Defensores de las libertades civiles y juristas reaccionaron este viernes a lo que describieron como «la ejecución deliberada de ciudadanos estadounidenses alejados de toda actividad hostil, si el Poder Ejecutivo determina en forma unilateral que se ajustan a una definición secreta de enemigo».
La reacción respondió a una admisión del director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, que tomó por sorpresa a la comunidad de inteligencia y a sus críticos. Blair reconoció el miércoles en una audiencia del Congreso legislativo que Estados Unidos puede, con aprobación del Poder Ejecutivo, matar a ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) es una de las organizaciones que expresaron indignación por la falta de información pública sobre esta política y las posibilidades de abuso que se abren.
"Creo que se trata de algo más que de instigar miedo. Matan a alguien y no necesitan ninguna justificación", comentó el abogado George Brent Mickum, quien defendió a varios detenidos en la base militar de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba.
"Hemos matado a miles de víctimas inocentes en un intento por eliminar a supuestos operadores (terroristas). Y no olvidemos con cuánta frecuencia nuestros servicios de inteligencia se han equivocado sobre supuestos operadores" terroristas, destacó Mickum en declaraciones a IPS.
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"Mis clientes Bisher al Rawi, Jamil el-Banna, Martin Mubanga, Abu Zubaydah y Shaker Aamer fueron todos acusados de terrorismo sobre la base de datos de inteligencia. En cada uno de los casos, la inteligencia se equivocó. No tengo ninguna esperanza de que la inteligencia sea mejor con respecto a supuestos terroristas estadounidenses", declaró el abogado.
Francis A. Boyle, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, dijo a IPS que "esta ejecución extrajudicial de seres humanos" viola tanto el derecho internacional como la quinta enmienda de la Constitución nacional.
"El gobierno de Estados Unidos ha elaborado una lista de muerte para ciudadanos estadounidenses en el exterior, similar a las que elaboraban las dictaduras latinoamericanas en sus guerras sucias", sostuvo Boyle.
La comunidad defensora de los derechos humanos fue igualmente enérgica en su reacción. "La respuesta más breve es que los combatientes pueden ser ejecutados y los civiles no, según el derecho internacional. La ciudadanía no importa. El hecho es que ser sospechoso de terrorismo no significa necesariamente ser combatiente", observó Daphne Eviatar, abogada de la organización Human Rights First.
"La pregunta clave es si la persona ejecutada participa directamente en hostilidades. De lo contrario, es un crimen de guerra", agregó.
Al dar su testimonio ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Blair reconoció que la comunidad de inteligencia toma "medidas directas" contra los presuntos terroristas.
Asimismo, admitió que los funcionarios antiterroristas pueden matar a ciudadanos estadounidenses que participen en grupos extremistas en el exterior "con permiso específico" de sus superiores.
"Si pensamos que una medida directa implicará matar a un estadounidense, pedimos un permiso específico", declaró Blair en respuesta a una pregunta del representante Pete Hoekstra, del opositor Partido Republicano.
Las declaraciones de Blair fueron precedidas de la publicación de un artículo en el diario The Washington Post en el cual se afirmaba que el presidente Barack Obama había adoptado la política de su antecesor, George W. Bush, de autorizar la ejecución de ciudadanos estadounidenses involucrados en actividades terroristas en el exterior.
El artículo, que citó a funcionarios anónimos, sostenía que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales tienen a tres ciudadanos estadounidenses en sus listas de personas que buscan capturar o ejecutar.
Chip Pitts, presidente del grupo de derechos humanos Bill of Rights Defence Committee, lamentó la posición del presidente.
"Al igual que adoptar la política de detención indefinida de Bush, adoptar la política de las ejecuciones extrajudiciales selectivas es un trágico error legal, moral y práctico de la administración Obama", dijo a IPS.
"Aun para quienes aceptan la legitimidad de la pena de muerte, esto debilita el estado de derecho, que es nuestra mejor arma para luchar contra los verdaderos terroristas, sin subvertir por completo el debido proceso y los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses", señaló Pitts.
Ben Wizner, un abogado que trabaja para el Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, consideró "alarmante" que el presidente pueda autorizar el asesinato de estadounidenses en el exterior, "aunque estén lejos de las hostilidades, nunca hayan tomados las armas contra Estados Unidos y sólo sean considerados una amenaza no específica".
