El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaría preparando una orden ejecutiva para mantener a sospechosos de terrorismo detenidos en forma indefinida sin proceso legal.
Así lo informaron el diario The Washington Post y ProPublica, medio independiente de investigación. La noticia fue luego reproducida por The Post y más tarde por The New York Times.
La medida afectaría a unos 90 detenidos en la prisión de la base militar en Guantánamo, Cuba, considerados "demasiado peligrosos para ser liberados", pero que no pueden ser juzgados en tribunales penales estadounidenses porque la evidencia en su contra fue obtenida por servicios de inteligencia extranjeros y probablemente mediante torturas.
El dilema sobre el destino de esos sospechosos amenaza con echar por tierra la promesa de Obama de cerrar Guantánamo para enero de 2010.
Congresistas del gobernante Partido Demócrata y del opositor Partido Republicano, con la mira puesta en las elecciones legislativas de 2010, expresaron en abrumadora mayoría su oposición a juzgar en territorio continental estadounidense a detenidos en Guantánamo.
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Los legisladores habían también rechazado a comienzos de este mes el pedido de dinero hecho por la Casa Blanca para financiar el cierre de la infame prisión.
Parte del dilema de Obama es que una "detención indefinida" repetiría la postura tomada por su predecesor, George W. Bush (2001-2009), y podría alienar al ala izquierdista del Partido Demócrata, incluyendo a defensores de los derechos humanos, que habían celebrado la decisión del nuevo mandatario de prohibir expresamente la tortura y clausurar Guantánamo.
Juristas y defensores de las libertades civiles condenaron de inmediato la idea de una detención indefinida.
Jonathan Hafetz, abogado de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), dijo a IPS: "Sería muy decepcionante si el presidente Obama acepta la falsa propuesta de que un sistema de detención indefinida es necesario o legal. No es ninguna de las dos cosas".
"La idea de que el propio presidente tiene la prerrogativa de declarar enemigos individuales y suspender las protecciones clave de la Declaración de Derechos huele al mismo deseo de adquirir poderes ejecutivos que caracterizó a la última administración, y que son antiéticos en nuestro marco básico de gobierno", sostuvo.
Por su parte, el director del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, Jameel Jaffer, dijo a IPS: "Permitir que el gobierno encarcele a sospechosos de terrorismo en forma indefinida sin acusación ni juicio alterará fundamentalmente el carácter de la democracia estadounidense. Y el sistema de detención preventiva sería un desastre de derechos humanos, esté basado en un estatuto aprobado por el Congreso o por una orden ejecutiva del presidente".
Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, grupo de asesoría legal que movilizó a decenas de abogados para defender a detenidos en Guantánamo, dijo a IPS: "El encarcelamiento prolongado sin un juicio es exactamente el sistema que el presidente prometió terminar".
"Cualquiera sea la forma que tome (aprobado por el Congreso u ordenado por el presidente), es un anatema para los principios básicos del derecho estadounidense, y los tribunales lo considerarán inconstitucional", añadió.
Algunos constitucionalistas también condenaron la idea. "La Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es parte Estados Unidos, claramente requiere que a todos los sospechosos de terrorismo se les someta a juicio", subrayó Francis A. Boyle, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Illinois.
"Obama es un abogado, y solía enseñar derecho constitucional. Debe saberlo bien. El hecho de que el presidente Obama y su administración estén continuando las políticas ilegales y totalitarias del gobierno de Bush no augura un buen futuro para nuestra república ni para su constitución ni para su Declaración de Derechos", agregó.
Pero la oposición al régimen de detenciones indefinidas no estuvo limitada a la izquierda. "Es una idea terrible", sostuvo Bruce Fein, líder conservador que integró el Departamento de Justicia durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989).
Por su parte, Brian J. Foley, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Boston, dijo a IPS: "La detención indefinida sobre la base de evidencia que no puede ser presentada en un tribunal estadounidense es probablemente una detención con pruebas poco confiables, como confesiones extraídas por tortura, rumores y otros testimonios que pueden estar infectados de error".
"Encerrar a las personas equivocadas no nos ayudará a prevenir el terrorismo, y de hecho podría llevarnos a creer erróneamente que hemos disminuido la amenaza", alertó.
Pero otros son más cautos. "Es difícil juzgar la legalidad de la propuesta de Obama, debido a la vaguedad de lo que se ha informado", dijo a IPS el analista David M. Glazier, de la Escuela de Leyes de Loyola, en la occidental ciudad de Los Ángeles.
"El real defecto de Guantánamo no es el concepto de detención indefinida, sino el no conformarse al derecho de guerra. El confinamiento en celdas, el interrogatorio coercitivo e incluso la rutina de ponerles grilletes a los prisioneros violan el derecho de guerra", afirmó.
