El sistema carcelario de Chile está en crisis, reiteró un informe de la Corte Suprema. Además de hacinamiento, hay graves problemas de rehabilitación, alimentación, encierro y desencierro, castigo y muerte de internos.
El trato dado a los internos es "inhumano, degradante y cruel", declaró el viernes la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, al dar a conocer públicamente un informe que fue presentado el 1 de este mes ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Sin embargo, este diagnóstico fue refutado por el Ministerio de Justicia, cuyas autoridades destacaron la cuantiosa inversión en infraestructura y personal hecha por el gobierno en los últimos años.
"Creemos que el sistema carcelario no está en crisis, está sobre-exigido porque tenemos un sistema de persecución criminal mucho más eficaz y eso ha hecho que la población penitenciaria haya crecido", sostuvo el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, quien, no obstante, anunció la creación de un consejo público-privado para evaluar las bases de una reforma al sistema penitenciario.
La mesa de trabajo la integrarán Gendarmería (guardia de prisiones) y los ministerios de Justicia e Interior, además de representantes de la privada Fundación Paz Ciudadana, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del Centro de Estudios sobre Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
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En su informe, Maldonado advierte que desde su designación como Fiscal en 2001 ha informado en diversas oportunidades al ministro de Justicia y al director de Gendarmería sobre "las deplorables condiciones de vida que se aprecian en los establecimientos penitenciarios del país" debido al "hacinamiento" y "a la falta de una política penitenciaria y acciones concretas que permitan la reinserción social de los internos".
"Actualmente existe consenso entre autoridades y organismos especializados que en los últimos años se ha agudizado gravemente esta situación", acota el documento.
Entre octubre de 2003 y el presente año, la población penal pasó de 38.266 a 53.482 internos en este país de más de 16 millones de habitantes.
En diálogo con IPS, el profesor de derecho penal e investigador del Centro de Derecho Humanos de la privada Universidad Diego Portales, Álvaro Cuadra, compartió el diagnóstico de la fiscal Maldonado.
Cuadra recordó que "los problemas de vulneración de derechos fundamentales" en las cárceles chilenas han sido advertidos en numerosas oportunidades por diversas entidades y expertos, entre ellos el relator sobre los Derechos de las personas Privadas de Libertad de las Américas, Florentín Meléndez, quien visitó este país en agosto de 2008.
Aunque Maldonado destacó la entrada en funcionamiento de seis cárceles concesionadas a privados, que cumplen con los requisitos internacionales de infraestructura, aclara que éstas "son insuficientes para cubrir el déficit de plazas", por lo que se necesitan urgentemente más penales, especialmente en las tres regiones más grandes: la Metropolitana, de Valparaíso y del Bío- Bío, en el centro de este país.
Por ejemplo, el capitalino Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, construido en 1843, tiene una capacidad de 3.170 internos, pero es ocupada por 6.690. Esto es, más del doble.
La gravedad del problema exige soluciones urgentes e "imaginativas", sostuvo la fiscal, quien calificó de "inaceptable" el planteamiento habitual de las autoridades de que es necesario esperar la entrega de "penales en construcción o en simple proyecto".
Además del hacinamiento, Maldonado enumeró otros ocho grandes problemas, entre ellos el horario de desencierro y encierro de los presos, así como de entrega de comidas.
"La situación de hacinamiento se ve agravada por el hecho de permanecer los internos encerrados por espacio de aproximadamente 15 horas diarias, en celdas abarrotadas, que por lo general carecen de servicios higiénicos, y de la adecuada ventilación y luz", describió.
La fiscal también denunció "falta de políticas y planes de rehabilitación de los internos, así como falta de actividades laborales, de capacitación, educación, deportivas, espirituales y recreativas".
De igual forma, detalló las deplorables condiciones higiénicas y sanitarias de algunos penales. Menciona especialmente la falta de agua potable continua en cárceles de la norteña ciudad de Arica y la costera Valparaíso, situación que se repite desde hace al menos cuatro años, puntualizó.
Según su reporte, en un sector del cuestionado Centro de Detención Preventiva Santiago Sur las celdas son insuficientes para la cantidad de internos, por lo que en las noches éstos deben dormir en colchones en la húmeda calle del penal, que además está plagada de basura y posee insuficientes servicios higiénicos.
También se detectaron irregularidades en la forma en que se aplican los castigos y el aislamiento de los reclusos.
"Sin perjuicio de las mejoras efectuadas a las celdas de castigo en algunas regiones, sigue constituyendo un trato cruel e indigno someter a una persona a encierro hasta por 10 días en celdas vacías de cualquier mueble, sin catre, colchón, ni frazadas, las que se les entregan en la noche", indicó Maldonado.
"Celdas que habitualmente no cuentan con luz natural ni eléctrica, la que entra por pequeñas celosías, muchas veces sin servicios higiénicos y sometidos a la buena voluntad de los gendarmes para que sean sacados a hacer sus necesidades biológicas, o directamente provistos de tiestos plásticos para este fin; y sin acceso a lectura", continúa.
"En algunos casos, son encerrados entre cuatro y seis internos en una misma celda, sin dotación suficiente de colchones", contraviniendo el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que indica que la falta disciplinaria más grave —la internación por 10 días como máximo— se debe cumplir en celdas solitarias.
Más aun, Maldonado recordó que con la firma de diversos tratados y resoluciones internacionales Chile "se ha comprometido y obligado a abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria".
Finalmente, el informe da cuenta que en los penales de la capital fallecieron 30 internos por riñas durante 2008 y en lo que van del presente año se ha registrado la misma cantidad de muertes por iguales motivos.
Otro de los graves problemas del sistema son las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios, como falta de capacitación, horas excesivas de trabajos y mala remuneración, planteó a IPS Cuadra. "En este contexto, los incentivos para tortura y corrupción son bastante altos", apuntó.
En otro tema conflictivo, la fiscal Maldonado confirmó la entrega de privilegios a personas recluidas por narcotráfico y a quienes profesan la religión evangélica en algunos penales, lo que ha sido negado insistentemente por las autoridades gubernamentales.
"La solución de la problemática carcelaria que se arrastra en el tiempo, no pasa por la dictación de nuevas normas legales, sino por la voluntad de las autoridades del sector de implementar políticas penitencias, concretar las acciones que se planifiquen, y evaluar sus resultados", concluyó Maldonado.
Según Cuadra, se deben "potenciar las salidas alternativas a la pena privativa de libertad y fomentar la aplicación de beneficios intrapenitenciarios para tener mayor espacio al interior de las cárceles".
También propone "profesionalizar Gendarmería" y "mejorar la infraestructura penitenciaria" porque las cárceles licitadas —pese a las mejoras— "presentan serios núcleos problemáticos que hay que corregir, si es que se desea continuar con ellas".
En cuanto a la rehabilitación, el investigador postula aumentar los recursos, considerando que en 2008 Gendarmería habría destinado apenas 2,4 por ciento de su presupuesto a esta materia.
