El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, reclamó a varios gobiernos de África que cumplan la orden de captura de los comandantes del ugandés Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Todos los signatarios del Estatuto de Roma de la región de los Grandes Lagos, este de África, tienen la obligación de detener al líder del LRA Joseph Kony, quien opera en República Democrática del Congo (RDC) y en República Centroafricana desde que se retiró de las negociaciones de paz en abril de 2008.
Uganda, RDC y República Centroafricana son Estados partes del Estatuto de Roma y por tanto están comprendidos por la jurisdicción de la CPI.
"Es importante llevarlo a juicio, no matarlo, a fin de exponer los crímenes perpetrados en el norte de Uganda. Desde hace 22 años comete los mismos delitos, ya es hora de detenerlo", señaló el argentino Moreno Ocampo.
La CPI expidió en 2005 órdenes de detención contra cuatro comandantes del LRA. Kony enfrenta 33 cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad, incluidos asesinato, esclavitud sexual, violación y reclutamiento de menores.
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Moreno Ocampo llegó a Uganda el sábado desde RDC, donde se reunió con autoridades comunitarias del atribulado distrito de Ituri, en la Provincia Oriental, vecina de este país.
"Estamos procesando a los principales responsables de los crímenes cometidos en Ituri, pero nuestro objetivo es terminar con la impunidad para evitar que vuelvan a ocurrir", dijo el fiscal a los congoleños de la localidad de Bunia.
El juicio contra el líder rebelde congoleño Thomas Lubanga Dyilo por crímenes de guerra se realiza en la sede de la CPI en La Haya. Los procesos contra sus compatriotas Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo comenzarán en septiembre.
Los comandantes del LRA se mueven entre RDC y República Centroafricana desde hace poco más de un año, tras ser expulsados de Sudán del Sur poco después del fracaso de las negociaciones mediadas por el vicepresidente sur-sudanés Riek Machar y el ex presidente mozambiqueño Joachim Chissano.
El gobierno ugandés intentó que se retiraran las órdenes de captura mientras se llevaban a cabo las conversaciones de paz, pero no lo logró. En algunos círculos dentro y fuera de Uganda se las responsabiliza por el fracaso de último minuto de las negociaciones conducidas por las autoridades de Juba, capital de Sudán del Sur.
Moreno Ocampo rechazó ese argumento, señalando que Kony aprovechó las negociaciones de paz para reagrupar y rearmar sus fuerzas.
En respuesta, el ministro ugandés de Asuntos Internacionales, Henry Okello Oryem, anunció que el líder del LRA y los otros acusados ya no serán juzgados por tribunales nacionales porque se negaron a firmar el acuerdo de paz.
El sistema tradicional de reconciliación, llamado "mato oput" por el pueblo acholi, en el norte de Uganda, tampoco "será implementado porque los acusados rechazaron el acuerdo de paz. Si Kony o cualquiera de los otros comandantes son arrestados en Uganda serán entregados de inmediato a La Haya. Lo mismo hará RDC", declaró.
Kampala, con ayuda de Estados Unidos y otros países, intentó capturar a los jefes del LRA, pero sin éxito. Tras uno de esos ataques en febrero, los rebeldes respondieron con violentos ataques contra civiles en el noreste de RDC.
Respecto del presidente sudanés Omar al-Bashir, sobre quien pende una orden de arresto de la CPI, el ministro reiteró el compromiso de Uganda con el tribunal y señaló que el jefe de policía es quien ordenará su detención si llegara a ingresar al país.
Al-Bashir podría participar en una conferencia en Uganda a fines de este mes.
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