Bashe Abdi Yousuf era un joven empresario en Somalia cuando fue detenido, torturado y mantenido en confinamiento solitario durante seis años. Aziz Mohammad Deria perdió a su padre y hermano cuando los secuestraron y asesinaron. Tanto Yousuf como Deria son ciudadanos estadounidenses.
Estos ataques se cometieron a comienzos de los años 80, durante la dictadura del presidente somalí Mohammad Siad Barre (1969-1991), cuando los militares de esa nacionalidad usaban las torturas, las violaciones y las ejecuciones sumarias para eliminar a miembros de etnias desposeídas y a opositores políticos.
Mohammad Ali Samantar, ex ministro de Defensa de Somalia y primer ministro en esa época, ahora vive cómodamente en Fairfax, en el oriental estado estadounidense de Virginia, desde que escapó de su país, donde el gobierno colapsó en 1991.
A raíz de una demanda presentada ante la Corte Suprema de Estados Unidos puede llegar a decidirse si los funcionarios de gobiernos extranjeros acusados de crímenes de guerra tienen o no derecho a hallar refugio en el país norteamericano.
Las audiencias del caso en cuestión, "Samantar versus Yousuf", se iniciarán el 3 de marzo. La demanda fue presentada por ciudadanos somalíes y estadounidenses naturalizados, que denuncian haber sido torturados. También aseguran que sus familiares fueron objeto de ejecuciones extra-judiciales llevadas a cabo por soldados somalíes comandados por Samantar.
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Sin embargo, el acusado reclama que lo declaren inmune en relación a ese caso, citando la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, que establece que un estado extranjero es inmune a las demandas presentadas en Estados Unidos.
Las víctimas han citado la Ley de Protección a las Víctimas de Torturas (TVPA, por sus siglas en inglés), en el marco de la cual los presuntos torturadores pueden ser llevados a juicio si los sujetos en cuestión han elegido vivir en Estados Unidos y no existe un sistema judicial efectivo en el país donde se cometió el delito.
Abogados del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, en el occidental estado de California, sostienen que el Alien Tort Statute (estatuto de quejas y agravios para extranjeros) se aplica a este caso. Esta normativa permite que los no-ciudadanos presenten demandas en tribunales estadounidenses por violaciones al derecho internacional.
Actualmente el CJA representa a cinco víctimas. Dos de ellos son los ciudadanos estadounidenses Yousuf y Deria, y el tercero es el identificado por el seudónimo John Doe I, cuyos hermanos fueron objeto de ejecuciones sumarias realizadas por soldados.
La cuarta víctima, Jane Doe (también un seudónimo), una estudiante universitaria que fue detenida, violada 15 veces y recluida en confinamiento solitario durante tres años. Y la quinta es John Doe II, quien fue encarcelado por su afiliación a un clan y a quien luego un escuadrón intentó fusilar, pero que sobrevivió milagrosamente escondiéndose bajo cadáveres.
"En este caso, la Corte determinará si los funcionarios del gobierno extranjero que vengan a Estados Unidos y disfruten los beneficios de estar y vivir en Estados Unidos están por encima de la ley de un modo en que nadie más lo está en este país democrático", escribió Pamela Merchant, directora ejecutiva del CJA, en el sitio web de la organización, que representa honorariamente a los demandantes.
La demanda ha concitado el interés de una amplia gama de entidades, entre ellas cuatro judías: la Organización Sionista de Estados Unidos, la Unión de Congregaciones Judías Ortodoxas de Estados Unidos, Agudath Israel de Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Abogados y Juristas Judíos.
Si la Corte falla a favor de los demandantes "habrá una racha de demandas de esta clase contra Israel", advirtió Alyza Lewin, abogada de al firma Lewin & Lewin, que presentó un escrito voluntario ("amicus curiae", o amigo del tribunal) a favor de Samantar y en contra de que los funcionarios extranjeros sean vulnerables a las demandas civiles.
"Será muy difícil, si no imposible, que un tribunal estadounidense evalúe qué ocurrió en un país extranjero", dijo Susan Tuchman, directora legal de la Organización Sionista de Estados Unidos, una de las firmantes del texto.
El gobierno de Arabia Saudita también elevó una petición en nombre de Samantar.
En el otro extremo del asunto, abogados del Centro para los Derechos Civiles y Humanos de la Escuela de Leyes de Notre Dame presentaron otro informe amicus curiae, en representación de 26 ex diplomáticos estadounidenses y funcionarios del Departamento de Estado (cancillería).
El escrito sostiene que a los ex funcionarios extranjeros demandados ante tribunales de Estados Unidos por torturas y ejecuciones extrajudiciales no pueden ser declarados inmunes.
"Nuestra experiencia colectiva enseña que las relaciones internacionales cordiales no requieren que se les dé a los ex funcionarios extranjeros un manto de inmunidad en relación a una demanda en nuestros tribunales por presuntas torturas y ejecuciones extrajudiciales", escribieron los ex diplomáticos.
El 27 de enero, los senadores Arlen Specter y Russ Feingold y la representante Sheila Jackson Lee presentaron un informe en apoyo a la decisión original del cuarto circuito judicial que permite demandar a Samantar. En 1991, Specter había ayudado a redactar la TVPA.
