Pequeños campesinos denunciaron al gobiernode Sudáfrica ante la Comisión de Derechos Humanos, por violar su derecho a la seguridad alimentaria.
La demanda fue presentada este viernes, Día Mundial de la Alimentación, por la Campaña por la Soberanía Alimentaria, una red de asociaciones de pequeños productores agrícolas de las provincias de Western Cape y Northern Cape, en el occidente del país.
La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos es una entidad de rango constitucional que tiene el mandato de controlar y promover el respeto de las libertades básicas en este país.
"Intentamos captar la atención del gobierno hace varios años, pero hasta ahora no hemos tenido suerte", dijo la presidenta de la Campaña, Davine Witbooi.
"El año pasado, en nuestro último intento, presentamos un memorando pidiendo al gobierno que mejorara el acceso de los pequeños agricultores a la tierra para que cultivaran los alimentos que no pueden comprar porque son demasiado pobres. El ministro pareció comprendernos y dijo reconocer la urgencia del problema. Pero hasta ahora no ha habido reacción", agregó.
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El reclamo de los campesinos se produce cuatro meses después de que el presidente Jacob Zuma dijera en su primer discurso sobre el estado de la nación: "Trabajando juntos con nuestra gente en las áreas rurales garantizaremos una amplia estrategia de desarrollo rural, vinculado a la tierra, a la reforma agraria y a la seguridad alimentaria".
"La población de las áreas rurales tiene derecho a que la asistan para cultivar verduras y criar animales,", señaló.
Witbooi cree que es tiempo de actuar. "Por eso decidimos llevar el asunto a la Comisión. Estamos hartos y cansados de que no nos tomen en serio, y en el ínterin se viola nuestro derecho humano a la seguridad alimentaria", dijo a IPS.
Unos 30 pequeños agricultores llegaron a Ciudad del Cabo para presentar la demanda. Entre ellos, Rosina Secondt, de Pela, un asentamiento rural de Namaqualand, Northern Cape.
"Si una no puede darse el lujo de comprar alimentos en la tienda, cultivar los propios es su única opción de supervivencia", explicó.
Aunque Secondt posee unas 60 ovejas, a duras penas llega a fin de mes. "Puede parecer una gran cantidad de animales, pero en total gano unos (150 dólares) al mes", dijo.
"Por lo menos tengo un ingreso, aunque sea pequeño. La mayoría de los habitantes de Pela están desempleados, porque no trabajo", dijo.
Ellos dependen de un subsidio gubernamental a la infancia, "que equivale a 20 dólares por niño al mes, y no alcanza para sobrevivir. Por lo tanto, cultivar alimentos y criar animales es vital", agregó.
El principal problema es la escasez de tierra, observó.
"La gente tiene algunas parcelas, pero no alcanzan. Es necesario que el gobierno nos dé tierras. No estamos pidiendo mucho, lo suficiente para mantenernos", dijo.
El inadecuado acceso a la tierra no es el único desafío que enfrentan los pequeños agricultores en Namaqualand, una región semidesértica con un promedio anual de precipitaciones de menos de 200 milímetros.
"También necesitamos riego. Hay agua del río Orange, pero hay que llevar agua a nuestros cultivos. Así que la infraestructura es crucial", dijo Secondt.
"La mayoría de la gente no puede darse el lujo de construir sus propios sistemas de irrigación, el gobierno debe intervenir y no lo hace", añadió.
Witbooi coincidió. "A menudo oímos que no hay dinero. Pero sí hay, y mucho. Se gastan miles de millones en la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), por ejemplo. Simplemente no hay voluntad política de ayudar a los más pobres", opinó.
Sudáfrica será anfitriona de la Copa Mundial 2010, y para ella está construyendo estadios, carreteras y autopistas en todo el país.
Los campesinos también reclaman que las autoridades actúen con firmeza para frenar los desalojos de peones rurales de las haciendas en las que viven y trabajan.
"Alrededor de un millón de trabajadores rurales fueron desalojados desde 1994. La mayoría fueron despedidos de las haciendas sin un alojamiento alternativo. ¿A dónde pueden ir? Si no tienes tierra, estás frito", dijo el abogado de Ciudad del Cabo Gareth Prince, quien también estuvo presente en la protesta.
Según Prince, menos de cinco por ciento de los casos de desalojos han sido tratados en la justicia. "La gente quiere llevar sus denuncias a los tribunales, pero hay obstáculos", explicó.
"Algunos desconocen sus derechos, y otros simplemente están demasiado lejos de un juzgado o no pueden darse el lujo de presentar cargos. Aunque un trabajador rural, como cualquier sudafricano, puede solicitar asistencia legal, es difícil acceder a ella cuando se vive en el campo", agregó.
Witbooi apuntó que el propio gobierno es culpable de desalojar a pequeños agricultores. "En Eerste Rivier, la población fue expulsada sin importar sus necesidades, circunstancias y derechos", dijo.
Cerca de Ciudad del Cabo, Eerste Rivier es una pequeña comunidad agrícola que se estableció en tierras públicas baldías.
Allí, 300 familias pobres han sobrevivido en los últimos 25 años gracias a la agricultura para el autoconsumo.
La existencia de esta comunidad se vio amenazada cuando el Departamento de Vivienda provincial solicitó con éxito una orden judicial contra la actividad agrícola.
"Sí, estamos allí ilegalmente, lo sabemos. Pero nunca pareció que les importáramos a las autoridades provinciales, dado que la tierra estaba desocupada", dijo Craig Jonkers, presidente de la Asociación de Agricultores iThemba, que representa a los campesinos de Eerste Rivier.
"Ahora nos quieren echar. Hemos empezado la primera construcción. El problema es que perderemos nuestro sustento. Somos desempleados que queremos comer y salvarnos, en vez de robar. Eso es todo lo que pedimos", enfatizó.
Si la Comisión de Derechos Humanos no responde pronto a la demanda, la Campaña por la Soberanía Alimentaria planea tomar otras medidas, dijo Witbooi.
Pero el organismo no tiene facultades para tomar decisiones.
"No podemos modificar las leyes o las decisiones gubernamentales. Sólo podemos efecutar recomendaciones", señaló el representante provincial de la Comisión, Leonardo Goosen.
En su sitio web, la Comisión sostiene que sus funciones son "señalar las violaciones de derechos humanos y procurar la efectiva corrección de tales violaciones; supervisar y evaluar la observancia de los derechos humanos; elevar la conciencia pública sobre los asuntos vinculados a esos derechos; educar y formar sobre los derechos humanos".
