Un fallo histórico en el estado de Washington sería el primer paso para restituir el derecho al voto a millones de personas que perdieron esa facultad en Estados Unidos por haber cometido delitos graves.
Los jueces del noveno circuito federal A. Wallace Tashima y Stephen Reinhardt fallaron a favor de ciudadanos privados del derecho al voto por haber recibido penas superiores a un año de prisión, en una decisión de dos contra uno.
El secretario de Estado de Washington, Sam Reed, y el fiscal general Rob McKenna apelarán la decisión judicial ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Si la demanda prospera, 47.000 ciudadanos que están en la cárcel o bajo supervisión del estado de Washington recuperarán el derecho al voto, dijo el director de comunicaciones de Reed, David Ammons.
Además, el caso podría tener repercusiones sobre la situación de los convictos en otros estados, al allanar el camino a demandas similares.
La organización Sentencing Project, que aboga por un sistema penal más justo, calcula que 5,3 millones de ciudadanos no pueden votar porque recibieron una condena penal superior a un año de prisión y viven en uno de los 48 de los 50 estados de este país que privan a los convictos y ex convictos de ese derecho. De esa cifra, aproximadamente cuatro millones salieron de la cárcel.
"Es una victoria absoluta", dijo a IPS Kara Gotsch, directora de proyectos de Sentencing Project. "La disparidad racial y la discriminación que existe en el sistema judicial penal es algo que nos preocupa como organización desde hace tiempo", aseguró.
"Que el tribunal reconozca que la discriminación racial es un problema en sí mismo es una observación importante, pero el hecho de que esto también pueda repercutir en las leyes sobre el derecho al voto de los convictos también lo es", dijo Gotsch.
En cuanto al posible impacto del fallo, emitido a comienzos de año, otros "podrían probar similares reclamos en otros estados. ¿Por qué el sistema de justicia penal del estado de Washington habría de ser más discriminatorio que el de Alabama? Los demandantes podrían presentar procesos similares y tener éxito", dijo Gotsch.
Pero no todos consideran que el fallo sea una victoria. Las constituciones de Estados Unidos y Washington, "y las leyes de 47 estados más concuerdan en que los convictos pueden perder este importante derecho civil cuando violan los derechos de otros al cometer atroces violaciones de la ley", declaró Reed.
"Me complace que el fiscal general plantee el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, y espero un resultado positivo", afirmó.
Aunque en el pasado se presentaron numerosas demandas para restituir la capacidad de sufragar a los procesados de delitos graves, este caso es singular porque se concentra en el impacto racial que la privación de ese derecho tiene en relación con la histórica Ley de Derecho al Voto (LDV).
El Congreso (parlamento) de Estados Unidos aprobó la LDV en 1965.
El fallo en Washington "se basó en (el argumento de) que el estado violaba la LDV. El país tiene una historia de discriminación racial en sus leyes de derecho al voto, como los impuestos al sufragio" y las pruebas de alfabetización exigidas para poder votar, señaló Gotsch.
"La discriminación racial contra las minorías siempre ha sido una inquietud en las leyes de derecho al voto debido a esta historia. (Los jueces en Washington) pudieron argumentar que la raza influye en quienes son capaces de votar porque existe discriminación en el sistema penal de justicia", agregó.
"Las minorías son procesadas y condenadas en mayor proporción (que el resto de la población)", lo cual hace que ese sesgo se refleje en la cantidad de electores "privados de su derecho al voto por la Constitución de Washington", argumentaron los abogados demandanes, según el fallo de la corte de apelaciones del distrito noveno.
En consecuencia, la ley en Washington "provoca la privación del voto por causa de la raza, en violación de la LDV", sostuvieron. Los demandantes en el caso son los afroestadounidenses Muhammad Shabazz Farrakhan, Al-Kareem Shadeed, Marcus Price y Timothy Schaaf, el hispano Ramón Barrientes y el indígena Clifton Briceno. La demanda se presentó ante un tribunal por primera vez en 1996.
El tribunal de distrito había fallado previamente a favor del estado de Washington. Sin embargo, la corte federal de apelaciones anuló y remitió el caso al tribunal inferior. Este luego falló a favor del estado por segunda vez.
La corte de apelaciones del circuito federal invalidó el fallo nuevamente, y decidió a favor de los demandantes.
"Explicamos cómo el artículo 2 totalidad de las circunstancias de la LDV requiere que las cortes consideren cómo una práctica de votación denegada interactúa con factores externos como las condiciones sociales e históricas para concluir en la privación del derecho al voto sobre la base de la raza o el color", dictaminó el tribunal de apelaciones.
Gotsch cree muy probable que la Corte Suprema tome el caso dado que otros tribunales de circuitos federales de Estados Unidos llegaron a conclusiones distintas en casos similares sobre la LDV y los convictos de delitos graves.
Entre esos fallos están los casos del primer circuito de Massachusetts, del segundo circuito de Nueva York y del onceavo circuito de Florida, según el blog de Judicial Watch, una organización dedicada a vigilar el cumplimiento de las leyes.
Entre tanto, los procesados por delitos graves en Washington y 47 estados más siguen privados del derecho al voto.
Organizaciones de derechos humanos y legisladores estatales y federales aplican distintas estrategias para restituir el derecho a esos ciudadanos.
El proyecto de Ley de Restauración Democrática se presentó en el Congreso de Estados Unidos en 2009 para restituir el derecho al voto a los convictos en las elecciones nacionales.
Técnicamente, el proyecto no restituiría el derecho al voto en las elecciones estatales, sobre las cuales los estados tienen competencia. Pero en la práctica podría tener efecto a nivel estatal también, porque sería muy complicado permitir a los convictos votar en las elecciones federales y no en las estatales.
Debido a los esfuerzos de organizaciones como Sentencing Project, la National Association for the Advancement of Coloured People (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) y otras, la tendencia en la última década ha sido que las legislaturas estatales y los gobernadores cambien sus leyes para permitir el derecho al voto de algunos convictos.
Diecinueve estados ampliaron o facilitaron el acceso al voto de convictos desde 1997, señaló Gotsch.
