Una organización de médicos de Estados Unidos exigió una completa investigación sobre la participación de profesionales de la salud en sesiones de tortura a sospechosos de terrorismo y en lo que calificó de «experimentación con humanos».
De confirmarse, se trataría de "una nueva categoría no conocida de violaciones éticas cometidas por médicos y psicólogos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia)", señaló el grupo Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés).
"El grado en el cual los médicos estadounidenses violaron los derechos humanos y traicionaron los patrones éticos de sus profesiones al diseñar, implementar y legitimar un programa mundial de torturas es mayor del que se sabía previamente", señaló el grupo.
Un equipo de médicos del PHR elaboró el estudio "Ayudando a la tortura: la ética de los profesionales de la salud y las violaciones a los derechos humanos demostradas en el informe del Inspector General (de la CIA) de 2004".
El trabajo detalla cómo la CIA dependió de experiencia médica para realizar interrogatorios abusivos e ilegales y recopilar información sobre la reacción de los detenidos durante las torturas.
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"PHR teme que esta recolección de datos y este análisis equivalga a experimentación con humanos", indica el informe.
"Médicos y psicólogos operaron secretamente con la CIA para realizar registros de observación sobre el waterboarding (simulación de asfixia), lo que se aproxima a una experimentación humana ilegal y anti-ética", dijo el asesor médico de PHR y principal autor del informe, Scott Allen.
"Los interrogadores ponían una ropa sobre la cara del detenido para impedir que respirara y así provocarle sentimientos de temor, impotencia y pérdida de control. Un médico podía quedarse al lado para observar y evaluar el daño físico y psicológico, que es igual a la tortura", indica el trabajo.
"Es profundamente inquietante descubrir el papel central de los profesionales de la salud en el establecimiento de los fundamentos para que los abogados del gobierno de Estados Unidos racionalizara el programa ilegal de torturas de la CIA", añade.
Por su parte, Frank Donaghue, jefe ejecutivo de PHR, dijo a IPS: "Profesionales de la salud violaron sus deberes éticos participando de torturas y abusos a detenidos bajo custodia estadounidense. PHR desde hace tiempo ha exigido una completa investigación sobre el papel de los profesionales en el trato a los detenidos".
"Es tiempo de que la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Psicológica Estadounidense y otras exijan que una comisión no partidista investigue estos delitos", añadió. "Las asociaciones deben sancionar a cualquiera de sus miembros que haya violado su ética profesional".
Estas y otras organizaciones profesionales han condenado la participación de sus miembros en esta clase de interrogatorios.
El reporte del Inspector General documenta algunas prácticas —antes desconocidas o no confirmadas— usadas para provocar dolor, terror, humillación y vergüenza.
Simulacros de ejecuciones, intimidaciones con armas o taladros, amenazas de ataques sexuales a familiares y de asesinatos a los hijos del detenido, la práctica de "walling" (lanzar al detenido contra una pared falsa) y el confinamiento en una caja son algunas de las torturas denunciadas.
"Estas ilegales, anti-éticas e inefectivas tácticas de interrogatorio causan un significativo daño corporal y mental", dijo el co-autor del informe Vincent Iacopino. "El reporte del Inspector General de la CIA confirma que la tortura aumenta gravemente, y los torturadores frecuentemente van más allá de las técnicas aprobadas".
"La presencia requerida de profesionales de la salud no hizo más seguros los métodos de interrogatorio, sino que facilitó y agravó los abusos, y ubicó a los médicos y psicólogos en la posición insostenible de evaluar los daños en lugar de servir como protectores y curadores", sostuvo Steven Reisner, co-autor del informe.
"El hecho de que psicólogos fueran más allá de vigilar y de hecho diseñaran e implementaran los abusos, mientras simultáneamente servían como observadores de seguridad, revela la catástrofe ética de todo el programa", dijo Reisner.
"Los profesionales de salud que hacen juramentos para curar también abusaron de la confianza de la sociedad instigando, legitimando y participando de la tortura. Es una abominación", dijo Allen Keller, co-autora del trabajo y directora del Programa para Sobrevivientes de la Tortura de la Universidad de Nueva York.
"Los que colaboraron deben ser responsabilizados por las asociaciones de profesionales, por las juntas estatales de licencias (médicas) y por la sociedad. La responsabilidad es esencial para mantener la confianza en nuestra profesión y para poner fin a la tortura, que deja cicatrices en los cuerpos y en las mentes, dejando a los sobrevivientes luchando por superar heridas debilitadoras, recuerdos humillantes y pesadillas", dijo Keller.