A medida que se acerca el cierre de la prisión estadounidense de Guantánamo, activistas por los derechos humanos plantean dudas sobre el trato que se dará a los detenidos que sean transferidos al país. Las condiciones extremas que sufre un acusado de terrorismo en una cárcel neoyorquina sustentan los temores.
Es que, mientras la atención está puesta en la situación de los prisioneros extranjeros en Guantánamo, en Estados Unidos hay encarcelados nacionales a la espera de ser juzgados por cargos vinculados a terrorismo y se los mantiene en condiciones que sus propios partidarios describen como draconianas.
Estas personas son retenidas bajo normas del Departamento de Justicia conocidas como Medidas Administrativas Especiales (SAM, por sus siglas en inglés), que datan de la presidencia de Bill Clinton (1993-2001) y que se fortalecieron en la de George W. Bush (2001-2009).
Las SAM fueron diseñadas para impedir que los reclusos que estaban bajo custodia se comunicaran con otros sospechosos de terrorismo en el exterior y que ordenaran ejercer violencia o dañar a otros detenidos.
Las medidas se ampliaron luego de los atentados que el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, extendiendo el límite de 120 días a un año y permitiendo el control de las comunicaciones entre los reclusos y sus abogados en ciertas circunstancias.
[related_articles]
El Departamento de Justicia y su Buró de Prisiones señala que actualmente hay seis personas —cuatro de ellas acusadas de delitos vinculados al terrorismo— detenidas en el marco de las SAM.
Pero un caso parece estar concitando cada vez más atención. Se trata de Syed Hashmi, inmigrante pakistaní, musulmán y ciudadano estadounidense de 29 años, que creció en el barrio neoyorquino de Queens.
Desde hace más de dos años está detenido en una prisión federal de la ciudad de Nueva York, a la espera de que lo juzguen, acusado de brindar apoyo material a la red extremista Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden.
Hashmi es sometido a confinamiento solitario durante 23 horas cada día y a vigilancia las 24 horas, incluso cuando se ducha y usa el retrete. No tuvo permitidas las visitas de familiares durante meses. Ahora puede ver a una persona por una hora y media en semanas alternadas.
Tiene permitido escribir una carta por semana a un solo miembro de su familia, pero no puede usar más de tres hojas por misiva. Dentro de su propia celda, tiene restringidos sus movimientos y no está autorizado a intentar hablar con los guardias o con otros reclusos.
Hashmi tiene prohibido todo contacto, ya sea directo o a través de sus abogados, con los medios de comunicación. Puede leer periódicos, pero solamente los fragmentos aprobados por sus carceleros, y sólo luego de transcurridos 30 días de su publicación. Se le prohíbe escuchar radios de noticias o mirar canales de televisión que transmitan informativos.
Cada día se le permite una hora de recreación —que periódicamente se le niega— y no puede salir al patio carcelario, sino que debe ejercitarse solo adentro de una jaula.
Jeanne Theoharis, profesora de Hashmi en el Brooklyn College que asistió a las audiencias de su caso, dijo a IPS que "la salud mental (de este recluso) parece estar deteriorándose".
A los abogados de Hashmi les preocupa que este aislamiento extremo "cause perdurables daños psicológicos, emocionales y físicos" a su cliente.
Theoharis jugó un rol fundamental en la organización de una campaña para llamar la atención sobre los aspectos vinculados a las libertades civiles y los derechos humanos en el caso de Hashmi.
Esa campaña obtuvo más de 550 firmas para presentar ante el Departamento de Justicia en protesta por las condiciones de confinamiento de Hashmi y reclamando su derecho a un juicio justo.
Los fiscales han dicho que Junaid Babar, amigo de Hashmi, se quedó en su apartamento de Londres durante dos semanas, mientras él cursaba estudios para una maestría en Gran Bretaña.
Babar guardó en el apartamento equipaje suyo que incluía impermeables, ponchos y medias a prueba de agua. Luego se las entregó al tercer miembro en la escala jerárquica de Al Qaeda en Pakistán.
Más tarde, en Nueva York, un gran jurado acusó a Hashmi de "conspirar para proveer de apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera". Fue entonces que los impermeables, los ponchos y las medias se convirtieron en "equipamiento militar".
El gobierno también denuncia que Hashmi dejó que Babar usara su teléfono celular "para llamar a otros conspiradores". Hashmi dijo no tener idea de a quién llamó Babar.
Hashmi negó ser parte de conspiraciones para ayudar a Al Qaeda, así como haber dado apoyo a nadie para hacer llegar materiales a la organización fundamentalista.
Inicialmente lo arrestaron en 2006 en Londres, mientras se aprestaba a abordar un vuelo hacia Pakistán. Entonces lo extraditaron a Estados Unidos. Está preso en Nueva York desde 2007.
Hashmi no tiene antecedentes penales ni actos de violencia en su haber.
En enero de este año, sus abogados plantearon en tribunales que las restricciones que le eran impuestas eran demasiado severas, y pidieron a un juez federal que levantara algunas de ellas, permitiendo tal vez que Hashmi tuviera un compañero de celda o se ejercitara al aire libre.
Pero el juez rechazó una moción para considerar el impacto psicológico del confinamiento solitario y aliviar las condiciones de su detención.
El juicio de Hashmi está programado para el 30 de noviembre.
Babar, su amigo, se ha declarado culpable de cinco cargos de apoyo material a Al Qaeda, y ha accedido a desempeñarse como testigo del gobierno en juicios por terrorismo en Gran Bretaña y Canadá, además de en el de Hashmi.
El Departamento de Justicia dijo que Babar es la "pieza central" de su demanda contra Hashmi. A cambio, bajo un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, es probable que Babar reciba una sentencia reducida. Si Hashmi es condenado, puede ser sentenciado a 70 años tras las rejas.
Buena parte de las evidencias contra Hashmi están clasificadas. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) permitió que sus abogados la vieran, pero es posible que no la discuta con Hashmi u otros expertos no autorizados.
Sean Maher, uno de sus abogados, dijo a los medios estar sometido a "severas limitaciones" en cuanto a lo que puede decir y lo que no.
La abogada de derechos civiles Lynne Stewart fue condenada en 2005 por brindar apoyo material a una conspiración terrorista por difundir un comunicado del encarcelado jeque Omar Abdel Rahman a sus seguidores del ilegal Grupo Islámico.
Ahora Stewart apela su condena. El abogado de Hashmi está sometido a las mismas restricciones.
