La detención de un periodista judío estadounidense «por razones de seguridad», las amenazas de un ministro contra diplomáticos extranjeros y el arresto de pacifistas pusieron de manifiesto en Israel la creciente intolerancia del gobierno a las críticas.
A estos hechos se sumó la invasión por parte del ejército israelí de la casa de una activista extranjera en Ramalá, ciudad que supuestamente se halla bajo pleno control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y su posterior detención y deportación a punta de pistola, con el argumento de que tenía la visa vencida.
"No permitiremos que todos los países nos critiquen. Si alguno ataca a Israel, estaremos abiertos a todas las opciones, incluida la expulsión de embajadores", amenazó el vicecanciller israelí Danny Ayalon el día 16.
El exabrupto de Ayalon ocurrió poco después de un publicitado enfrentamiento político con Turquía por un programa de televisión turco que critica las políticas de Israel.
Al respecto, el analista Zvi Barel comentó sarcásticamente en el diario israelí Haaretz: "¿Gran Bretaña quiere boicotear los productos israelíes? Convocaremos al embajador británico y lo acostaremos en una cama de clavos". "¿Estados Unidos no es justo con nosotros? Le apuntaremos al embajador estadounidense en la cabeza con una pistola descargada y le dispararemos, sólo para asustarlo. No somos asesinos; sólo tratamos de asustar, lo cual crea respeto, se sabe", escribió Barel.
El diario Haaretz también publicó un artículo sobre el presunto chantaje político de Israel a la ANP a propósito del informe de la comisión independiente encabezada por el juez sudafricano Richard Goldstone, enviado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Medio Oriente para investigar supuestos crímenes de guerra cometidos durante el ataque de Israel a la Franja de Gaza hace un año.
La comisión concluyó que tanto el ejército de Israel como los militantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas, por sus siglas en árabe) cometieron crímenes de guerra durante la ofensiva "Plomo fundido", entre diciembre de 2008 y enero de 2009, que causó la muerte de unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles y más de una quinta parte de ellos niños.
Del lado israelí hubo cuatro civiles muertos en el sur de Israel y nueve soldados caídos en combate en Gaza, cuatro de ellos por "fuego amigo".
El informe Goldstone criticó duramente los ataques deliberados de Israel contra civiles palestinos y su uso desproporcionado de la fuerza en esa ofensiva y recomendó que el Consejo de Seguridad traslade el caso a la Corte Penal Internacional si las partes no logran aclarar los presuntos abusos cometidos durante el conflicto.
Tras recibir un apoyo abrumador internacional y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe de Goldston iba a pasar de la Asamblea General a la agenda del Consejo de Seguridad, cuyas decisiones tienen carácter vinculante.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, principalmente de los palestinos, el presidente palestino Mahmoud Abbas pidió el pasado octubre que la votación sobre las recomendaciones del informe se postergarán hasta marzo de este año.
Analistas políticos atribuyeron esta medida a la batalla diplomática lanzada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para evitar que el tema llegara a la agenda del Consejo de Seguridad, rompiendo así la cadena que derivaría en un eventual juicio a los jefes militares israelíes en la Corte Penal Internacional.
Según el diario Haaretz, la solicitud de Abbas al Consejo de Derechos Humanos se debió a las amenazas recibidas en una reunión con Yuval Diskin, jefe del servicio de inteligencia interior de Israel, el Shin Bet.
Diskin advirtió a Abbas que "si no solicitaba una postergación de la votación sobre el informe Israel convertiría a Cisjordania en una segunda Gaza", afirmó Haaretz, y agregó que un alto militar israelí hizo amenazas similares a los palestinos.
Diskin, cuyo superior jerárquico inmediato es Netanyahu, también advirtió a los palestinos que el alivio de las restricciones de movimiento dentro de Cisjordania sería revocado, así como el permiso para las operaciones de una segunda empresa de telefonía móvil, Wataniya. Si esto ocurriera, la ANP tendría que pagar a Wataniya decenas de millones de dólares como compensación.
La sensibilidad de Israel a las críticas quedó en evidencia nuevamente hace algunas semanas cuando soldados israelíes invadieron por sorpresa el apartamento en Ramalá de la ciudadana checa Eva Novakova, tras rodear la zona con 20 hombres fuertemente armados que tomaron posiciones en azoteas vecinas.
Novakova fue obligada a vestirse a punta de pistola, detenida y deportada a Praga, con el argumento oficial de que su visa había vencido. No tuvo acceso a un abogado. Como Ramalá está formalmente bajo pleno control palestino, ese tipo de operativo militar isaraelí normalmente se limita al arresto de militantes palestinos armados, sospechosos de perpetrar ataques contra objetivos israelíes.
Los críticos opinaron que la deportación de Novakova se debió a su participación en protestas pacíficas contra el muro de separación construido por Israel a lo largo de la frontera con los territorios palestinos, que expropia ilegalmente tierras agrícolas de palestinos en beneficio de colonos israelíes, y al apoyo internacional que recibieron esas protestas.
Otra acción represiva de Israel contra la crítica fue la detención la semana pasada de Jared Malsin, un periodista judío estadounidense que dirigía el servicio en inglés de la agencia de noticias palestina Maan, en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.
Malsin residía desde hacía dos años en Cisjordania e Israel lo consideró una amenaza a su seguridad por escribir informes hostiles al gobierno israelí y por informar desde los territorios palestinos.
El pasado viernes, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reclamó la revocación de la orden de deportación de Malsin, y el Comité para la Protección de los Periodistas pidió su liberación inmediata.
"Condenamos esta violación intolerable a la libertad de prensa", declaró Aidan White, secretario general de la FIP. "La prohibición de entrada al país en este caso parece ser una medida de represalia por el trabajo independiente del periodista, y esto es inaceptable", agregó.
Mientras, Hagai Elad, presidente de la Asociación de Derechos Civiles de Israel, fue detenido a mediados de este mes junto con otros 12 activistas por manifestarse pacíficamente en Jerusalén oriental, habitado mayoritariamente por palestinos y bajo control de Israel, contra las demoliciones de viviendas palestinas y la expulsión de sus habitantes.
