El gobierno de Uganda promueve un proyecto de ley contra los productos falsificados, pero sus opositores sostienen que perjudicará la importación y la exportación de medicamentos genéricos.
Activistas temen que, una vez aprobada, los ugandeses no puedan adquirir estos fármacos no patentados, que son efectivos, seguros y más baratos.
El proyecto pretende prohibir el comercio de productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de forma ostensible. La propuesta, presentada por el ministro de Comercio, Gagawala Wambuzi, otorga al director de Aduanas la potestad de decomisar las presuntas mercancías ilícitas.
La iniciativa considera "falsificación" la fabricación, producción, embalaje, reembalaje y etiquetado, ya sea dentro o fuera de Uganda, de toda versión de un producto patentado que lo imite, al punto de ser sustancialmente similar, sin la autorización del propietario de la licencia en el país o en el extranjero.
El presidente Yoweri Musevini pidió en febrero a Wambuzi que elaborara el proyecto para frenar la importación de productos falsificados porque, según él, perjudicaban a la industria local.
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"Creo que en China tienen buenas soluciones. ¿Se acuerda del hombre que vendió la leche que mató a muchos niños y niñas?", recordó Musevini. "Creo que terminó en un pelotón de fusilamiento", apuntó.
"Si alguien mata niños ¿le parece que los chinos están muy equivocados?", preguntó.
Pero el abogado Edgar Tabaro consideró innecesaria una nueva ley. Cualquier cosa que el proyecto pretenda abarcar ya está contemplada en otras normas, como la de marcas registradas, la de derechos de autor, la de patentes y la de secretos comerciales, dijo a IPS.
"Nos preguntamos si este proyecto se presenta en el marco de una agenda nacional o si hay intereses solapados detrás de él. ¿Por qué le vamos a negar a la gente medicamentos baratos con leyes que nos perjudican?", preguntó Tabaro.
La norma pondrá en riesgo a muchos ugandeses cuya vida depende de los antirretrovirales genéricos y de otros medicamentos, alertó Rosette Mutambi, directora ejecutiva de la Coalición para la Promoción de la Salud y el Desarrollo Social (HEPS Uganda), que reúne a consumidores y médicos.
Los antirretrovirales son medicamentos que reducen en el organismo la carga del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), y permiten mejorar y prolongar la vida del paciente.
Diez por ciento de los medicamentos utilizados en Uganda se fabrican en este país, indicó Mutambi. Noventa y tres por ciento son genéricos.
Patrick Mubangizi, coordinador de la oficina de Nairobi de Acción Internacional para la Salud (HAI África), se mostró "muy preocupado" por el proyecto de ley, y sostuvo que los políticos y la ciudadanía no comprenden las consecuencias que tiene para la salud pública.
HAI-África, parte de una red internacional independiente que trabaja por mejorar el acceso a los medicamentos, se opone a la ley porque la definición de fármaco falsificado es diferente a la de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esa agencia considera que "un medicamento falsificado es aquel que en forma deliberada y fraudulenta etiqueta mal la información relativa a la identidad y/o la fuente" del producto", explicó Mubangizi.
"La falsificación puede aplicarse al producto original o al genérico, y el producto falsificado puede tener los ingredientes correctos o los equivocados, no tener ingredientes activos o sin la cantidad suficiente o con un envoltorio falso", explicó.
Geoffrey Nalima, gerente de Quality Chemicals Limited, principal fabricante de antirretrovirales de África oriental, dijo a IPS estar alarmado porque el proyecto considera a sus productos falsificaciones, lo que dificultará su exportación a otros países.
Los estados de la región se mostraron interesados en sus remedios, fabricados con una licencia de la farmacéutica Cipla, con sede en India.
Uganda, al igual que Kenia, se convertirá en víctima de las compañías multinacionales que presionan para imponer los derechos de propiedad intelectual, dijo a IPS Sisule Musungu, analista especializado en patentes, comercio e innovación.
"En el ámbito internacional, hay una gran presión para imponer la propiedad intelectual por razones comerciales", subrayó Musungu.
"En el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que disminuir los subsidios agrícolas. Lo que les queda son productos tecnológicos, y allí es donde entra la cuestión" de las licencias, explicó.
Uganda forma parte de los países menos desarrollados, que según el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Trips, por sus siglas en inglés), de 1994, pueden demorar la protección de marcas, patentes y otros derechos hasta julio de 2013.
El Trips fue reconocido en 2001 por la OMC para cuestiones de salud pública.
En materia de productos farmacéuticos, Uganda no tiene por qué proteger a los medicamentos hasta 2016.
El interés de la exoneración es que los países en desarrollo aprovechen los avances tecnológicos y adquieran la capacidad de producir sus propios fármacos. Si Uganda aprueba el proyecto de ley, boicoteará esa posibilidad, según Musungu.
El gobierno debe proteger a sus ciudadanos de los productos falsificados, señaló Nathan Irumba, asesor estratégico del Instituto de Negociaciones e Información de África oriental y meridional (Seatini, por sus siglas en inglés).
Pero el problema con el proyecto de ley es que mezcla cuestiones de marcas registradas y de estándares, remarcó Irumba quien fue representante de Uganda ante la OMC.
"Hay que atender el asunto de los productos falsificados, pero estamos prohibiendo los medicamentos genéricos", señaló. "No tenemos que dejarnos engañar por las compañías farmacéuticas que quieren imponer sus derechos. Tenemos que aprovechar el margen que tenemos. El Trips nos lo permite. Pero con este proyecto de ley estamos limitando esa flexibilidad", explicó.
Los impulsores del proyecto están dispuestos a hacer cambios para contemplar las preocupaciones de los activistas, dijo a IPS Peter Elimu Elyetu, gerente de la iniciativa de Ampliación de la Capacidad Comercial, a favor de la norma.
El ministro de Comercio dijo a IPS que el gobierno pretende promulgar el proyecto antes de fin de año.
