Los inversores internacionales siguen con miedo de radicar sus capitales en Zimbabwe, aun luego de la conferencia convocada el fin de semana por el gobierno para alentarlos.
Se mantiene entre los inversores la sensación de que el imperio de la ley y el orden es una aspiración lejana, y de que la invasión de tierras propiedad de blancos continuará. Los 400 participantes en la conferencia esperaban que el nuevo gobierno de coalición —formado por dos partidos archirivales, la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF) y el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC)— reafirmaran categóricamente su compromiso con el derecho de propiedad y su compromiso con el estado de derecho.
Pero lo que sucedió en la instancia realizada los días 9 y 10 en Harare estuvo muy lejos de eso.
En cambio, el presidente Robert Mugabe dijo ante el auditorio que su gobierno no compensará a los agricultores blancos que perdieron sus haciendas en lo que su gobierno denominó "programa de reforma agraria".
La conferencia se enmarca en un esfuerzo del gobierno de coalición por mostrar las oportunidades de inversión y reanimar la comatosa economía nacional.
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Los inversores insisten en que quieren el regreso al estado de derecho antes de volcar su dinero en Zimbabwe. La invasión de terrenos constituye un gran obstáculo para ello. La productividad está en su peor nivel histórico debido a los continuos disturbios. Las invasiones continúan en todo el país.
El gobierno no dijo lo que los inversores querían escuchar, dijo a IPS la ex legisladora y activista Trudy Stevenson. "Los inversores estaban interesados en la seguridad de su dinero. No obtuvieron las respuestas esperadas", explicó.
Tony Hawkins, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Zimbabwe, dijo a IPS que "el gobierno hizo poco para cambiar la percepción" de los inversores.
Para colmo, en la conferencia quedaron de manifiesto las diferencias dentro del propio gobierno.
"Mientras persista la incertidumbre, las cosas seguirán igual. Se necesita legislación que aliente la inversión y que respete los derechos de propiedad", sostuvo Hawkins.
A los inversores también les preocupa las leyes que limitan la propiedad extranjera de las empresas. El ministro de Minería, Obert Mpofu, trató de aventar esas preocupaciones al referirse a la intención del gobierno de reconsiderar las leyes del sector Las leyes prohíben a compañías extranjeras poseer más de 49 por ciento de empresas, y las obliga a vender cualquier participación excedente de ese porcentaje a ciudadanos o firmas de Zimbabwe. El gobierno también puede hacerse con 25 por ciento de algunas minas sin indemnización alguna.
La minería se ha vuelto la principal fuente de divisas extranjeras de Zimbabwe. El oro representa un tercio de las exportaciones. Pero el caos político, la falta de energía y las regulaciones poco favorables llevaron al cierre de algunas minas.
Pero al abrir la conferencia, Mugabe reiteró que las leyes de nacionalización tienen el propósito de "democratizar" la economía. "Tales políticas, como la Ley de Indigenización y de Empoderamiento Económico, no deberían verse como obstáculos a la promoción de inversiones", dijo.
"Deberían ser aplaudidas porque promueven la participación de nuestra gente en la economía y porque, de hecho, la democratización económica construye buenos negocios y buenos dividendos para el inversor", enfatizó.
La analista económica Tafadzwa Muropa coincidió con mugabe. No puede haber mejor inversión que la que involucre a la población local, sostuvo.
"La población local debería beneficiarse de cualquier inversión que llegue al país. No hay inversión real sin la participación local", dijo a IPS.
Pero también recomendó orden y seguridad. "Ningún inversor querrá venir a un país que carezca de estabilidad política", admitió Muropa.
La economía de Zimbabwe cayó en picada en la última década. La industria manufacturera opera a 10 por ciento d esu capacidad, cuando en 1990 era el mayor contribuyente al producto interno bruto.
El sector minero representa 3.8 por ciento del producto y 4,5 por ciento del empleo, así como un tercio del ingreso de divisas.