Grupos de derechos humanos acusan a Arabia Saudita de detener ilegalmente a miles de personas sin juicios ni sentencias desde 2003, mediante su programa de lucha contraterrorista.
Miles de personas han sido detenidas en total secretismo, mientras otras sufren juicios secretos y sumarios, y afrontan su posible ejecución, señala el informe "Arabia Saudita: agrediendo los derechos humanos en nombre del contraterrorismo", de la organización Amnistía Internacional.
Muchos habrían sido torturados durante interrogatorios o como castigo después de su sentencia, todo bajo el disfraz del contraterrorismo.
Mientras, el informe "Derechos humanos y la respuesta contraterrorista de Arabia Saudita: asesoría religiosa, detención indefinida y juicios defectuosos", de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado el lunes, documenta la respuesta de Riyadh a la campaña lanzada por combatientes islámicos vinculados con la red radical Al Qaeda en 2003.
HRW denunció detenciones indefinidas de más de 9.000 personas, algunas de las cuales son disidentes políticos pacíficos. El reporte señala que la agencia de inteligencia saudita, la "mabahith", que cuenta con sus propias cárceles, ha impedido una efectiva supervisión judicial de las detenciones.
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"La respuesta de Arabia Saudita al terrorismo por años ha sido encerrar a miles de sospechosos y lanzar la llave lejos", dijo Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Medio Oriente. "Las autoridades hicieron creer que la consejería religiosa podía reemplazar los juicios, y ahora pretenden que los veredictos en juicios secretos legitimen la detención continuada", añadió.
En julio, el Ministerio de Justicia saudita anunció que 330 personas habían sido condenadas por terrorismo, con sentencias que van de multas hasta la pena de muerte. El informe sostiene que los juicios fueron secretos e injustos.
"Esas injustas medidas antiterroristas han empeorado una ya difícil situación de derechos humanos", sostuvo el director del Programa para Medio Oriente y África del Norte de Amnistía Internacional, Malcolm Start.
"El gobierno saudita ha usado su poderosa influencia internacional para hacerse con la suya. Y la comunidad internacional no lo ha responsabilizado por esas graves violaciones", añadió.
De los miles de detenidos por las autoridades, algunos son prisioneros de conciencia, críticos pacíficos de las políticas del gobierno. La mayoría serían partidarios de grupos o facciones islámicas opuestas a los estrechos lazos del gobierno saudita con Estados Unidos y otros países occidentales, y que habrían realizado ataques contra objetivos occidentales.
También habría personas traídas a la fuerza de Iraq, Pakistán, Yemen y otros países, según Amnistía.
El informe de HRW además critica que, en vez de permitirle a los detenidos cuestionar las causas de su detención ante un juez, el Ministerio del Interior les brinda consejería religiosa, incluso a varios transferidos de la cárcel en la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba.
Aceptar la consejería es uno de los requisitos para la liberación. Por lo menos 1.500 detenidos que participaron en este programa han recuperado su libertad.
Pero esto es inapropiado para detenidos que no han sido sentenciados por ningún delito y que se presumen inocentes. Las leyes internacionales de derechos humanos no permiten la detención de personas para realizar programas de re-educación, señaló HRW.
El informe de ese grupo documenta la presión ejercida por el gobierno contra abogados para que no representaran a los sospechosos.
También incluye denuncias de familiares de los detenidos, quienes dijeron que estos no fueron informados con anticipación de las fechas de los juicios ni tuvieron acceso a consejería legal, y fueron juzgados en procesos sumarios basados en confesiones presentadas ante la corte por la mabahith.
Las leyes sauditas establecen un límite de seis meses de detención de un sospechoso antes de que sea sometido a juicio. Algunas familias presentaron quejas ante la Junta Conciliatoria, la corte administrativa saudita, por haberse violado este periodo.
Pero el Ministerio del Interior, responsable de la mabahith, ignoró una orden de ese tribunal de liberar a los detenidos, señaló el informe.
Por ejemplo, en abril, el tribunal exigió a la mabahith que dejara libre a Majid al Husaini, detenido sin acusaciones desde agosto de 2002, cuando tenía 17 años. Aún permanece en prisión.
"La mabahith actúa como si estuviera por encima de la ley", dijo Whitson.
Estados Unidos y Gran Bretaña cooperan estrechamente con las autoridades contraterroristas sauditas y públicamente elogian el programa de re-educación, pero no han criticado ni la detención indefinida de miles de personas ni los juicios sumarios a 330 sospechosos, señaló HRW.
Alegre de que Araba Saudita dé pasos para combatir a los terroristas, "Estados Unidos ha cerrado en gran medida sus ojos a las violaciones de los derechos humanos", dijo a IPS Christoph Wilcke, investigador para Medio Oriente y África del Norte de HRW.
La cooperación de Estados Unidos con Arabia Saudita ha incluido el intercambio de información de inteligencia sobre terrorismo, así como apoyo al centro saudita de rehabilitación.
