En el conflicto que se desarrolló entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de este año, Israel cometió crímenes de guerra contra los palestinos de la franja de Gaza, y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) hizo lo propio con habitantes del sur del Estado judío.
Así lo determinó una misión cuatripartita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) liderada por el juez sudafricano Richard Goldstone, cuyas conclusiones fueron presentadas este martes.
La misión de la ONU señaló que hay evidencias de que organizaciones palestinas armadas, específicamente Hamás, cometieron crímenes de guerra en sus reiterados ataques con cohetes y morteros contra civiles del sur de Israel.
Pero su acusación más fuerte fue contra Israel, por serias violaciones al derecho humanitario internacional, por imponer contra Gaza un bloqueo "equivalente a un castigo colectivo", llevado a cabo como parte de una "política sistemática de aislamiento progresivo y privaciones" en ese territorio.
Se estima que la cantidad de palestinos muertos durante el conflicto fue de entre 1.387 y 1.417, mientras que las víctimas fatales israelíes fueron tres civiles y 10 soldados, cuatro de ellos a causa de fuego amigo.
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Durante la campaña militar Operación Plomo Fundido, los israelíes destruyeron casas, fábricas, pozos de agua, escuelas, hospitales, comisarías y otros edificios públicos.
"Las familias todavía viven en medio de los escombros ( ) dado que la reconstrucción ha sido imposible por el continuo bloqueo" que Israel implementa contra Gaza, señala el informe de 574 páginas en inglés.
El documento destaca que las acciones israelíes que privan a los palestinos de su medios de subsistencia, empleo, vivienda, agua, y que también les niegan su libertad de movimiento y su derecho de entrar y salir de su propio país, pueden ameritar que un tribunal competente concluya que se ha incurrido en el delito de persecución, que es un crimen contra la humanidad.
En una conferencia de prensa realizada este martes, Goldstone declaró que el gobierno israelí no había llevado a cabo ninguna investigación creíble sobre las presuntas violaciones.
También dijo que el equipo de la ONU recomendó al Consejo de Seguridad que exija a Israel reporte, en un plazo de seis meses, las investigaciones y procedimientos judiciales realizados en relación a las violaciones citadas en el informe.
La misión también señaló que el Consejo de Seguridad debería crear su propio organismo de expertos independientes para que supervisen el avance de esas investigaciones y acciones judiciales israelíes.
"Si en un plazo de seis meses los informes de los expertos no indican que se están realizando esos procesos, el Consejo de Seguridad deberá remitir la situación de Gaza al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)", agrega el informe.
La misión sugiere asimismo que ese mismo grupo de expertos informe al Consejo de Seguridad sobre los procesos conducidos por las autoridades de Gaza sobre los crímenes cometidos por fuerzas palestinas. Como en el caso de Israel, si en seis meses no hubiera procedimientos acordes a las normas internacionales, el Consejo de Seguridad debería remitir el caso a la fiscalía de la CPI.
Consultado sobre si el polarizado Consejo de Seguridad accederá a esas recomendaciones, Goldstone dijo a los periodistas: "Sería una decepción que algún miembro permanente del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) objetara tal resolución".
Nadia Hijab, del Instituto de Estudios Palestinos, con sede en Washington, dijo a IPS que las conclusiones del informe Goldstone "harán correr escalofríos por muchas espaldas".
"Será difícil de ignorar, por la seriedad de sus acusaciones, la amplitud de su alcance y su imparcialidad", agregó.
Hijab señaló que la misión de la ONU también parece haber hallado una manera de enfatizar sus recomendaciones, al pedir que el Consejo de Seguridad remita la situación a la CPI si Israel o Hamás no efectúan investigaciones significativas y acciones judiciales contra los responsables de crímenes de guerra.
Aunque el informe es imparcial a la hora de señalar responsabilidades, a Israel se le asigna una responsabilidad mucho mayor, destacó Hijab.
"Se reconoce su rol como estado miembro de la ONU y signatario de convenciones internacionales, así como la enormidad del daño que infligió", añadió.
Por ejemplo, la misión de Goldstone recomendó que la Asamblea General, de 192 miembros, cree un fideicomiso para que Israel pueda indemnizar a los palestinos de Gaza.
La posibilidad de tener que pagar esas compensaciones "es una mala noticia para Israel, y puede sentar un precedente para futuros reclamos", dijo Hijab.
Además, el informe aborda las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel durante su ocupación de 42 años, exigiéndole poner fin a su sitio sobre Gaza, levantar las restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos, liberar a los prisioneros palestinos —en especial a los niños prisioneros— y a miembros del consejo legislativo, entre otros.
"Podemos estar presenciando el principio del fin de la era de la impunidad", opinó Hijab.
Donatella Rovera, quien lideró la investigación realizada por Amnistía Internacional sobre el conflicto, expresó: "Ahora la responsabilidad radica en la comunidad internacional, especialmente en el Consejo de Seguridad, como órgano más poderoso de la ONU, para actuar de modo decisivo a fin de garantizar que se responsabilice a los perpetradores y (que haya) justicia para las víctimas".
Rovera se mostró a favor de la recomendación de que el Consejo de Seguridad remita las conclusiones al fiscal de la CPI si Israel y Hamás no llevan a cabo investigaciones creíbles en un plazo determinado.
Las conclusiones del informe de la ONU son consistentes con las de la investigación de Amnistía.
La mayoría de los palestinos muertos por las fuerzas israelíes eran civiles desarmados, entre ellos unos 300 niños, señaló Amnistía en un comunicado difundido este martes.
Ataques con cohetes palestinos mataron a tres civiles israelíes y a seis soldados.
"Las fuerzas israelíes también llevaron a cabo una destrucción gratuita y sistemática en Gaza, dejando barrios enteros en ruinas, y usaron a los palestinos como escudos humanos", señaló la organización de derechos humanos con sede en Londres.
El presidente de la misión, Goldstone, es un ex magistrado de la Corte Constitucional de Sudáfrica y ex fiscal de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda.
Fue secundado por Christine Chinkin, profesora de derecho internacional en la británica London School of Economics and Political Science, por Hina Jilani, abogada defensora de la Corte Suprema de Pakistán e integrante de la Comisión Internacional de Investigaciones sobre Darfur, y por el coronel Desmond Travers, ex jerarca militar de Irlanda y miembro del Consejo de Directores del Instituto para las Investigaciones Penales Internacionales.
