Activistas humanitarios y líderes religiosos del sudoccidental estado estadounidense de Arizona tratan de contener el miedo que suscita la flamante ley estadual que obliga a los funcionarios públicos a denunciar a inmigrantes indocumentados.
"Hay pánico en la comunidad", señaló la pastora Magdalena Schwartz, religiosa metodista defensora de los derechos de los inmigrantes en Arizona.
"Las autoridades tienen que darse cuenta de que la confusión pone en peligro a la seguridad pública", remarcó Schwartz, "porque los padres tienen miedo de llevar a sus hijos al médico, aun cuando la ley no debería afectarlos".
"Da más miedo cuando estamos en medio de una temporada de influenza", añadió.
Arizona se considera un laboratorio de pruebas para leyes de inmigración nacionales. En los últimos cinco años, miembros del ahora opositor Partido Republicano aprobaron normas que van desde prohibir becas para estudiantes sin documentos hasta negar la fianza a personas acusadas de cometer un delito.
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La ley estadual, que entró en vigor el 24 de noviembre, requiere que funcionarios estaduales y de los distintos distritos de Arizona informen a las autoridades de inmigración sobre toda solicitud de beneficios presentada por inmigrantes irregulares. De lo contrario podrían llegar a ser condenados a cuatro meses de prisión.
La norma también habilita a los contribuyentes a demandar a una institución estadual o municipal si consideran que no aplica la ley de forma correcta.
No están incluidos los servicios de atención médica de emergencia ni la policía ni los bomberos, pero hay mucha preocupación y desconfianza.
"Con la salud de mi hija, no juego", dijo a IPS José, quien no tiene documentos en regla. "La llevaré al médico", aseguró este padre de una ciudadana estadounidense que está bajo tratamiento médico por un trasplante de hígado.
"Pero me siento entre la espada y la pared. Cómo me voy a ocupar de mi hija sí me deportan", preguntó.
Jazmín tampoco tiene los papeles en regla y hace tres días que no lleva a su hijo, también ciudadano estadounidense, al médico por temor a ser deportada.
La joven madre tiene miedo de dar sus datos personales por temor a que las autoridades de inmigración la vayan a buscar porque tiene pendiente una solicitud para renovar el seguro de salud estatal de su hijo, por lo que decidió pedir ayuda a una organización religiosa.
El pastor Jesús Garza, del Centro de Alabanza Judá, Asambleas de Dios, ayuda a decenas de familias de inmigrantes con miedo a concurrir a la consulta médica.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes combaten el temor con información a través de los medios de comunicación en español, señaló el abogado de derechos humanos Daniel Ortega.
"Llegamos a la conclusión de que mientras la gente no admita que está en el país de forma ilegal, no tiene nada de qué preocuparse", dijo Ortega a IPS. "Si son inmigrantes sin documentos saben que no deben solicitar ningún beneficio público", añadió.
Las propias agencias del gobierno dudan sobre cómo implementar la ley. El Departamento de Administración de Arizona solicitó la opinión formal de la oficina del fiscal general con más de 13 preguntas sobre su implementación.
El Departamento de Seguridad Económica (DSE) de Arizona, que gestiona varios de los beneficios implicados, como vales canjeables por alimentos y seguros de salud, divulgó el 3 de este mes información sobre los procedimientos a los cuales se aplica la ley.
"Vamos a seguir aplicando la ley estadual y federal como lo hemos hecho hasta ahora", señaló el portavoz del DSE, Steve Meissner. "El no poder mostrar los documentos es no admitir que están en el país de forma ilegal", remarcó.
Los partidarios de la ley sostienen que respeta la voluntad de los votantes de Arizona, que en 2004 aprobaron la Propuesta 200. El impacto de esa iniciativa, destinada a negar beneficios a los inmigrantes irregulares, se limitó a cinco programas por decisión del fiscal general.
"No cambió nada, esto es lo que quisieron los votantes", sostuvo el representante republicano Steve Montenegro. "Tenemos dificultades económicas en Arizona y hay que recortar fondos en distintas áreas. Es correcto verificar que las personas que solicitan beneficios estén calificadas para hacerlo", añadió.
Los detractores del proyecto de ley sostienen que perjudicará a los hijos de los inmigrantes indocumentados, quienes temen ser deportados al solicitar algún beneficio.
"No creo en esa retórica, eso es lo que siempre dicen. Pero las salas de emergencias se llenan apenas se vacían", señaló Valerie Roller, integrante de Riders U.S.A., una organización local que se opone a la legalización de los inmigrantes indocumentados.
Ella cree que los hijos de inmigrantes irregulares nacidos en Estados Unidos no deberían de poder ser ciudadanos.
La presidenta de la organización Somos America, Lydia Guzmán, recibe llamadas telefónicas de trabajadores sociales preocupados ante la posibilidad de perder el trabajo por no denunciar a una persona que resida en el país sin documentos.
Hay gran preocupación por los inmigrantes que quedan en el medio, como Jazmín.
"No es para mí que necesito la ayuda, es para mi hijo", dijo a IPS la madre de 24 años.
Numerosos cuestionamientos legales podrían poner un freno al proyecto.
La Corte Suprema del estado desestimó el 2 de este mes una demanda para suspender la implementación de la ley, presentada por la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona. El juicio cuestionaba cómo se había creado la norma. La asociación evalúa insistir con otro tribunal en las próximas dos semanas.
Otras organizaciones, como el Fondo de Educación y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense (Maldef, por sus siglas en inglés), están dispuestos a recusar los fundamentos de la norma.
"Maldef y yo estamos dispuestos a entablar una demanda si se niegan beneficios que no debieron ser negados, o si se procesa a un funcionario que no debió ser procesado", señaló el abogado de derechos humanos Ortega.
