Un tribunal estadounidense decidió que John Ashcroft, ex fiscal general del gobierno de George W. Bush (2001-2009), tendrá responsabilidad penal por la detención indebida de un ciudadano inocente, en lo que se considera un fallo sin precedentes en este país.
La detención por 13 meses del estadounidense Abdullah Al Kidd sin acusación formal "es incompatible con la Constitución y un recuerdo de algunos de los capítulos más ignominiosos de nuestra historia", concluyó el fallo del Tribunal de Apelaciones del noveno distrito de la occidental ciudad de San Francisco.
Al Kidd fue una víctima del pánico que envolvió a este país tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando el Departamento de Justicia detuvo a varios miles de hombres y mujeres "con aspecto de ser del Medio Oriente" en centros de detención similares a cárceles, sin acusación formal ni acceso a sus familias o abogados.
Las detenciones continuaron después de septiembre, mientras el gobierno seguía adoptando medidas excepcionales para ubicar y arrestar a las personas que consideraba una amenaza para la seguridad nacional de este país.
Muchos de los detenidos eran ciudadanos estadounidenses. Otros eran inmigrantes, cuyo único delito fue haberse quedado más de lo permitido por sus visas. Entre ellos había sijs y otros del sur de Asia.
Muchos más fueron arrestados como "testigos materiales" mientras el fiscal Ashcroft transformó la ley en un régimen de detención preventiva, que permite al gobierno encarcelar sin contar con elementos para abrirle una causa probable.
"Estas medidas son una parte de la estrategia del Departamento de Justicia para impedir atentados terroristas al sacar de circulación a los sospechosos de terrorismo la detención por la fuerza de quienes violan la ley y los testigos materiales es vital para impedir, interferir o retrasar nuevos atentados", declaró Ashcroft en su momento.
Al Kidd, un ciudadano afroestadounidense nacido en este país y convertido a la religión islámica, estaba por viajar a Arabia Saudita para utilizar una beca de estudio cuando fue arrestado en el aeropuerto Dulles, de Washington, el 16 de marzo de 2003.
Fue retenido como "testigo material" en el juicio a Sami Omar Al-Hussayen, un compañero de estudios de la Universidad de Idaho acusado de terrorismo.
Durante 15 días fue tratado como sospechoso de terrorismo, y no como testigo material. Al final fue liberado bajo ciertas condiciones: no podía salir del territorio de cuatro estados y debía entregar su pasaporte y presentarse ante las autoridades de libertad provisional.
Al Kidd fue confinado por más de 13 meses en estas condiciones sin que se presentaran cargos en su contra y sin que se le pidiera atestiguar en el juicio de Al Hussayen. El joven sostiene que las autoridades tenían más interés en investigarlo a él que utilizarlo como instrumento para argumentar sus acusaciones contra Al Hussayen.
Cuando fue detenido, Al Kidd había demostrado que no se fugaría y que cooperaría como testigo. Se había reunido de manera voluntaria con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en varias ocasiones, y nunca había dejado de presentarse cada vez que fue llamado.
El FBI no se puso en contacto con Al Kidd en los seis meses previos a su arresto, y tampoco se le había dicho que tenía prohibido viajar al exterior para continuar sus estudios.
Un jurado terminó por exonerar a Al Hussayen de cuatro cargos, y no llegó a una resolución sobre ocho más. El acusado fue deportado finalmente a Arabia Saudita.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) presentó la demanda judicial ante el tribunal de San Francisco en nombre de Al Kidd.
La organización sostiene que la ley sobre testigos materiales no puede utilizarse para detener o investigar de manera preventiva a los sospechosos, y que el entonces fiscal Ashcroft puede ser responsabilizado personalmente por la detención indebida de Al Kidd.
La decisión que el Tribunal de Apelaciones de San Francisco tomara el viernes 4 en este caso responsabiliza a los funcionarios de gobierno que, luego del 11 de septiembre, aplicaron políticas claramente fuera del límite de la ley, según ACLU.
"El tribunal dejó muy en claro hoy que el uso que el ex fiscal Ashcroft hizo de la ley de testigo material burló a la Constitución", dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto Derechos de los Inmigrantes, de ACLU.
Más allá de la posición o el título, no se puede escapar a la responsabilidad si usted creó y supervisó personalmente una política que viola la ley de manera intencional", agregó.
La ley sobre testigo material había sido utilizada en pocas ocasiones antes del 11 de septiembre, especialmente con ciudadanos estadounidenses, para utilizar los testimonios en casos penales.
El fallo sobre Al Kidd tuvo lugar después que un tribunal de distrito dictaminara en 2006 que dicha ley sólo puede emplearse cuando una persona es buscada como testigo y cuando existe un riesgo real de que se fugue del país.
El tribunal de distrito también decidió que la ley no permite pasar por alto los requisitos constitucionales para arrestar a alguien sospechoso de un crimen. Ashcroft apeló el fallo y solicitó plena inmunidad en el caso.
Los "redactores de la Constitución habrían desaprobado del arresto, detención y riguroso confinamiento de un ciudadano de Estados Unidos como testigo material en estas circunstancias" del caso de Al Kidd, señaló el fallo de la corte, escrito por el juez Milan D. Smith, Jr.
"Lamentablemente, más de 217 años después de la ratificación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, algunos aseguran que el gobierno tiene el poder de arrestar y detener o retener a ciudadanos estadounidenses durante meses, a veces en condiciones primitivas, no porque exista evidencia de que hayan cometido un delito, sino sólo porque el gobierno desea investigarlos o impedirles contacto con otros del mundo exterior", sentenció.
