para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).
Según la oficina del primer ministro zimbabwense, los 5.700 millones de dólares que este país ya debe al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial, al Banco Africano de Desarrollo y a otras entidades le impiden pedir nuevos desembolsos, aunque se necesita urgentemente más dinero para recuperar la economía.
Ante esto, el ministro de Finanzas, Tendai Biti, dijo que sumarse a la iniciativa HIPC podría ser una salida.
Ese programa fue creado en 1996 al menos en parte como respuesta a las críticas de la sociedad civil a las políticas económicas del FMI y del Banco Mundial. Provee alivio de deuda y préstamos a bajos intereses a esos países para que puedan cancelar o reducir sus compromisos.
Para ser considerado en la iniciativa, un gobierno debe tener una carga de deuda insostenible. La asistencia es dada a condición de que los estados cumplan con una serie de metas.
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"Zimbabwe no es un país pobre. Tiene vastos recursos naturales, pero esos recursos no pueden ser transformados en capital", dijo el ministro de Estado para el Primer Ministro, Gordon Moyo.
"Zimbabwe debería presentar un documento con una estrategia para la reducción de la pobreza, que funcionaría como borrador de la forma en que va a usar los recursos que estén disponibles una vez que la deuda sea cancelada", añadió.
"Es responsabilidad de Zimbabwe. No es una imposición del Banco Mundial ni del FMI ni del Club de París (grupo de países acreedores) ni de otras instituciones", subrayó.
Pero Qhubani Moyo, analista político y activista, sostuvo que los problemas de Zimbabwe no se originan en su deuda, sino en las sanciones económicas adoptadas por Occidente para debilitar la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), del presidente Robert Mugabe.
La ZANU-PF ha gobernado desde 1980 hasta 2008, cuando formó un gobierno de unidad con dos facciones del opositor Movimiento por el Cambio Democrático.
"A menos que encaremos el tema de las sanciones no iremos a ninguna parte. Necesitamos garantizar que vinculemos el tema de las sanciones con la HIPC. Hay que asegurar crecimiento económico en este país participando del comercio, y ese comercio puede hacerse si se eliminan las sanciones", añadió.
El ministro Biti destacó que la iniciativa HIPC funcionó para otros países africanos, como Mozambique, Uganda y Zambia, pero Qhubani Moyo sostuvo que esas comparaciones eran erróneas.
"Si crees que hay una fórmula para solucionar las dificultades que golpean a todos los países africanos, entonces tendrás un grave problema a largo plazo", dijo.
"Países como Mozambique vienen de una sangrienta guerra civil. Zimbabwe es un país cuya economía colapsó pero no hubo destrucción de infraestructura ni de superestructura. Además, si miras a Mozambique y a esos otros países que fueron reconocidos dentro de la HIPC, el llamado crecimiento es nominal. No se siente a nivel de los individuos", sostuvo.
Janet Mudzwiti, de la Coalición de Zimbabwe sobre Deuda y Desarrollo, también criticó al HIPC pero desde otro ángulo.
"Estamos en contra de iniciativas de alivio de deuda lideradas por los prestamistas, simplemente porque su ideología no está a favor de las personas, no son políticas centradas en la gente", afirmó.
"Para nosotros, los principios de la HIPC aún dependen de políticas neoliberales de abrir mercados y cobrar cuotas para servicios sociales esenciales como la salud y el agua. Estamos diciendo que no es diferente del programa de ajuste estructural (exigido por los organismos de crédito), que fue desastroso", agregó.
Mudzwiti analiza el problema de la deuda zimbabwense desde dos perspectivas. "Está el tema de la deuda odiosa y el de la deuda ilegal", indicó.
"Cuando vemos el perfil de Zimbabwe, encontramos la deuda colonial, incurrida por los gobiernos blancos entre 1965 y 1980, y la asumida bajo los programas de ajuste estructural" más adelante, explicó.
La doctrina de la "deuda odiosa" establece que un pueblo no debe ser responsabilizado por los compromisos asumidos por gobernantes que ha tenido impuestos a la fuerza.
Gran parte de los 500 millones de dólares que Rodesia (nombre de la colonia que se independizó de Gran Bretaña en 1965 y ahora es Zimbabwe) asumió como deuda fueron destinados a la lucha contra la mayoría negra.
Mucho después, en los años 80 y 90, fueron impuestos por el FMI y el Banco Mundial en toda África programas de ajuste estructural, como condición al otorgamiento de préstamos para atender previas crisis de deuda.
Las condiciones restringieron drásticamente el gasto gubernamental en sectores clave como salud y educación, exigieron la privatización de importantes servicios como el agua y la electricidad, obligaron la devaluación de las monedas locales e impidieron que los gobiernos protegieran la producción interna con aranceles a la importación.
La adopción en Zimbabwe de estas medidas demostró ser desastrosa para la economía, y activistas temen que las condiciones para la HIPC puedan replicar esa experiencia.
Qhubani Moyo no quiere que este país acuda a las instituciones de Bretton Woods para obtener respuestas.
"Zimbabwe tiene una forma de encarar los problemas. No podemos tener una solución única para todo. Zimbabwe debe presentar su propio modelo y usar sus propios recursos para recuperarse y crecer", sostuvo.
