Deborah Awori no pudo evitar que su esposo prácticamente vendiera en matrimonio a su hija de 14 años, siguiendo la vieja tradición en Uganda de exigirle al pretendiente el «precio de novia».
Awori, de la zona de Bugayi, en el distrito de Busia, acudió a la Corte Constitucional para testificar contra esta práctica. En Uganda, el "precio de novia" es el dinero que recibe la familia de la mujer por parte del novio antes de la boda.
En la Corte, Awori dijo que intentó en vano impedir que su esposo obligara a su hija Evelyn a casarse para así beneficiarse del pago.
Awori fue expulsada de su hogar, y su hija no tuvo otra opción que casarse por obligación.
Activistas solicitaron a la Corte Constitucional que declarara la práctica contraria a la carta magna.
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Los demandantes señalaron ante una repleta Corte en Kampala este martes que el "precio de novia" es una tradición que perpetúa la desigualdad entre las partes del matrimonio, y eso va en contra de la Constitución.
La demanda fue redactada por Atuki Turner, abogada y directora ejecutiva de la agencia por las mujeres y la infancia MIFUMI, y apoyada por el abogado por los derechos de las mujeres Ladislaus Rwakafuzi.
MIFUMI nació en la oriental aldea ugandesa de Tororo, de donde viene Turner. Allí comenzó a asesorar legalmente a las mujeres y decidió crear la organización, que se dedicó especialmente al problema del "precio de novia".
Ambos abogados arguyeron que la práctica va contra la ley fundamental, que expresamente exige iguales derechos durante el matrimonio y después de su disolución.
Los demandantes pidieron al panel de cinco jueces, presididos por la subjefa de justicia, Leticia Mukasa Kikonyog, que escucharan testimonios sobre esta problemática.
Además de Awori, Jagweri James contó la triste experiencia que tuvo que vivir cuando falleció su esposa. No la pudo enterrar durante una semana porque nunca había pagado el "precio de novia" a sus suegros y, según la tradición en algunas comunidades, esa deuda es castigada con una multa adicional.
Por otra parte, los demandantes arguyeron que exigir el reembolso del "precio de novia" como condición para el divorcio interfiere con el derecho al libre consentimiento de las partes para disolver el matrimonio.
Además, sostuvieron, la práctica es muchas veces motivo de violencia doméstica y permite que las mujeres sean sometidas a tratos crueles y degradantes.
"Si el precio de novia es declarado inconstitucional, la consecuencia será que cientos de mujeres y adolescentes que se casan por la norma tradicional lograrán un hito en su lucha por iguales derechos en el matrimonio, y serán libres del trato cruel y degradante", sostuvo Turner.
Pero la fiscal Partricia Mbezi pidió a la Corte Constitucional que desechara la petición, arguyendo que la propia carta magna protege los matrimonios tradicionales.
El Estado sostuvo que no hay ningún país africano que haya declarado inconstitucional esa práctica, y exhortó a la Corte a no establecer un precedente en este campo.
"En todos los matrimonios, sean cristianos, musulmanes o incluso los que se realizan por la Oficina de Registros, se incurre en un costo, y el tema del precio puede que ni siquiera se plantee", dijo Mbezi.
El abogado independiente Kenneth Kakuru, quien se unió a la fiscal en el caso, señaló que todos los demandantes procedían de la misma región, y en especial de Tororo. Por eso, sostuvo que no era partidario de convertir un tema local en una polémica nacional.
Afirmó además que el "precio de novia" debe ser considerado un "regalo" y debe mantenerse como tal. "Los demandantes debieron haber ido a la Suprema Corte en vez de dirigirse a la Corte Constitucional", dijo Kakuru.
MIFUMI promovió un referendo en 2001, en el que se aprobó una reforma a la ley tradicional del "precio de novia".
