A comienzos de noviembre de 1998, el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Louis Freeh, envió un equipo especial para observar detrás de un vidrio espejado los interrogatorios de la policía secreta saudita a ocho chiitas detenidos en Riyadh.
Freeh intentaba usar el testimonio de los sospechosos para demostrar que Irán estaba detrás del atentado a las Torres Khobar.
Como se esperaba, las confesiones de los detenidos confirmaron el complot chiita que ya había sido descubierto dos años antes. Ahora había más detalles de una directa participación de Irán.
Uno de los detenidos dijo que el general Ahmed Sherifi, de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, había personalmente elegido como objetivo los cuarteles en Khobar. Otro dijo que miembros sauditas del movimiento chiita libanés Hezbolá (Partido de Dios) no sólo habían sido entrenados, sino también pagados por los iraníes.
"Nos fuimos con evidencia sólida de que Irán estaba detrás" del ataque, dijo un ex agente del FBI.
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Pero hubo un problema con la evidencia recolectada por el FBI: la policía secreta saudita ya había tenido dos años y medio para instruir a los detenidos sobre lo que debían decir del caso, con la siempre presente amenaza de más torturas.
Freeh no iba a dejar que el tema de la tortura interfiriera en su misión. "Para Louis, lo importante era que nos dejaran estar en el cuarto" de interrogatorio, dijo a IPS un ex alto funcionario del FBI.
El entonces director de la oficina federal recibió como válidas las versiones dadas por los detenidos chiitas en los interrogatorios, pero el Departamento de Justicia no las consideró legítimas por ser obtenidas mediante torturas, y se negó a seguir adelante con la acusación, como deseaba Freeh.
Tras asumir, el presidente George W. Bush (2001-2009), decidió mantener interinamente a Freeh como director del FBI. Éste le dijo al mandatario que Teherán había planificado los atentados de Khobar, según su testimonio ante la comisión investigadora de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y el Departamento de Justicia entonces comenzó a trabajar en una acusación formal contra el Hezbolá saudita.
La acusación fue anunciada el 21 de junio de 2001, el último día de Freeh como director del FBI.
Evidencia altamente creíble pronto demostró que la Mabahith, la policía secreta saudita, usó la tortura y la coerción para obligar a los chiitas que hicieran esas confesiones, incluso frente a observadores extranjeros, y que el objetivo era proteger a la red radical islámica Al Qaeda de las investigaciones estadounidenses.
Era generalizada la creencia de que tres atentados con coches bomba en Riyadh en noviembre de 2000, en los que murió un ciudadano británico, fueron obra de Al Qaeda. Sin embargo, cuatro ciudadanos británicos, uno canadiense y otro belga detenidos por la policía de Arabia Saudita confesaron los ataques, y sus declaraciones fueron transmitidas por la televisión de ese país.
Pero, tras ser liberado en 2003, el ciudadano canadiense William Sampson hizo pública una dramática denuncia de los golpes que recibió de la Mabahith mientras era colgado de cabeza. Incluso fue agredido en los testículos que, según dijo, se hincharon y parecían naranjas.
Sampson afirmó que los sauditas le aclararon desde el principio lo que querían que confesara, y se lo repetían una y otra vez mientras lo golpeaban, e iban añadiendo detalles a la historia.
Tras seis semanas de interrogatorios, Sampson comenzó a decirles lo que querían, y entonces los policías empezaron a grabar en vídeo su confesión, usando un cartel en la pared para hacerlo recordar en detalle los movimientos que supuestamente habría hecho.
Los sauditas incluso instruyeron a Sampson sobre lo que tendría que decir cuando lo visitara personal de la embajada canadiense, amenazándolo con más torturas si decía la verdad. Cuando representantes de la sede diplomática se entrevistaron con él, dos de los torturadores estuvieron presentes durante toda la reunión.
Los otros extranjeros detenidos dieron versiones similares de confesiones extraídas mediante tortura. Sampson y otros cinco fueron liberados recién después de un atentado suicida en mayo de 2003 organizado por Al Qaeda en un complejo de viviendas de Riyadh que albergaba a 900 personas, obligando al ministro del Interior saudita, el príncipe Nayef, a reconocer que la red radical era una amenaza para el país.
Mientras, una vez fuera del cargo, Freeh se convirtió en los hechos en abogado del régimen saudita en las investigaciones sobre el atentado en las Torres Khobar.
Al testificar ante una audiencia conjunta de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes el 9 de octubre de 2002, Freeh encubrió a la policía saudita: omitió cualquier mención al engaño de Riyadh sobre el contrabando de explosivos y a su falta de cooperación con el FBI en investigaciones esenciales, y sugirió que los sauditas habían hecho todo lo que podía esperarse de ellos.
"Afortunadamente, el FBI fue capaz de forjar una efectiva relación de trabajo con la policía saudita y el Ministerio del Interior", afirmó. Cualquier "obstáculo legal" que "haya existido" fue por "la marcada diferencia entre nuestros sistemas legales y de procedimiento", añadió.
Freeh también elogió al príncipe Bandar bin Sultan, embajador saudita en Washington, al que calificó de persona "clave para lograr los objetivos de investigación del FBI en el caso de Khobar", y sugirió que cualquier problema temporal "fue siempre resuelto" por la "intervención personal" del diplomático.
Freeh tergiversó el acuerdo por el cual el equipo del FBI pudo observar los interrogatorios a los chiitas, diciendo que los sospechosos habían estado "directamente disponibles" para los investigadores estadounidenses.
En una entrevista para una biografía del príncipe Bandar, Freeh incluso llegó a pedir la decapitación de cuatro combatientes islámicos que confesaron el atentado a la Oficina del Administrador de Programas de la Guardia Nacional de Arabia Saudita, aunque no había permitido que el FBI los interrogara por tratarse de un "asunto interno saudita".
Pero el capítulo final de la conexión de Freeh con Bandar y los sauditas todavía está por llegar. En abril de 2009, el ex director del FBI apareció como abogado defensor de Bandar en un tribunal británico, ante el cual el saudita fue acusado de quedarse ilegalmente con 2.000 millones de dólares de un acuerdo de armas entre Riyadh y Londres.
En el contexto de la mejorada situación financiera de Freeh y su muy cercana relación con el príncipe Bandar, esta secuencia de acontecimientos debería despertar la atención de Washington.
Con una esposa y seis hijos que mantener, Freeh ha sido por lejos más vulnerable a las seducciones sauditas que la mayoría de los altos funcionarios de la administración de Bush.
A la luz de las actuales estrechas relaciones con Bandar, la conducta del ex director del FBI en las investigaciones de Khobar merecen un nuevo escrutinio. Freeh efectivamente clausuró una investigación sobre un atentado terrorista en el que Bin Laden fue claramente implicado cuando los sauditas se negaron a cooperar. También impidió cualquier investigación sobre el papel de Al Qaeda y apoyó la versión saudita de lo ocurrido, fraguada y basada en confesiones obtenidas por torturas.
El resultado de su flagrante postura pro-saudita fue que Bin Laden pudo pasar más años libre para organizar acciones terroristas contra Estados Unidos.
Si Freeh no se hubiera convertido en defensor de los intereses del régimen cuyo representante en Washington finalmente lo puso en su lista de beneficiarios, Washington presumiblemente se habría concentrado más en seguir la huella de Al Qaeda antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron 3.000 personas.
(*Este es el último artículo de una serie de cinco titulada "Las Torres Khobar investigadas: Cómo un engaño saudita protegió a Osama bin Laden". La serie es respaldada por el Fondo para el Periodismo de Investigación)
