Treinta años después de la firma de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, América Latina requiere más compromiso del movimiento femenino a favor de estos tratados y más y mejor aplicación de las leyes existentes.
La brasileña Silvia Pimentel, integrante del Comité de expertos independientes que vigila el cumplimiento de la Cedaw, dijo a IPS que "lo que hace falta para avanzar hacia la igualdad es que el movimiento de mujeres reconozca la importancia de estos tratados internacionales, y dialogue con ellos" como herramienta.
"Cuando demandamos por más justicia, es crucial que la sociedad civil organizada y los organismos como el nuestro trabajemos articuladamente, porque eso nos da más fuerza", recomendó en el marco del seminario sobre los 30 años de la Cedaw, celebrado en la sede en Buenos Aires del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La peruana Gladys Acosta, jefa para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), consideró que los mayores logros regionales a favor de la equidad entre hombres y mujeres son de legislación.
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Pero estos logros, por sí mismos, "no cambian la vida de las personas, y la región tiene una característica de aprobación relativamente fácil de leyes y un cumplimiento muy bajo", dijo Acosta, para quien "la violencia contra la mujer es la forma más grave de discriminación", que soporta la mitad de la población latinoamericana.
La Convención nacida el 18 de diciembre de 1979 provee un marco legal para que los Estados legislen y adopten medidas destinadas a eliminar la discriminación hacia las mujeres y alcanzar la igualdad entre los géneros. Esta norma opera a través del Comité rotatorio de 23 expertos que monitorean su cumplimiento.
A su vez, desde 1999, se adoptó un Protocolo Facultativo de la Cedaw, que permite a individuos o grupos pedir intervención del Comité ante violaciones de los derechos protegidos por la Convención. Con excepción de cinco países, el resto de la región también ratificó este instrumento de adhesión opcional.
En diálogo con IPS, la jurista costarricense Alda Facio, asesora de Unifem, señaló que el recurso al comité a través del protocolo es aún poco conocido y utilizado, y lo atribuyó en parte a que existe en la región la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su respectiva Corte para atender casos particulares.
Sin embargo, Facio consideró que el Comité de la Cedaw "tiene más experiencia en los asuntos de discriminación contra las mujeres, y eso permite aclarar mejor" temas como feminicidios, violaciones sistemáticas de los derechos sexuales de las mujeres, el uso dominante de lenguaje sexista y otras prácticas socialmente arraigadas.
Asimismo, el Comité está autorizado a visitar un país, a partir de una denuncia y analizar el caso. "Somos casi un tribunal de justicia porque tenemos derecho a escuchar a las partes, y si bien nuestras resoluciones no son vinculantes tienen fuerza política, moral y ética, y por lo tanto tienen eficacia", aseguró Pimentel.
De todos modos, Facio observó que para que estas herramientas sean útiles también hace falta voluntad política. "Instrumentos legales hay, pero no siempre hay voluntad de avanzar en estos temas. Y en este sentido, yo espero que los Estados reconozcan que no se ha hecho lo suficiente", cuestionó.
El encuentro, el l segundo fin de semana de diciembre sirvió fundamentalmente como balance para destacar los progresos que se lograron con la convención como guía dentro de cada país, pero también para advertir los retos que resta enfrentar.
En el debate participaron expertos y miembros de los sucesivos comités que ha tenido la Cedaw en sus primeras tres décadas.
Para Pimentel, que es abogada, los principales desafíos están relacionados con la violencia hacia las mujeres y la violación de sus derechos sexuales y reproductivos, dos temas que fueron incorporados a la convención años después de su aprobación, debido a que en 1979 no había margen político para plantear esos temas abiertamente.
Especialmente hizo hincapié en un tema que consideró "tabú" como es el del "abuso sexual incestuoso" de las niñas y adolescentes en el hogar. "Debe remarcarse que no sólo es abuso, sino que es incestuoso, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, sin tabúes", denunció.
Pimentel explicó que la Cedaw es "un tratado sobre derechos humanos de las mujeres que promueve la igualdad y sanciona la discriminación". "Es la carta magna de los derechos de las mujeres", sintetizó la experta, y aclaró que cuando los países la ratifican, los tres poderes del Estado quedan comprometidos en su cumplimiento.
En América Latina todos los países la ratificaron. En ese sentido, la región está en una posición de avanzada respecto a otras del planeta, se aseguró durante la reunión.
Luego, el Comité debe monitorear la ejecución de la convención a través de un informe que presenta el país cada cuatro años. En base a ese reporte, las expertas pueden decidir una visita al país y "hacer observaciones sobre aspectos problemáticos, tratando de mantener un diálogo constructivo", subrayó Pimentel.
La abogada sostuvo que "lo gobiernos deben dar más atención" a esas observaciones. Y señaló que en su experiencia, los principales "obstáculos" que advierten en el monitoreo de los países de la región se relacionan con la "violencia y violación de derechos sexuales y reproductivos".
Mencionó que hay leyes y decisiones judiciales inadecuadas e insuficientes que necesitan cambios, falta de educación en violencia y derechos reproductivos, lo que redunda en abusos, embarazos adolescentes y matrimonios forzados. Falta de empoderamiento de las mujeres, trata de personas, tráfico y explotación sexual.
Pese a que hubo progresos, dijo que también se observa, falta de participación política de las mujeres, falta de formación en género en servicios públicos como el de justicia, falta de investigaciones y datos sobre mujeres, y escasez de políticas para las mujeres más desaventajadas como las de pueblos originarios.
Luego de una presentación abierta al público, las participantes del seminario sostuvieron un debate cerrado, en el que analizaron las mejores vías para que los países incorporen las recomendaciones del comité de la Cedaw, y se dividieron en comisiones para analizar diferentes temas vinculados a la equidad de género.
Al final, concluyeron que es necesario recrear el debate sobre el concepto de igualdad, fortalecer el mecanismo de seguimiento de los fallos, promover estudios sobre mujeres víctimas de incumplimiento de las recomendaciones de la Cedaw, procurar que las leyes deriven en políticas y ampliar los recursos del Comité.
Durante el encuentro, una de las voces más críticas por el escaso compromiso de los Estados fue la del italiano Amerigo Incalcaterra, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Incalcaterra dijo que los logros en materia de igualdad de género son aún "frágiles y parecen desvanecerse" frente a una realidad que sigue colocando a mujeres y niñas como "las primeras víctimas". "A pesar del compromiso de los Estados, los derechos de las mujeres siguen sin ser debidamente garantizados", alertó.
Para el funcionario "la situación es alarmante". "Hay que analizar si las estrategias de los gobiernos son correctas o si es necesario corregirlas", planteo el funcionario con una larga trayectoria en países de la región.
"Hacer realidad los derechos humanos de las mujeres requiere de voluntad política, no sólo de palabras. Los gobiernos deben transformar sus discursos en realidades tangibles", desafió Incalcaterra.
El representante del Alto Comisionado consideró que la Convención "es un instrumento adecuado" pero que "son los Estados los que deben garantizar que las mujeres conozcan sus derechos y castigar a los que los violen. La violencia hacia las mujeres debe ser vista como un delito totalmente inaceptable", remarcó.
