Un funcionario «usaba el cable para golpear. Cada azote arrancaba piel y ésta quedaba pegada en el cable», contó Mnoh*, de 16 años, al ser consultado sobre su detención en el Centro de Choam Chao para la Rehabilitación de la Juventud, en Camboya.
"Si alguien intentaba escapar, era castigado. Algunos lograron salir, otros no. La mayoría de los que eran castigados eran golpeados hasta quedar inconcientes. Golpizas como éstas ocurrían todos los días", añadió.
Mnoh es apenas uno de los 53 camboyanos entrevistados por la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, para su informe de 93 páginas titulado "Skin on the Cable" ("Piel en el cable") lanzado este lunes en la capital tailandesa.
Entre febrero y julio de 2009, HRW documentó un extendido uso de abusos físicos y sexuales en centros de detención gubernamentales en todo Camboya. Allí los detenidos fueron golpeados, violados, obligados a donar sangre y sometidos a otras formas de maltrato, como la de "rodar como barril" en un campo lleno de piedras o ser encadenados al sol.
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"Los individuos en estos centros no son tratados ni rehabilitados. Están detenidos ilegalmente y por lo general son torturados", señaló Joseph Amon, director de la división de Salud y Derechos Humanos de HRW.
La organización intentó en vano obtener una versión oficial sobre las condiciones en esos establecimientos.
La Autoridad Nacional de Camboya para el Combate de las Drogas (NACD, por sus siglas en inglés) calculaba que había 5.686 personas con problemas de adicción en 2008.
Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen estima que cuatro por ciento de la población camboyana consume drogas, esto es, unos 600.000 de los aproximadamente 15 millones de habitantes de este país de Asia sudoriental.
La NACD señaló que los centros tenían 2.382 detenidos en 2008, 40 por ciento más respecto de los 1.719 de 2007. Alrededor de 24 por ciento, o 563, tenían 18 años o menos, mientras que 104, o cuatro por ciento, eran menores de 15.
Esos centros han existido en Camboya oficialmente desde 2006, aunque muchos son previos a ese año, dijo Amon.
De los 11 registrados oficialmente, cinco son administrados por los militares, dos por la policía, tres por el Ministerio de Asuntos Sociales y uno directamente por la municipalidad de Phnom Penh. Todos siguen las mismas rutinas y observan una misma "política" de abusos, físicos y sexuales, señaló Amon.
Según el informe de HRW y otros grupos no gubernamentales locales, como la Liga Camboyana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, los adictos son generalmente arrestados por redadas regulares de la policía en la capital, que busca personas consideradas "indeseables" en las calles.
En el número de mayo de 2009 del The Cambodia Daily, el vicegobernador de uno de los distritos capitalinos fue citado afirmando que los detenidos "ensuciaban la ciudad". "Los juntamos para limpiar la ciudad", afirmó.
Esas redadas por lo general son realizadas en vísperas de alguna celebración nacional importante o de reuniones internacionales en la capital. Según las autoridades, 38 por ciento de las personas recluidas en esos centros fueron detenidas en redadas policiales.
"Nunca ven a un abogado, nunca ven a un juez, nunca hubo ninguna acusación formal contra ellos", dijo Amon.
"Algunos eran adictos a las drogas y otros no. Fueron transferidos a centros de detención por drogas debido a que parecían adictos", añadió, y citó el caso de una persona que "se le dijo que su examen había resultado negativo, pero no obstante fue ingresada al centro".
Algunos evitan la detención sobornando a los policías.
Otros entrevistados para el informe dijeron haber sido entregados a la policía por sus propios familiares, que pagaron 200 dólares por su arresto, además de una "cuota de tratamiento" de 50 dólares mensuales. Todo esto es una clara violación de la ley nacional sobre adicción a las drogas, según la cual debe ser el Estado quien lleve el costo del tratamiento en instalaciones públicas.
"Esas cuotas son ilegales", afirmó Amon. Ningún medicamento ni examen es realizado a los detenidos por su adicción, añadió.
Los centros "no son dirigidos por profesionales de la salud, sino por policías y militares. No se lleva adelante ninguna evaluación médica", indicó.
"Las mujeres bellas son sacadas para ser violadas", contó Lolok, una mujer sin hogar que estuvo detenida en un centro de Prey Sepu, en las afueras de la capital.
Otros, en su mayoría menores, se aseguraban la libertad tras donar sangre, supuestamente para ser usada en centros médicos.
Duongchem, otro detenido, contó que los más jóvenes donaban sangre por temor a ser golpeados por los funcionarios con cables eléctricos.
* Los nombres de todos los individuos citados en el informe de HRW fueron cambiados por su seguridad.
