Uganda retrocederá a la época de la dictadura de Idi Amín si aprueba un proyecto legislativo que castiga con la pena de muerte a las personas gays y lesbianas, advierten activistas de derechos humanos.
Las prácticas homosexuales ya están penalizadas en este país africano, pero la iniciativa legislativa que podría ser aprobada en las próximas semanas incorpora el delito de "homosexualidad agravada" relaciones sexuales reiteradas entre personas del mismo sexo sancionado con la pena capital.
La pena de muerte también se aplicaría a quienes mantengan relaciones sexuales con una pareja del mismo sexo menor de 18 años, o con una discapacidad o portador de VIH (virus de inmunodeficiencia humana).
Asimismo, la iniciativa legislativa exige que Uganda se retire de todo tratado internacional que proteja a la homosexualidad.
El proyecto de ley Anti Homosexualidad es comparable a la expulsión de las personas de ascendencia asiática nacidas en este país africano que el ex dictador ordenara en 1972, señalan los activistas.
"Esto es una forma de asesinatos dirigidos, similares a los de Idi Amín", opinó la activista lesbiana Jacqueline Kasha.
La iniciativa, que causó polémica dentro y fuera de fronteras, podría en los hechos condenar al exilio a cerca de medio millón de ugandeses lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) que seguramente huirían del país antes de correr el riesgo de ser detenidos, aseguran los activistas.
En Uganda viven 27 millones de personas, pero no existen datos oficiales sobre la cantidad de ugandeses LGBT, ya que los censos nacionales no preguntan sobre la orientación sexual o la identidad de género.
"Lisa y llanamente, el proyecto dice: salgan de Uganda. Incluso si huyera del país indefinidamente, tendrían que ir a buscarme (según la ley propuesta). Viola todos los aspectos de los derechos humanos", agregó Kasha.
El proyecto también se aplicaría a todo ugandés que mantenga una relación LGBT fuera del país. La cláusula sobre jurisdicción extraterritorial permitiría al gobierno solicitar la extradición de quienes hayan huido del país para procesarlas, explicó.
David Bahati, legislador de la provincia de Ndorwa West, redactó el proyecto para proteger los valores de la familia tradicional, sostuvo cuando lo presentó a mediados de octubre.
Bahati aseguró a IPS que su iniciativa tiene un fuerte respaldo en el parlamento y confía en que será aprobado en las próximas semanas, a pesar de la controversia internacional al respecto y la oposición de los activistas de derechos humanos.
"Los gays y sus simpatizantes nos atacaron y los donantes (de Uganda) presionaron al gobierno" en contra del proyecto, explicó. Pero el presidente Yoweri Museveni respalda la iniciativa legislativa.
"He oído que los homosexuales europeos están reclutando en África. Tradicionalmente, nosotros (los ugandeses) teníamos muy pocos homosexuales. No eran perseguidos pero tampoco alentados porque era evidente que Dios había ordenado las cosas así. Así que ustedes deben rechazar la homosexualidad porque es antinatural", declaró Museveni ante una reunión de jóvenes en Kampala el mes pasado.
El proyecto no sólo penaliza los actos homosexuales, sino también la promoción de la homosexualidad, y obliga a las comunidades a denunciar supuestos casos de personas LGTB.
Este último punto creará "una sociedad al estilo fascista donde los familiares, los prestadores de servicios y los colegas son obligados a espiarse unos a los otros", comentó Solome Kimbugwe Nakawesi, una activista de la organización de mujeres Akina Mama Wa Afrika (AMWA).
Gerald Sentongo, de la organización Sexual Minorities Uganda (SMUG), dijo a IPS que eso significa que las personas corren el riesgo de ser arrestadas por no denunciar a un familiar LGTB.
"Es inhumano. Abarca a todos: mi madre, mi vecino, mi abogada. Ellos saben que soy gay, pero si no lo denuncian, serían arrestados. ¿Entonces cómo va a saber alguien de mi sexualidad a menos de que sea dentro del dormitorio?", preguntó Sentongo.
El grupo de derechos humanos Citizens Coalition on Human Rights and Constitutional Law (CHCL) comparó el proyecto a la situación de apartheid que se vivió en Sudáfrica.
"¿Ya nos hemos olvidado de la policía sexual en la Sudáfrica del apartheid que entraba con violencia a los dormitorios de la gente para impedir el sexo interracial?", preguntó Sylvia Tamale, jurista de la Universidad de Makerere e integrante del CHCL, en un debate público.
"La última vez que se hizo esto fue durante el gobierno de Idi Amín, cuanto todos eran enemigos del estado. Es una invasión de nuestros hogares, y fomentará el chantaje, las acusaciones falsas y la intimidación", dijo.
El proyecto define la homosexualidad de manera tan amplica que incluye tocar a otra persona con la intención de cometer homosexualidad. Es una disposición sumamente propensa al abuso y coloca a todos los ciudadanos (tanto heterosexuales como homosexuales) en riesgo", sostuvo la jurista.
La cláusula 13 del proyecto, que pretende penalizar "la promoción de la homosexualidad", provocaría una censura generalizada y socava las libertades fundamentales, como el derecho a la libre expresión y la asociación, agregó Tamale.
