Brasil calcula en 350.000 millones de dólares las inversiones anuales necesarias para transformar la economía mundial y reducir las emisiones de los llamados gases invernadero, causantes del recalentamiento planetario.
Así lo señaló la senadora Serys Slhessarenko, del occidental estado brasileño de Mato Grosso, citando estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente de su país.
Shlessarenko lidera la delegación brasileña en la reunión de parlamentarios que se celebra este sábado y el domingo en Copenhague, como preparación para la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 15), que intentará, entre el 7 y el 18 de diciembre en la capital danesa, delinear un nuevo tratado de reducción de emisiones mundiales de gases invernadero.
El encuentro preparatorio de este fin de semana es promovido por el foro de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (GLOBE).
Slhessarenko indicó que esta nueva estimación sobrepasa a otras, que calculan el costo de la reconversión de la economía mundial actual en una con bajo contenido de carbono en alrededor de 100.000 millones de dólares anuales.
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"La inversión que Brasil estima necesaria debería ser financiada parcialmente por los países industrializados, y parcialmente a través de mecanismos del sector privado," dijo Shlessarenko a IPS.
La senadora brasileña justificó la demanda de fondos a los países del Norte señalando que éstos "en el pasado pudieron desarrollarse económicamente sin enfrentar ningún límite, como el impuesto hoy por el cambio climático."
"Es una cuestión de justicia," sostuvo Shlessarenko. "Los países en desarrollo tienen derecho a poner en práctica políticas económicas y sociales tendientes a eliminar la pobreza, pero hoy están limitados por la posibilidad de la destrucción ambiental, que los países industrializados no tuvieron."
Es por ello que "son necesarios fondos internacionales de financiamiento pagados por los países industrializados para transformar la economía hacia un modelo climáticamente sostenible", añadió.
Otro parlamentario brasileño, Luciano Pizzato, apoyó la demanda de Shlessarenko. "Los países en desarrollo pueden hacer un aporte sustancial a la reducción y captura de emisiones de carbono, y detener el cambio climático. Pero nuestros países deben resolver también numerosos problemas económicos y sociales, y por eso no deben ser víctimas de una especie de imperialismo ambiental."
"No es injusto exigir a los países más ricos de la Tierra, con una responsabilidad histórica en la emisión de carbono desde el principio de su industrialización, que participen en el financiamiento de una economía sostenible," dijo a IPS.
Pizzato y Shlessarenko se resistieron a apoyar el llamado hecho esta semana por el primer ministro de India, Manmohan Singh, a los países del Norte para que provean nueva tecnología ambiental a los del Sur en desarrollo, con el fin de ayudarles a reducir sus emisiones de gases invernadero.
El jueves, Singh urgió en Nueva Dehli a las naciones ricas a revisar los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas tecnologías verdes, de la misma manera en que lo hicieron con medicamentos retrovirales para combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) en África, América Latina y Asia.
De esta manera, se permitiría la difusión global de su aplicación y se reducirían los riesgos de catástrofes asociadas con el cambio climático, sostuvo Singh.
"Nuevas tecnologías ambientales deben ser vistas como bienes públicos globales," afirmó.
Singh sostuvo que "los argumentos morales para un tratamiento similar (al de los medicamentos contra el sida) a fin de proteger nuestro planeta y sus sistemas de apoyo a la vida son igualmente convincentes."
Los parlamentarios brasileños reaccionaron este sábado con cautela a tal demanda. "Brasil es muy respetuoso del sistema internacional legal que protege los derechos de propiedad intelectual, pues éstos constituyen frecuentemente la base del desarrollo económico, de la ciencia y la tecnología nacionales," dijo Pizzato.
Sin embargo, tanto Pizzato como Shlessarenko admitieron que, "dentro de límites muy difíciles de precisar, hoy es necesario crear el ambiente legal internacional que facilite la diseminación del uso de tecnologías verdes en los países en desarrollo."
Durante la primera reunión de GLOBE en Copenhague, legisladores europeos aseguraron promover en sus parlamentos nacionales la cooperación con los países en desarrollo en política ambiental.
"Dinamarca es un ejemplo exitoso de cómo el creciente uso de nuevas fuentes de energía renovables permiten alto crecimiento económico con una reducción del consumo," dijo Steen Gade, presidente de la comisión sobre cambio climático en el parlamento danés.
Dinamarca es líder mundial en la generación de energía eólica y otras fuentes renovables. Más de 22 por ciento de la energía consumida en este país es generada por turbinas de viento.
Estas políticas han permitido a este país escandinavo reducir 13 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990. En el mismo período, el producto interno bruto creció de 95.100 millones de dólares a 196.300 millones.
Mientras otros países europeos, como Francia, Finlandia, Alemania y Suecia continúan dependiendo de energía nuclear para el suministro de electricidad, Dinamarca mantiene firme su decisión de no utilizarla, y de continuar promoviendo la energía renovable.
"Nuestra política ambiental es compleja y exigente hacia los consumidores," dijo Gade a IPS. "Los impuestos al uso de automóviles son muy altos, y han estimulado el empleo de transportes colectivos o de bicicletas. El aislamiento térmico de nuestros edificios es muy alto. Al mismo tiempo, los generadores que continúan utilizando carbón y otros combustibles fósiles son híbridos, lo que permite reducir emisiones de acuerdo con las circunstancias."
En efecto, el tráfico automotor en Copenhague no es tan denso como en otras capitales europeas. En cambio, el número de personas en bicicleta alcanza fácilmente las decenas de miles, incluso durante el invierno y en días lluviosos. También la red de transportes públicos y su frecuencia son considerables y permiten una vida sin automóviles personales.
Sin embargo, Gade admitió que cada persona en Dinamarca sigue siendo responsable por la emisión 10 toneladas de gases de efecto invernadero por año. "Incluso nosotros tenemos que un largo camino a andar hasta transformar nuestra economía en una libre de carbón," dijo.
