Reacciones adversas de variado tipo y enfoque recoge la decisión del gobierno de España de cerrar en 2013 la más antigua central nuclear del país, confirmada este viernes tras la reunión ministerial en la que se aprobó un plan de empleo para la zona donde está asentada.
La central de Santa María de Garoña, inaugurada en 1970, está ubicada en la norteña provincia de Burgos, en las cercanías del río Ebro, del que se provee de agua.
Aunque su vida útil inicialmente prevista era hasta 2011, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero autorizó una prórroga hasta 2013, en tanto que la empresa propietaria, Nuclenor le solicitó la extensión de ese plazo hasta 2019. Ese pedido fue avalado en junio por el Consejo de Seguridad Nuclear, aunque ello no es vinculante.
La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, reiteró este viernes en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Ministros que el cierre de la conocida como Central de Garoña se efectuará en 2013 de manera "definitiva e irreversible".
Al mismo tiempo anunció que dentro de tres meses estará listo un plan industrial que, entre otras cosas, dará empleo a partir de 2013 a los actuales trabajadores de la central y que ello implicará una inversión de 100 millones de euros (141 millones de dólares) en ayudas a empresas pequeñas y medianas, que serán las que crearán los nuevos puestos de trabajo.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien había adelantado la decisión en la víspera, sostuvo este viernes ante periodistas que el costo económico y energético será nulo, pues los propietarios no serán indemnizados, aunque estén reclamando peticiones millonarias por lucro cesante, ya que "no hay obligación ni compromiso jurídico alguno del Poder Ejecutivo".
La primera reacción fue de Rafael González Mediavilla, alcalde del municipio en el que está ubicada la central, quien afirmó que "ningún plan podrá absorber los puestos de trabajo" que en la actualidad genera el funcionamiento de esa planta, por lo cual reclamó que la misma se siga manteniendo en marcha 10 años más.
Asimismo recordó que el Consejo de Seguridad Nuclear dio el visto bueno para ello y convocó a sus vecinos para manifestarse en defensa de la central.
Por su parte, Carlos Bravo, responsable de asuntos nucleares de la organización no gubernamental Greenpeace, criticó pero desde un punto de vista contrario al de González Mediavilla.
En declaraciones a IPS, Bravo señaló que "lo que se tendría que haber hecho es decretar el cierre inmediato y no postergarlo para 2013, porque existe la posibilidad, según las últimas encuestas, de que las próximas elecciones generales las gane el hoy principal opositor Partido Popular, cuya dirección ya ha dicho con claridad que se opone al cierre".
El ecologista recordó que Zapatero incluyó en su campaña electoral el compromiso de cerrar Garoña, que así lo dijo públicamente y que ahora no lo está cumpliendo. Añadió que la fecha señalada era 2011 y ahora lo aplaza, "doblegándose ante las presiones de Iberdrola y Endes, las empresas eléctricas propietarias de Garoña".
A la pregunta de si el cierre no ocasionaría problemas a las empresas y a los trabajadores de la central, afirmó que "se puede cerrar, entre otras cosas, porque ya está amortizada y las empresas propietarias no sufrirían pérdidas con su cierre. En cuanto a los trabajadores, se puede poner ya en marcha el plan ofrecido por el gobierno para crear pequeñas y medianas empresas", apuntó.
Desde un punto de vista opuesto se pronunció el británico Patrick Moore, cofundador y ex miembro de Greenpeace, quien opina que cerrar centrales nucleares sería marchar hacia atrás, pues éstas y las hidroeléctricas son "las únicas generadoras de energía a gran escala que pueden sustituir a los combustibles fósiles".
Moore expresó su opinión esta semana en una conferencia sobre el futuro de la energía, organizada por el Foro de la Industria Nuclear Española y subrayó que con la opción nuclear "España tiene la oportunidad de dar un paso adelante hacia el futuro o volver atrás al pasado".
Al comentar esas afirmaciones, Bravo señaló a IPS que Moore fue cofundador de Greenpeace en 1971, "pero ya se cumplieron 30 años de su expulsión de nuestra ONG y él sigue utilizando su ex pertenencia para impulsar a la empresa que montó para lavar la imagen de empresas que degradan el medio ambiente".
Y concluyó puntualizando que Moore "no es ecologista ni coherente con su reivindicación de haber pertenecido a Greenpeace y le recuerdo que fue expulsado por contravenir nuestros principios fundamentales de defensa del medio ambiente".
Mirando hacia el resto de empresas nucleares, el ministro Sebastián dijo que las demás centrales españolas verán renovarse sin problemas sus licencias de explotación. Subrayó también que los otros siete reactores nucleares son más jóvenes que Garoña y que podrán agotar su vida útil "al menos hasta los 40 años si lo permiten las condiciones técnicas".
Joaquín Mondillo, un vecino de Madrid, se pronunció en contra del cierre y dijo que la desaparición de las nucleares y la no construcción de nuevas harán que se siga comprando la energía a países como Francia, que tiene sus centrales nucleares a 200 kilómetros de su frontera con España. Seguiremos comprando, adicionó "y desde luego muy caro".
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) criticó la actitud del gobierno por tomar decisiones sin promover previamente un debate abierto sobre el futuro de España.
Y precisó que, si bien el gobierno es el que tiene la última palabra, el debate público sería muy útil para promover un consenso en el que deben participar todas las instituciones y agentes económicos y sociales. (FIN/IPS/td/dm/en if ip pr/eu/09)
