El tratado internacional contra las bombas de racimo obtuvo las dos ratificaciones necesarias para convertirse en ley pero aún carece del apoyo de Estados Unidos, uno de los mayores usuarios de estas armas que matan y mutilan a civiles mucho después del fin de un conflicto.
Burkina Faso y Moldavia llevaron el martes a 30 el número de países que ratificaron la Convención contra las Bombas de Racimo, la cantidad necesaria para que el tratado entre en vigor.
De esta manera, a partir del 1 de agosto quedará prohibido el uso, la fabricación y el comercio de las bombas de racimo y se fijarán plazos para la destrucción de las armas que estén almacenadas.
Los estados que utilizaron las bombas racimo en el pasado estarán obligados a brindar apoyo a las comunidades afectadas y a ayudarlas a limpiar las tierras contaminadas.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, indicó que la celeridad entre la adopción del tratado, en diciembre de 2008, y su ratificación es prueba "de la repugnancia colectiva del mundo ante las consecuencias de estas armas terribles".
El proceso que condujo al tratado comenzó en febrero de 2007 cuando 46 estados acordaron comenzar su redacción. La convención estuvo pronta para su ratificación en diciembre de 2008, luego de que recibiera la firma de 107 estados en mayo de 2008, tras negociaciones entre gobiernos favorables a la prohibición, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU.
Ahora, 14 meses después, alcanzó el umbral necesario para entrar en vigor.
"El breve plazo que llevó alcanzar este hito demuestra que los gobiernos poseen el fuerte deseo de que nunca más se utilicen estas terribles armas", afirmó Steve Goose, director de la división de armamento de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch, y copresidente de la Cluster Munition Coalition (Coalición contra las bombas de racimo).
Las bombas de racimo explotan en el aire y dispersan entre decenas y centenares de submuniciones o pequeñas bombas sobre amplias extensiones de tierra. Dado que su destino es difícil de controlar, las mismas pueden causar gran mortandad en la población civil.
Muchas de las submuniciones no explotan al impactar contra el suelo, lo cual las convierte en minas terrestres capaces de matar o mutilar a civiles mucho después del cese del conflicto armado.
Los niños y niñas corren especial peligro ya que con frecuencia se ven atraídos por el brillo metálico de las bombas semienterradas e ignoran el riesgo que representan.
"Las bombas de racimo son inestables e imprecisas" y "afectan la recuperación posterior a los conflictos al tornar inaccesibles los caminos y la tierra para los granjeros y los trabajadores" de las organizaciones de ayuda, declaró Ban.
Estados Unidos, que históricamente ha sido uno de los principales usuarios de las bombas de racimo, se negó a firmar el tratado, junto a otras potencias militares como China, India, Israel, Rusia y Pakistán.
El gobierno de George W. Bush (2001-2009) se opuso activamente a la convención internacional con el argumento de que las bombas de racimo cumplen una función militar importante.
Los defensores del tratado esperaban que el gobierno de Barack Obama modificara la actitud de Estados Unidos. En febrero de 2009, menos de un mes después de que Obama asumiera la presidencia, el Congreso legislativo de este país presentó el proyecto de ley de Protección de la Población Civil contra las Bombas Racimo.
Pero un año después, la iniciativa sigue en comisión y no queda claro cuál es la postura de Obama al respecto, aunque el presidente promulgó una ley en marzo de 2009 que prohibió la exportación de prácticamente toda la producción estadounidense de bombas de racimo.
El empleo a gran escala más reciente de estas armas se produjo en la guerra entre Rusia y Georgia, en agosto de 2008, que Human Rights Watch consideró el primero desde los ataques de Israel contra Líbano en 2006.
En las últimas 72 horas del conflicto de 2006, Israel habría disparado más de 1.800 misiles con bombas de racimo que contenían 1,2 millones de submuniciones. Dos meses después del cese de las hostilidades, entre tres y cuatro personas morían o quedaban mutiladas cada día como consecuencia de la explosión de las bombas desperdigadas por el territorio libanés.
"Cada país signatario debe ratificar (el tratado), y quienes no lo hayan firmado deben hacerlo para evitar la pérdida innecesaria de más vidas y extremidades de civiles", dijo Goose, quien precisó que más de la mitad de los estados del mundo acordaron aprobar la ratificación.
"En virtud de esta nueva ley internacional, es especialmente importante que antiguos usuarios del arma como Estados Unidos, Rusia e Israel reevalúen sus posturas, que ponen el argumento cuestionable de la necesidad militar por encima del daño humanitario, bien documentado, que causan las bombas de racimo", destacó.
"Las bombas de racimo ya están estigmatizadas al punto de que ningún país debería usarlas de nuevo, incluso aquellos que aún no se incorporaron a la Convención", agregó.
Aun cuando 107 países apoyen el tratado, la no adhesión de Estados Unidos implica que la convención no llega a controlar la mitad de las bombas de racimo en el planeta.
"Si Estados Unidos lo adoptara, prohibiría más de la mitad de las bombas de racimo utilizadas en el mundo", dijo a IPS Lora Lumpe, representante ante el Congreso de Friends Committee on National Legislation (Comité de Amigos sobre la Legislación Nacional), de la U.S. Campaign to Ban Landmines (Campaña de Estados Unidos para prohibir las Minas Terrestres), cuando se presentó la iniciativa en ese sentido en el Congreso hace un año.
Además, con su firma Washington podría presionar a otros usuarios a gran escala de las bombas de racimo para que sigan su ejemplo, como Rusia y China.
"El tratado contra las bombas de racimo es el tratado de desarme más importante que se haya redactado desde que la prohibición contra las minas terrestres entró en vigor hace más de 10 años", aseguró Ed Kenny, de la organización por los discapacitados Handicap International, en referencia a la convención internacional de 1997 que sirvió de modelo para el texto que entrará en vigor en agosto.
Entre los 30 países que ratificaron el tratado existen aquellos que han utilizado bombas de racimo en el pasado y que tienen almacenadas este tipo de armas. España es el único de este grupo que concluyó la destrucción de todas las armas que tenía almacenadas.
El próximo paso una vez que el tratado entre en vigor en agosto será una reunión de los estados ratificantes, en Laos a fines de 2010.
