El impulso que adquirió en las últimas semanas la iniciativa legislativa para combatir el cambio climático en Estados Unidos no alcanzará para conformar un marco legal antes de la conferencia de la ONU, que se realizará en diciembre en Copenhague.
Además, parece excesivo el precio que tendrán que pagar quienes están más comprometidos en este país con obtener una ley que ponga límites a la contaminación de gases invernadero causantes del cambio climático.
La senadora del gobernante Partido Demócrata, Barbara Boxer, logró que el Comité de Ambiente y Obras Públicas del Senado, que preside, aprobara el jueves el proyecto de ley titulado Clean Energy Jobs and American Power (Empleos en energías limpias y electricidad en Estados Unidos), pese al boicot de los integrantes del opositor Partido Republicano, quienes reclamaron un análisis mayor de su impacto económico.
Los senadores John Kerry, Joe Lieberman y Lindsey Graham anunciaron el miércoles que trabajarán fuera del comité para redactar una nueva versión y conseguir el suficiente apoyo de legisladores de ambos partidos para que se apruebe el proyecto. Necesitan al menos 60 votos para evitar todo tipo de obstrucción legislativa.
Todo esto sucede cuatro semanas antes de la conferencia Copenhague, donde se tratará de alcanzar un tratado que reemplace al Protocolo de Kyoto, que vence en 2012. El convenio acordado en Japón en 1997 y en vigor desde 2005, obliga a 37 países industrializados a reducir sus emisiones de gases invernadero en al menos 5,2 por ciento para esa fecha, respecto de los volúmenes registrados en 1990.
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Por su parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a una gran cantidad de intereses corporativos locales y que ya trabó otras iniciativas legislativas, apoyó la propuesta de los tres senadores.
La entidad espera que el Congreso legislativo apruebe una ley sobre cambio climático "con apoyo de ambos partidos y que reconozca las diferencias regionales, el avance tecnológico y la necesidad imperiosa de llegar a una solución que minimice el impacto económico global", explicó en un comunicado.
El demócrata Kerry y el republicano Graham indicaron en una columna publicada en octubre en el periódico The New York Times, que su propuesta bipartidista contemplará la inversión en energía solar y eólica e incluirá otros aumentos para más centrales nucleares y más prospecciones petroleras.
"Lo que necesito para apoyar un proyecto de ley sobre cambio climático", dijo Graham a una radio a fines del mes pasado, es "un artículo sobre perforaciones marítimas que nos permitan aumentar nuestras reservas y generar dinero para crear empleo y mejorar la capacidad interna. No sólo alguna que otra perforación, sino que muchas".
Graham declaró el jueves que él hubiera vota en contra del proyecto que aprobó esa mañana el comité de Ambiente y Obras Públicas si ésa hubiera sido la versión enviada al Senado.
El independiente Lieberman forma parte de un bloque de senadores que esperan incluir incentivos financieros para construir nuevas plantas nucleares en la versión final de la propuesta.
Las organizaciones ambientalistas ven con buenos ojos los avances en la discusión legislativa de un asunto deliberadamente ignorado por el gobierno de George W. Bush (2001-2009), pero lamentan que deban incluirse esos otros elementos.
"Primero, y antes que nada, queremos que se ponga un tope a las emisiones", señaló Sarah Saylor, asesora de Earthjustice en materia legislativa. Pero "avanzar en la dirección de algo que aumente las emisiones sería una de las opciones menos paliativas", apuntó.
Existe una desconexión entre "lo que la política legislativa establecerá y lo que el clima dictará", según ella.
En relación con la opinión de Kerry y Graham de que la energía nuclear tiene demasiadas regulaciones y pocas inversiones, Saylor señaló que, en general, esa alternativa "se ha beneficiado de muchos fondos federales, a diferencia de otras fuentes limpias como la solar".
La Cámara de Representantes aprobó en junio un proyecto que apunta a reducir 17 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, respecto de los niveles registrados en 2005. La propuesta del Senado plantea una disminución de 20 por ciento, aunque se supone que será modificada cuando llegue a sala, si es que lo logra.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), creado en el marco de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), propone reducciones de entre 25 y 40 por ciento para 2020, respecto de los volúmenes de emisiones de 1990.
Max Baucus, uno de los senadores demócratas no muy convencidos de una ley para contener el cambio climático, señaló en la sesión del jueves del comité de Ambiente y Obras Públicas que le gustaría que se baje el máximo a 17 por ciento con la posibilidad de aumentarlo a 20 por ciento en caso de que otros países adoptan medidas similares.
Esa es la discusión que tendrá lugar en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que se realizará en la capital danesa del 7 al 18 de diciembre.
Es muy poco probable que el Congreso de este país tenga algo sustancial para poner sobre la mesa antes de que empiecen las negociaciones.
Hay otros cuatro comités que deben dar su opinión sobre el proyecto de ley.
Además, el líder de la mayoría demócrata de esa cámara, Harry Reid, ya dijo que iba a pedir a la Agencia de Protección Ambiental que analizara en profundidad el proyecto que salga de las deliberaciones de los comités y de la propuesta de los senadores Kerry, Lieberman y Graham, proceso que puede demorar cinco semanas.
"En estas cuatro semanas no tenemos tiempo para atender cada detalle del tratado", respondió Kerry al ser consultado sobre qué espera de las negociaciones de Copenhague.
"Espero que se logre un verdadero acuerdo político vinculante que incluya mecanismos financieros, adaptación y objetivos de reducción de emisiones y así tener el esquema del tratado", indicó.
En definitiva, Kerry espera que los detalles y el texto del tratado se terminen de acordar el año que viene.
Una opinión similar expresó el jueves el secretario ejecutivo de la Convención de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre cambio Climático, Yvo de Boer, en Barcelona, donde esta semana tuvo lugar la última instancia de negociaciones previa a las reuniones de diciembre.
"No creo que logremos un acuerdo vinculante en Copenhague", admitió. "Creo que lo alcanzaremos dentro de un año", añadió.
Podría pensarse entonces que el hecho de que Estados Unidos no tenga una legislación integral no marcará una diferencia significativa en el éxito de las negociaciones en la Convención. Pero hay otras razones para lograr algo en Copenhague, aun sin que los delegados de este país tengan un mandato legislativo en materia de reducción de emisiones.
"Lo que la gente parece olvidar es que hay dos discusiones distintas", explicó Kate Homer, analista de Amigos de la Tierra: una es la que mantendrán los delegados de los 192 estados parte de la Convención, suscrita en Río de Janeiro en 1992, y otra la de los 184 países partes del Protocolo de Kyoto, firmado en 1997.
Estados Unidos sólo es parte de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático.
Los países que ratificaron el Protocolo de Kyoto tratarán de fijar nuevos compromisos de reducción de emisiones para que asuman las naciones industriales después de 2012, en tanto Estados Unidos y otros miembros de la Convención discutirán un plan de acción más amplio en materia de cambio climático.
"Que Estados Unidos tenga, o no, una ley no tiene importancia" en lo que respecta al Protocolo de Kyoto, remarcó Homer. Lo que espera Amigos de la Tierra es "que los firmantes del convenio se comprometan con objetivos vinculantes", apuntó.
De todas maneras, "el gobierno de Barack Obama tiene la potestad de fijar reducciones de emisiones sin que el Senado apruebe una ley, y esperamos que lo haga", añadió.
Pero Saylor recordó el compromiso del vicepresidente Al Gore con el Protocolo de Kyoto, suscrito por Bill Clinton (1993-2001), y el fracaso posterior ante un Senado hostil a ratificarlo, coronado más tarde por la decisión de Bush de retirar la firma que su predecesor había estampado en el tratado.
Es importante que el Senado apruebe el proyecto de ley, según ella, "para que el gobierno de Obama sepa qué rumbo toma la legislación de este país".
"Es bueno para otros países que Estados Unidos realice un esfuerzo de buena fe", añadió.
Pero no parece ser suficiente. Los países africanos se retiraron de las negociaciones de Barcelona el jueves por la falta de compromiso de las naciones industrializadas en materia de reducción de emisiones contaminantes.
"A los países en desarrollo les preocupa que las naciones industrializadas no se hayan tomado el asunto con la seriedad que exige", concluyó Homer.
