Después de 10 días de fuerte controversia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una importante ley de asistencia a Pakistán, autorizando la entrega de una ayuda no militar por 7.500 millones de dólares para ese país asiático en los próximos cinco años.
La ley, que incrementará a más del triple el actual nivel de asistencia no militar que provee Washington a Islamabad, fue diseñada como una drástica muestra de apoyo a Pakistán, cuya plena cooperación es clave para Estados Unidos en sus esfuerzos de derrotar al movimiento islamista Talibán en la vecina Afganistán y a la red radical islámica Al Qaeda, cuyos líderes se creen están escondidos en territorio pakistaní.
"Esta ley es una manifestación tangible del amplio apoyo para Pakistán en Estados Unidos, como quedó en evidencia por la aprobación unánime en el Congreso legislativo, bicameral y bipartidista", señaló la Casa Blanca en un comunicado, añadiendo que Washington esperaba establecer una "sociedad estratégica" con Islamabad "basada en un apoyo a las instituciones democráticas y al pueblo pakistaníes".
Pero, contrariamente a lo que se procuraba, la aprobación de la ley el 5 de este mes desató una gran crisis política en Pakistán, donde la oposición y el influyente ejército rechazaron varias de las condiciones establecidas en el texto por considerar que violaban la soberanía y la dignidad nacionales, aumentando así el ya propagado sentimiento antiestadounidense en el país.
En una extraordinaria "declaración aclaratoria conjunta" destinada a calmar la preocupación pakistaní, los dos principales impulsores del proyecto, el senador John Kerry y el representante Howard Berman, ambos del gobernante Partido Demócrata, insistieron en que "la legislación no busca de ninguna manera comprometer la soberanía pakistaní ni vulnerar los intereses de seguridad nacionales ni estar controlando ningún aspecto de las operaciones militares y civiles pakistaníes.
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"Todo el asunto salió por la culata", se lamentó un funcionario de gobierno, quien pidió no ser identificado. "Dejó un gusto agrio en la boca de todos, aquí y en Pakistán", añadió.
La ley fue aprobada el mismo día en que el Talibán pakistaní lanzó el último de una serie de devastadores ataques durante 10 días sobre instalaciones clave del ejército y de la policía, que confirmaron la larga preocupación de Washington sobre la amenaza que supone ese grupo, considerado más cercano a Al Qaeda que su par de Afganistán.
Más de 30 personas, incluyendo al menos 19 policías, habrían muerto en varios ataques, incluyendo uno contra una instalación de entrenamiento antiterrorista en Lahore, la capital de Punjab. Esos atentados se produjeron cinco días después de que las guerrillas del Talibán rompieran el perímetro de seguridad del cuartel general del ejército en Rawalpindi. En total, 23 personas fueron asesinadas en esa operación, y otras decenas tomadas como rehenes.
Los ataques, que inicialmente se pensó eran en represalia por el asesinato el 5 de agosto —al parece por un avión no tripulado estadounidense— del líder talibán pakistaní Baitullah Mehsud, son ahora interpretados como una campaña preventiva a la prometida ofensiva terrestre del ejército de Pakistán contra el mayor baluarte del Talibán y Al Qaeda en Waziristán del Sur, en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA).
Los militares bloquearon la zona hace dos meses, y la fuerza aérea recientemente realizó varios bombardeos. La demora en lanzar la ofensiva en su plenitud ha frustrado a funcionarios en Washington, que la consideran la mayor prueba de la disposición del ejército pakistaní para proveer el tipo de cooperación antiterrorista que espera el gobierno de Obama.
"Si Waziristán del Sur es de hecho el próximo objetivo, eso sería un avance significativo", dijo Bruce Riedel, especialista en Asia meridional y ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), durante una charla a comienzos de este mes en la Institución Brookings. Riedel dirigió la revisión de la política de la Casa Blanca para Afganistán y Pakistán cuando asumió Obama.
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, Estados Unidos le ha entregado a Pakistán unos 11.000 millones de dólares en asistencia, sólo una fracción de los cuales, sin embargo, han sido volcados en ayuda no militar, como proyectos de desarrollo u apoyo a reformas políticas y económicas.
La nueva ley fue diseñada en gran parte para equilibrar la ayuda militar y la no militar, sobre todo tras el retorno en 2008 de un gobierno civil en Islamabad. No obstante, Washington continuará proveyéndole 1.000 millones de dólares al ejército pakistaní.
Si bien la versión del Senado ya establecía una serie de condiciones generales para la ayuda, incluyendo el requisito de que Pakistán hiciera "progresos tangibles en la gobernanza", como permitir un mayor control civil de las agencias militares y de inteligencia, la de la Cámara de Representantes fue más específica y demandante.
Bajo sus términos, Pakistán podrá recibir ayuda militar sólo si el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense certifica que su gobierno civil ejerce un "efectivo control sobre los militares" y "demuestra un compromiso sostenido" para "dejar de apoyar" a grupos terroristas y "desmantelar las bases terroristas".
